Tras los últimos atentados yihadistas vividos en Europa -aunque en el Viejo Continente parezca importarnos un carajo, en África y Oriente suceden a diario- nos hemos centrado mucho en cómo los Gobiernos han encontrado en el incremento de la seguridad, en lugar de la Inteligencia, el remedio a esta amenaza. Eso deriva directamente en un recorte de las libertades civiles, desde la pérdida de la privacidad de nuestras comunicaciones cuyos medios, como las aplicaciones de mensajería instantánea, podrían ser prohibidas, hasta la restricción de la libertad de circulación en la Unión Europea, entre otros.

Sin embargo, a esta corriente represora se suma otra paralela a la que no deberíamos perder de vista. Ya lo sugirió el otro día Obama, sosteniendo que la culpa de los atentados de París se debía a que Europa no había sabido integrar a los inmigrantes. Buena munición para esos movimientos xenófobos que están deseando que alguien eche gasolina a su hoguera. Y este fin de semana, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González vino a decir que "los inmigrantes que no se integren en nuestro modelo de convivencia serán expulsados". ¿Qué modelo de convivencia, señor González? ¿Ese que para obtener la nacionalidad incluye preguntas en el test del tipo de “qué personaje televisivo mantuvo una relación con un conocido torero”?

Políticos como González están acostumbrados a exigir la integración sin que muevan un dedo para ello; diría más, la exigen a pesar de que la dificultan. No parece que los controles de identificación por perfil racial, esto es, las redadas raciales, configuren el mejor escenario para que los inmigrantes se integren. Sin embargo, éstas son un método habitual de trabajo entre nuestra Policía, incluso, alentadas por la Unión Europa con operaciones como Mos Mariorum que lleva a que policías de paisano soliciten identificación basándose únicamente en el color de la piel en aeropuertos, estaciones de tren, puertos y barrios frecuentados por los inmigrantes.

La consecuencia de esta 'política de integración' del Gobierno es que los inmigrantes tienen miedo, más aún cuando en prensa se publican casos de tortura policial que no se castigan, dejando de ir a centros culturales, a clases de español... por miedo a ser acosados por la Policía. A los ambulatorios ya ni acudían, porque gracias a Ana Mato, tanto los irregulares como los regulares sin ingresos -muchos de ellos porque empresarios españoles les pagan en negro y no cotizan- se han quedado sin Sanidad Pública.

Punto éste interesante, porque poco o nada ha hecho este Gobierno por acabar con la explotación de los inmigrantes en sectores como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico. En este último sector, por ejemplo, un reciente estudio de la asociación Mujeres con Voz revelaba que el 22% de las mujeres extranjeras que trabajan como empleadas domésticas han sufrido acoso sexual. El informe daba cifras tan crudas como que el 24% de las encuestadas admitía que no es raro que cuando solicitan trabajo el empleador español le indique que incluye algún tipo de trabajo sexual. Increíble, pero las inspecciones de trabajo no han redoblado esfuerzos por acabar con esta despreciable realidad.

Que es importante conseguir la integración de los inmigrantes está fuera de debate, pero que es cosa de dos, también. Por muy buena voluntad que tengan los inmigrantes, poco o nada tendrán que hacer mientras los Gobiernos no desarrollen políticas integradoras justas y con sentido común, castigando ejemplarmente a quienes traten de aprovecharse de las desgracias de quien tuvo que huir o migrar de su país para sobrevivir.