Los resultados de las elecciones generales han expresado la existencia de una mayoría social de progreso frente al electorado de las derechas. Las fuerzas progresistas y de izquierdas suman más de un millón de votos por encima de los del bloque liberal-conservador y reaccionario. La representación parlamentaria (en Congreso y Senado) que abrió este escenario alternativo, a través de la moción de censura al Gobierno de Rajoy y el acuerdo básico parlamentario del Partido Socialista y Unidas Podemos y sus aliados, se ha reforzado. Se consolida la oportunidad para conformar un nuevo ciclo político transformador y de progreso.

Un nuevo ciclo político de progreso

Se ha frenado el riesgo de involución democrática, socioeconómica y territorial, factor que ha movilizado a gente progresista. Ha quedado atrás el miedo a una gobernanza regresiva y autoritaria. Ha perdido legitimidad la política neoliberal y ha ganado apoyos la imprescindible agenda social progresiva. Se ha puesto de relieve la importancia del eje izquierdas/derechas, entendido como el conflicto entre, por un lado, una estrategia y unos valores liberal-conservadores beneficiosos para los poderosos y causantes de la gran desigualdad social y, por otro lado, una gestión política con un proyecto democrático-igualitario, defensor de la justicia social, lo público y los derechos sociales y laborales de las capas populares, así como unas relaciones y una cultura cívicas, feministas, de convivencia y solidarias.

También se rompe el intento de normalización política conservadora bajo la hegemonía de los grupos de poder reaccionarios y la corrupción institucionalizada. Se deshace el bloqueo institucional a la demanda cívica de cambio de progreso, persistente esta última década, y se confirma la necesidad de continuar con la democratización institucional y la honestidad pública; o sea, en el eje democrático/reaccionario gana la democracia y el civismo ético.

Al mismo tiempo, se ha manifestado una recomposición de la representación política dentro de cada uno de los dos bloques (izquierdas/derechas), y respecto de la cuestión nacional (nacionalismo españolista y/o periférico). Se ha incrementado la polarización nacionalista y ha quedado más difuminada una tercera posición, quizá mayoritaria en la sociedad, respetuosa de la diversidad identitaria y mestiza, partidaria de una ciudadanía inclusiva e intercultural en el conjunto de España y dentro de cada nacionalidad y un proyecto democrático y compartido de convivencia.

En todo caso, hay un impulso cívico hacia una dinámica modernizadora y sostenible medioambientalmente, más igualitaria e integradora en lo social, democrática en lo institucional y pactada en la articulación del país de países. Todo ello en el actual marco europeo y con el horizonte de una democracia más avanzada y una reforma global del Régimen.

Aparte de la debacle del Partido Popular, el ascenso de Ciudadanos y la irrupción de VOX, con su discurso nacionalista reaccionario, xenófobo y antifeminista, y por otro lado, el ascenso de Esquerra Republicana de Catalunya y ambas fuerzas nacionalistas vascas (PNV y Bildu), hay que destacar la reestructuración representativa en el campo progresista: ha pasado de casi un empate entre Partido Socialista y Unidas Podemos y sus confluencias y alianzas (con más de cinco millones de votos cada uno), a una relación de dos a uno en votos (7,5 millones -28,7%- por 3,7 millones -14,3%-) y de casi tres a uno en escaños (123 por 42).

Es decir, hay una clara superioridad socialista, que alcanza el porcentaje que sacó el PSOE en diciembre del año 2011 (aunque no recupera los más de cuatro millones de votos que perdió respecto de 2008) y recoge los dos millones perdidos adicionalmente hasta 2015 y 2016, todos los cuales, mayoritariamente, habían apoyado a Podemos, Izquierda Unida y sus convergencias en las elecciones anteriores. Es un motivo de reflexión sobre las causas y características de estas tendencias sociopolíticas y de articulación representativa, derivadas de la reorientación socialista frente a la derecha, que avancé en diciembre pasado en un artículo titulado Una oportunidad para el sanchismo.

Una reflexión y un nuevo impulso

Queda pendiente una valoración de los factores contextuales, discursivos y organizativos que han afectado a la credibilidad y la capacidad representativa y articuladora de las fuerzas del cambio, en particular, a la dirección de Podemos, e incluyendo a Izquierda Unida y las distintas convergencias y candidaturas territoriales. Ahora solamente constato dos evidencias: una, el retroceso representativo de Unidas Podemos (UP), aunque sin llegar al pronóstico de la debacle, la fragmentación o la descomposición que aseguraban muchos medios y adversarios y temían desde dentro; dos, las dificultades de los distintos intentos (Compromís, En Marea, Actúa, Més…) de conformar una vía estatal desgajada o intermedia entre PSOE y UP (o más izquierdista como el Front Republicà en Cataluña), aspecto que tiene una mayor dimensión en el ámbito territorial, más diverso, en especial en Madrid y respecto del papel de Íñigo Errejón y el errejonismo.

