Un tiro en el pie

El 19 de abril de 2012, a la tierna edad de trece años, Felipe Juan Froilán de Marichalar se pegó un tiro en el pie derecho con una escopeta de calibre 36 mientras practicaba el manejo de armas en una finca familiar de Soria. Conociendo los antecedentes del abuelo, quizá no fue una buena idea confiarle un arma al joven Borbón. Ya da igual. Lo importante aquí es que Froilán llevó al plano literal el viejo modismo de origen anglosajón "pegarse un tiro en el pie". Según el diccionario de Cambridge, "shoot yourself in the foot" equivale a hacer algo que terminará, sin querer, perjudicando los propios intereses.

Me dice un buen amigo, conocedor minucioso de la judicatura, que algunos jueces están maniobrando a calzón quitado para derribar por las bravas el Gobierno de Pedro Sánchez. O para llevar a Feijóo y a Abascal a la Moncloa, tanto monta. A esta desenfadada ofensiva, huelga decirlo, hay que añadir la colaboración entusiasta de algunas terminales mediáticas, círculos empresariales y habitantes veteranos del Estado profundo. Se trataría, dice mi amigo, de volarlo todo por los aires y alentar la desconfianza en el sistema. El caldo de cultivo más fértil para las soluciones autoritarias.

Sin embargo, echo un vistazo veloz a las urnas y las cosas no cuadran del todo. Es verdad que el PSOE se resiente pero tampoco es que el PP termine de despegar. En las últimas elecciones de Aragón y Andalucía, los candidatos de Feijóo han perdido escaños. En Castilla y León y Extremadura sí consiguen un moderado crecimiento pero siempre lejos de la mayoría absoluta y a merced de los caprichos de Vox. Ahora vamos a verlo de otra forma: la suma de estas cuatro comunidades autónomas aportó 48 escaños a la investidura de Sánchez. Solamente Catalunya aportó 40. Y aquí habría que hacer la cuenta de la vieja.

Le planteo a mi amigo la hipótesis, tal vez descabellada, de que la judicatura se esté pegando un tiro en el pie al más puro estilo Froilán. Me explico. Hace más de dos años, con la jubilación a la vuelta de la esquina, el juez Juan Carlos Peinado inició una insólita instrucción contra Begoña Gómez. Desde entonces ha admitido una denuncia de chichinabo firmada por Manos Limpias, se ha plantado en Moncloa para preguntarle a Pedro Sánchez si tiene alguna relación de amistad con su propia esposa, trató de imputar sin grandes indicios a Félix Bolaños y ha acabado reteniendo el pasaporte de Gómez dejando caer que los agentes de la Policía Nacional podrían colaborar en su fuga.

Aunque parece improbable que puedan sancionarlo, el Consejo General del Poder Judicial ha asumido las tesis del sector progresista para investigar si Peinado ha incurrido en una infracción disciplinaria. La retención del pasaporte pretendía ser una mera decisión cautelar pero ha abierto también una brecha con los sectores policiales. Las asociaciones corporativas, que no acostumbran a cojear del pie izquierdo, han regalado toda clase de epítetos a la instrucción: barbaridad, salvajada, ataque intolerable e injustificado. En fin, que Peinado se ha perforado el pie de un togadísimo disparo.

¿Y qué decir de Koldo García y José Luis Ábalos? La corrupción se infiere de los hechos probados. Las acusaciones fueron siempre tan palmarias que los viejos compañeros del PSOE no tardaron en lavarse las manos y desentenderse de la parejita. El mayor motivo de escándalo, no obstante, es la condena irrisoria que ha encajado Víctor de Aldama: no solo no pisará la cárcel sino que además no tendrá que devolver los 3,7 millones de euros recaudados en forma de comisiones. El magnánimo Tribunal Supremo lo recompensa así por su colaboración fervorosa en la revelación de sus propias fechorías.

El problema es que Aldama no solo ha corroborado delitos ya documentados por la UCO sino que también ha lanzado acusaciones peregrinas desechadas por la propia sentencia. Da lo mismo. Al insigne comisionista hay que agradecerle su tournée televisiva, sus charletas con Ana Rosa, sus audaces peroratas en el mentidero de Iker Jiménez y su última entrevista en los informativos de Telecinco, donde ha vuelto a poner en la diana tanto a Pedro Sánchez como a José Luis Rodríguez Zapatero. La derecha, en su heroica lucha por la pulcritud institucional, ha elevado a los altares de la virtud a un tipo ya sentenciado en su doble papel de corruptor y corrupto. Otro tiro en el pie.

Hablando de Zapatero, la defensa del expresidente sugiere la nulidad de algunas de las pruebas alzadas en su contra. A día de hoy no conocemos ninguna resolución judicial que haya autorizado la intervención de las comunicaciones privadas que desencadenaron la causa. En su día, el  catedrático Javier Pérez Royo explicó que el auto contra Zapatero tenía muchos ruidos y escasas nueces: no hay nada que demuestre un hipotético tráfico de influencias. El magistrado Martín Pallín es de idéntico parecer y sostiene que el auto no prueba ninguna actividad delictiva. ¿Se ha pegado el juez José Luis Calama un sonoro tiro en el pie? El tiempo lo dirá.

De momento, el tiempo juega contra el buen nombre de nuestros tribunales. En un editorial reciente, El País culpa al juez Peinado de haber hecho un destrozo al prestigio de la justicia. No es que la reputación de nuestras señorías fuera hasta entonces para echar cohetes. Según el CIS, los tribunales suspenden en confianza ciudadana. El Eurobarómetro confirma que solo el 39% de los españoles valora positivamente la independencia judicial. La corrupción política es un hecho impepinable. La corrupción policial y judicial también. A la sombra de los profesionales honestos, hay toda una dinastía de francotiradores que disparan a diestro y siniestro con la esperanza de que las balas no les arruinen la pedicura.