Por muchas vueltas que le doy, no entiendo esto del aforamiento. 17.621 aforados tenemos en España, según los datos que en su día hiciera públicos Alberto Ruiz Gallardón. 17.621 personas de carne y hueso, mortales ellos, pero para quienes la justicia funciona con guante de seda. 17.621 conciudadanos que si tienen un conflicto con su pareja o son imputados por alguna causa civil o penal, no los juzga el tribunal de su ciudad, sino el Supremo en Madrid.

Desfilan estos días por los pasillos de tan alta instancia cinco políticos andaluces: dos antiguos presidentes de la Comunidad, dos consejeros de presidencia y un consejero de empleo. Para declarar por una causa –los famosos ERES- cuya instrucción lleva ya abierta más de cinco años. El triste conflicto familiar de un eurodiputado canario no lo dirime un juzgado de Las Palmas, sino el Supremo en Madrid…

¿Por qué? Pues porque, por el mero hecho de ser representantes políticos, se encuentran entre los 17.621 aforados que hay en España, cargos de responsabilidad a los que, según se argumenta, “hay que proteger de las presiones a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando los juzga”. Claro que a los tribunales superiores en cuyas manos quedan los aforados, no hace falta que los presione nadie. Ya se presionan ellos solos, en función de la sensibilidad política merced a la cual cada uno de sus miembros está donde está.

Lo siento, pero a mí no hay quien me quite la impresión que lo que el aforamiento transmite es una insoportable sensación de impunidad. Es innecesario, ridículo, caro y excepcional. No hay país como el nuestro. Ni siquiera entre nuestros vecinos europeos. Solo los presidentes de la República están aforados en Italia y Portugal. En Francia, además del presidente de la República, lo están también los miembros del Consejo de Ministros. Pero hasta ahí. ¿En Alemania? No existen los aforados, como tampoco en Estados Unidos o en el Reino Unido. Aquí, 17.621… y continuamos para bingo.

Como en tantos otros asuntos, brindamos al mundo un trasnochado y decimonónico espectáculo que nadie parece tener prisa en liquidar, a pesar de que hay quienes defienden que tal estatus tiene sus inconvenientes, como que al ser juzgados directamente por un tribunal superior, los aforados pierden el derecho que todos los ciudadanos tienen a recurrir.

Pero ahí continúa la norma y ahí continúan aforados ellos: rey en ejercicio y rey emérito mas sus respectivas consortes, diputados, senadores, miembros del gobierno central y autonómicos, jueces, fiscales, defensores del pueblo en el Estado y en las Autonomías… Para que eso dejara de ser así habría que cambiar no solo la Constitución sino todos los Estatutos de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mientras tanto ahí continúan: 17.621.

El problema es que la justicia, como defiende Jaume Asens, “es una institución endogámica, altamente politizada e incapaz de proteger la independencia de quien debe ejercerla. Con su vinculación al poder político, se ha convertido en un problema más que en la solución”. No tiene ningún sentido que la justicia dependa del poder ejecutivo, como explicó Manuela Carmena el pasado jueves en el debate de “Espacio Público” sobre la necesidad de reinventar la justicia en nuestro país. Suena a cachondeo, se mire como se mire, que Francisco Pérez de los Cobos, presidente nada menos que del Tribunal Constitucional, tenga o haya tenido carnet del PP. O que quien hasta hace poco presidía el Tribunal de Cuentas figurara en los papeles de Bárcenas como donante.

El privilegio de aforamiento, en medio de todo este pastel, hace muy difícil a los ciudadanos no vivir con una cierta sensación de desprotección. Hacen lo que les viene en gana y se van de rositas porque, en resumen, de lo que estamos hablando no es de aforamiento sino de impunidad pura y dura.

Otra cosa es la inmunidad parlamentaria, que existe en la mayoría de los países democráticos. Me convenció Alberto Garzón el otro día, cuando explicaba que esa inmunidad es la que permite, a diputados en minoría como él enfrentarse, por ejemplo, a Rajoy sin que éste le tire encima toda la batería de abogados de su partido para acogotarlo.

Pero una cosa es la inmunidad parlamentaria y otra el aforamiento que permite que, por casos de presunta violencia de género como el de López Aguilar, o de posible responsabilidad en el mal uso del dinero público como los de Chaves y Griñán, éstos solo puedan declarar ante los Tribunales Superiores de Justicia.

Como también dice Manuela Carmena, “la justicia tendría que ser un servicio útil y no lo es. Hoy día no es el servicio que precisa la gran mayoría de los ciudadanos para resolver sus litigios” Y mucho menos, añado yo, si continuamos manteniendo a 17.621 conciudadanos aforados por la cara.

J.T.