Esta cuestión tiene un impacto inmediato y a medio plazo sobre la vertebración, refundación y consolidación de las fuerzas del cambio, contando con su diversidad y complejidad de sus actores, pero como una tarea inaplazable, democrática y unitaria. A la espera de la representatividad más variada que puede corregir parcialmente los equilibrios expresados en las elecciones generales, a corto plazo la situación no deja hueco a una alternativa estatal (externa e interna), con suficiente entidad, para la estrategia gubernamental y parlamentaria, y respecto de la actual coordinación de Unidas Podemos, representada por Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau. Este liderazgo, a pesar del desgaste sufrido y con una coparticipación más abierta, unitaria y flexible, deberá asumir la responsabilidad colectiva de reconducir la nueva etapa, en los planos político-externo y organizativo-interno, con sus capacidades, oportunidades e insuficiencias y asentar su renovación y consolidación.

Se trata de la articulación estratégica de todo el conglomerado de las fuerzas del cambio, y, más allá, respecto de las dinámicas de la activación cívica de grupos y movimientos sociales y la ciudadanía democrática y progresiva para fortalecer el espacio del cambio de progreso. Habrá que volver sobre ello.

Inconsistencia y ambigüedad de un Gobierno en minoría

Me centro en una cuestión fundamental para el devenir del proyecto de cambio de progreso en España (y su impacto en Europa): la estrategia de la dirección socialista, con cierta indefinición de su proyecto y una clara determinación de su prioridad e interés partidista, el Gobierno en solitario. Está clara su confrontación discursiva con las derechas, un leve contenido reformador en lo social, el deseo de una desescalada ante el conflicto catalán y cierta pugna cultural y simbólica progresista. Pero ello no arma un proyecto sustantivo de cambio para toda la legislatura (y más allá), ni garantiza la defensa social e institucional ante la ofensiva de las derechas, ni consolida un espacio de alianzas estable con Unidas Podemos sobre la base de objetivos comunes. Se aproxima a la geometría variable de Zapatero, en el marco obsoleto del bipartidismo, solo que ahora más irrealista e incoherente al tener un potente campo alternativo, una crisis social, económica y ecológica todavía con graves consecuencias populares, un fuerte reto europeo y un agudo conflicto territorial, aspectos que exigen una estrategia consensuada, fiable y prolongada tras una democracia social avanzada.

Por otro lado, doy por supuesto la conveniencia de un acuerdo programático y de gestión, duradero, proporcional y estable, para encarar los retos fundamentales para un cambio de progreso: un giro a la política socioeconómica, fiscal y productiva, priorizando la agenda social de bienestar para la sociedad; una profundización democrática e igualitaria, con la mejora de los derechos cívicos y feministas y una reforma institucional, y un plan de articulación territorial, en sentido federal, encauzando una solución política dialogada, democrática y pactada en Cataluña, superadora de la unilateralidad independentista, y desactivando el bloqueo institucional y de convivencia del nacionalismo españolista reaccionario.

Este emplazamiento negociador, poniendo en primer plano las políticas públicas a implementar en beneficio de las mayorías ciudadanas y, en segundo plano, las garantías, mecanismos y condiciones de la gestión institucional y parlamentaria compartida, es la más justa y razonable y permite una mayor legitimidad pública e interna para ambas partes. Da consistencia y fiabilidad democrática frente a la presión de poderes fácticos.

Todavía está pendiente la redistribución del poder municipal y autonómico, sometido a mayor diversidad de equilibrios y alianzas, y la representación europea. Sus resultados, especialmente en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del cambio -particularmente Madrid, ciudad y Comunidad, y la alcaldía de Barcelona-, van a condicionar el programa y la composición gubernamental, aparte de las propias alianzas locales.

Pero la dirección del Partido Socialista, tras su victoria electoral por mayoría relativa, ya ha adelantado su plan de formar un Gobierno monocolor. Anuncia su disponibilidad a negociar y acordar con Unidas Podemos (y En Comú Podem), como interlocutor preferente, aspectos programáticos, establecer diferentes mecanismos de colaboración y admitir la participación limitada de personas independientes (es decir, no representantes directos de UP y con alguna afinidad compartida) en órganos de gestión pública.

Es una propuesta parcial e insuficiente para garantizar el proyecto transformador que España necesita y tejer una alianza de progreso fuerte que sea capaz de enfrentarse a los retos venideros. Pero, la negociación está abierta y será dura y prolongada.

La experiencia relacional entre Partido Socialista y Unidas Podemos

Más allá de la ambivalencia estructural e histórica de la socialdemocracia y la inadecuación de conceptos como ‘frente de izquierdas’, hay que valorar el contexto inmediato para evaluar los fundamentos e intereses de la propuesta de monopolio gestor socialista y el limitado margen de maniobra impuesto a las negociaciones con Unidas Podemos.

