El consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda (Cs), ha conseguido unir a toda la comunidad educativa... en su contra. Más de 100.000 profesores y profesoras y de 1,6 millones de alumn@s (con sus padres y madres) están convocados hoy a la huelga . Es lo que sucede cuando se ignora a la comunidad educativa y se prima el negocio de la concertada-privada.

El decretazo de Educación aprobado por la Junta de Andalucía (PP-Cs) ha ignorado las aportaciones y recomendaciones del consejo escolar de Andalucía y de la Mesa Sectorial de Educación. Un decretazo cuyo contenido, según demostró en la rueda de prensa que lo anunciaba, ni siquiera parece tener claro el propio Imbroda. A pesar de ello, ha hecho lo que le ha venido en gana, perjudicando a la Educación Pública en beneficio de la concertada-privada. En el epicentro del polémico decretazo destaca la posibilidad de que las familias cuenten con la máxima puntuación para poder matricular a sus hijos en centros concertados cuando existan en su municipio, independientemente de que se encuentren o no en su zona de residencia. En resumidas cuentas, el decretazo tiende la alfombra roja a la segregación.

La Comunidad de Madrid es el espejo en el que se mira Imbroda. La Comunidad gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso tiene el desmérito de ser la segunda región de toda Europa que más segrega a su alumnado. El tándem PP-Cs dispara con toda su munición a la línea de flotación de la Educación Pública y las estadísticas así lo demuestran. Según datos oficiales, los centros públicos son los que están reuniendo al alumnado más desfavorecido; los centros concertados que acogen a est@s alumn@s apenas alcanzan un 10%.

Imbroda habla de fomentar la libertad de elección de las familias pero, ¿qué libertad de elección tienen quienes se encuentran en situación vulnerable? Ninguna. Están condenados a una Educación Pública que la consejería de Imbroda está recortando en profesorado, en unidades didácticas, en recursos. Ya no es sólo que más de 11.000 alumn@s de la pública hayan arrancado este curso en barracones o que exista masificación en las aulas -porque en lugar de bajar la ratio aprovechando que la tasa de natalidad ha caído un 30% en la última década, se cierran unidades-, es que desde septiembre hay nuevos centros escolares, como el cuarto instituto de Rincón de la Victoria (Málaga), que a pesar del retraso de años en su construcción, funcionan con luz de obra, sin ascensor, ni calefacción, ni internet... sin pistas deportivas, saliendo a hacer gimnasia al paseo marítimo...

Vemos, pues, que la Educación Pública no es prioritaria para un consejero que, precisamente, llega directo de hacer negocio con la enseñanza. De hecho, Andalucía está a la cola de financiación de la Educación Pública con prácticamente la mitad de euros por alumnos que Euskadi. A esa es a la que acuden las personas más desfavorecidas, recluidas en guetos educativos, mientras la Junta abre las puertas a la concertada-privada para quienes cuentan con más recursos. Así lo demuestran las estadísticas de la OCDE, que revelan que mientras que los centros públicos acogen a un 40% de alumnado humilde o con muy pocos recursos, en el caso de los concertados la cifra se reduce al 7,5%. ¿Dónde está la libre elección?

Así las cosas, no sorprende que toda la comunidad educativa en bloque salga hoy a las calles, reuniendo a los sindicatos ANPE, CSIF, CCOO, UGT y Ustea, al Frente de Estudiantes y a la Federación de Ampas. Desde 2013, cuando se aprobó la infame LOMCE, no se veía una protesta tan masiva que, desde la Junta de Andalucía se tacha de "ideológica". Es su salida para luchar contra las estadísticas, contra los datos oficiales ante los cuales, los argumentos de PP-Cs son tan endebles como su concepción de igualdad.