Hasta ahora está sin despejar el conjunto del contenido programático del proyecto gubernamental y sus ámbitos de negociación con las derechas, en general, (los llamados asuntos de Estado y los mandatos europeos) y de Ciudadanos, en particular, cosa que, de momento, éste rechaza. Su interés pasa por priorizar su pugna por el liderazgo de las derechas y su exigencia de una reorientación del sanchismo hacia una política socioeconómica neoliberal, el bloqueo al diálogo en y sobre Cataluña y el aislamiento de las fuerzas del cambio. Pero esos objetivos, con algunos retoques, son compartidos por el susanismo y varios barones socialistas…, así como con el primer Pedro Sánchez de su acuerdo gubernamental con Cs, en 2016.

Como se sabe, el segundo Sánchez se plantó ante el exceso susanista (o neofelipista) de garantizar la normalización política dando ventaja al Gobierno del Partido Popular y subordinando al propio Partido Socialista; lo defenestraron por ello y configuró el llamado sanchismo, diferenciado de ese proyecto normalizador socioliberal, centrista y prepotente, con el apoyo mayoritario de la militancia socialista y la confrontación con la derecha.

La firmeza (incomprendida mediáticamente y aun con errores de implementación) de Unidas Podemos y su base inscrita por mantener abierta la posibilidad de cambio, frente a la imposición neoliberal, centrista y centralizadora del pacto PSOE-Cs, fue acertada. Contribuyó junto con el nuevo sanchismo a derrotar el continuismo de ese proyecto liberal-conservador de las derechas a través de la moción de censura. Se constituyó de forma compartida entre los dos bloques progresistas y el nacionalista (catalán y vasco) una nueva mayoría parlamentaria que dio apoyo a su investidura. Está clara la advertencia de las bases socialistas: ¡Con Rivera, no!

Esta pasada transición gubernamental progresista ha iniciado la reversión de recortes sociales y retrocesos democráticos, nacionales y convivenciales que, aunque con paso dubitativo y continuista en algunos aspectos, ha significado algunos avances para la gente. Esta experiencia gestora, con luces y sombras, y el relativo fracaso del secesionismo unilateral catalán, han generado amplias expectativas sociales y ha reportado al sanchismo un éxito electoral, como camino y esperanza de cambio. Han supuesto un refuerzo de su legitimidad pública, más ante la fragmentación de las derechas, y su poder interno (aunque el susanismo y sus barones sigan agazapados).

¿Cuál es la vía española?

Por tanto, tras esta experiencia y el nuevo contexto, la incógnita es el sentido político del plan del tercer Pedro Sánchez. ¿Cuál es la vía ‘española’ que tiene en mente, más allá de los dos precedentes comentados y las llamadas vías portuguesa y valenciana? En este tiempo, ha tenido un proyecto continuado y una determinación firme: fortalecer el Partido socialista, ensanchar su base electoral y ampliar su poder institucional. Se puede recubrir este hilo conductor con algunos rasgos psicológicos (ambición) o sociopolíticos (resistente) y de retórica ideológica (Somos la izquierda, La España que quieres). Pero su estrategia depende de los grupos poderosos y su legitimidad pública, y su rumbo y sus alianzas no son claras y consistentes: se valen ellos mismos, en solitario. Eso sí, agradecen una colaboración generosa con pocas exigencias.

El factor explicativo fundamental es esa tarea de reconstrucción y despliegue de una élite gobernante hegemonizada por él y su equipo, en el contexto de las tendencias externas. Por un lado, los equilibrios con los grupos de poder (económicos, institucionales, europeos y respecto de la plurinacionalidad). Por otro lado, las expectativas y realidades para consolidar su centralidad y su hegemonía con un diseño levemente reformador frente a la fuerza, condicionamientos y representatividad de los tres campos políticos y socioculturales en competencia: el bloque de las derechas, en pugna interna por su prevalencia; la presión nacionalista, especialmente el independentismo catalán; la presencia significativa de un amplio y heterogéneo espacio alternativo, con la representación no subordinada de Unidas Podemos (y aliados) y la participación popular en relevantes demandas sociales, democráticas y feministas.

El problema es la distancia entre los planteamientos de la dirección socialista y la alternativa de UP, de gobierno de coalición, así como la desigualdad en la capacidad contractual entre ambas partes. Ello puede conducir a cierta prepotencia socialista, a imponer un acuerdo limitado en contenido programático, alcance temporal e institucional y capacidad de control y gestión de su implementación. La negociación necesitará realismo, firmeza y templanza.

La tentación sanchista, con la retórica de ampliar su centralidad y una visión estrecha de cómo garantizar su hegemonía partidista, sería emprender una vía de medidas limitadas, contradictorias y cortoplacistas, bien gestionadas mediáticamente pero insuficientes para las mayorías sociales, mientras se consolidan los graves problemas y conflictos de fondo, no se construye el cambio real de progreso que España necesita y se diluyen las energías democrático-igualitarias transformadoras. El desafío para el conjunto de fuerzas progresistas y de izquierda, por tanto, es importante: empujar por un acuerdo suficiente que suponga un avance real de progreso, evitar el simple continuismo estratégico y continuar el impulso del cambio.