Por Sabino Cuadra Lasarte, miembro de Sanfermines-78: gogoan! y CEAQUA

“Nos encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada”

El 9 de enero fue presentado en Nafarroa la “Investigación sobre la Tortura y otros Malos Tratos en Navarra desde 1979 a la actualidad”, trabajo encomendado por el Gobierno de Navarra al Instituto Vasco de Criminología (IVAC)(1) . En éste se han aplicado los criterios de evaluación del Protocolo de Estambul, adoptado en 2001 por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para investigar y valorar los casos de tortura. La credibilidad de la investigación realizada queda así fuera de toda duda.

El Informe se suma a otro similar realizado por el propio IVAC, en junio de 2019, a solicitud también del Gobierno de Navarra, que abarcaba el período comprendido 1960-1978. Pues bien, sumando los datos de ambos estudios, resulta que entre 1960 y 2015, el número total de casos de torturas y malos tratos habidos en Nafarroa asciende a 1.068.

También sobre torturas, en diciembre de 2017, el IVAC realizó un informe similar para el Gobierno Vasco. En éste se señalaba que durante 1960-2014, el número de casos de tortura y malos tratos habidos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) fueron 4.144. En resumen, en el conjunto de Euskal Herria (Sur) el cómputo total de casos, asciende a un total de 5.212.

Pues bien, si consideramos que las detenciones en las que se dieron estas torturas y malos tratos pudieron durar, y nos quedamos cortos, un promedio de tres-cuatro días, se puede afirmar que entre 1960 y 2015, todos los días ha habido en Euskal Herria una persona que, estando detenida en dependencias policiales o beneméritas, estaba siendo violentada con total impunidad en su integridad física y/o psicológica por agentes de estos cuerpos. Es decir, la práctica de la tortura en Euskal Herria ha sido una constante a lo largo de los 55 años analizados, afectando a todos los gobiernos habidos en esta época: franquismo, UCD, PSOE y PP. Tal como afirma el Informe navarro: “Nos encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada”.

A destacar que la época en la que se dieron más casos fue la vivida durante la transición y los primeros años de la actual democracia constitucional (gobiernos UCD y PSOE). Eso evidencia que, si bien se nos ha presentado aquella como modélica y pacífica, en realidad fue acompañada, no solo de una fuerte represión en la calle, sino también de malos tratos y torturas generalizadas en las comisarías y cuartelillos.

LA RED DE PERSONAS TORTURADAS DE NAVARRA

Hasta la fecha, la oposición del PSOE a investigar los casos de tortura (¿nos hallamos ahora ante un cambio de postura o ante un mero cortafuegos?) ha sido frontal. La razón tenía que ver, no solamente con las servidumbres derivadas de la política de reconciliación e impunidad sobre la cual se asentó la Transición, sino también con las propias responsabilidades de este partido: aprobación de leyes antiterroristas, creación e impulso del GAL, indultos a torturadores...

Con estos previos, el actual Informe no puede entenderse sin el largo trabajo desarrollado por la Red de Personas Torturadas de Navarra que ha llegado a casi mil personas y más de 80 localidades navarras. Junto a ello, la Red ha realizado también un importante trabajo de activación ciudadana (concentraciones y manifestaciones, reuniones con grupos sociales e institucionales,..), a fin de rescatar el tema de la tortura del olvido impuesto y situarlo en la agenda de todo tipo de grupos.

En la rueda de prensa realizada por la Red tras la presentación del Informe, sus portavoces concluyeron que “la tortura ha sido una de las expresiones de violencia política ejercida por el Estado en nuestra tierra en sus distintos contextos políticos. Un fenómeno que solo pudo darse gracias a la ocultación y negación, en la que han tomado parte políticos, jueces y periodistas, además de la propias Fuerzas de Seguridad que cometieron estos actos”.

LAS TAREAS DE HOY

La realidad de esta tortura que llega hasta nuestros días es algo que interpela al conjunto de la sociedad, pues no se trata de algo que afecte tan solo al ámbito privado torturador-torturada. La mera posibilidad de que los centros de detención sean o puedan convertirse en cuevas de los horrores y no sean espacios en los que los derechos humanos sean estrictamente respetados, es algo que interpela a toda la ciudadanía, sus múltiples grupos sociales y políticos, y a todas sus instituciones, sean éstas municipales, autonómicas, parlamentarias, gubernamentales o judiciales.

En esta dirección, aún cuando hay aún un amplio camino a recorrer por la vía de la justicia restaurativa a fin de lograr para todas estas víctimas una reparación integral, me gustaría destacar ahora un par de aspectos íntimamente relacionados con lo anterior, que me parecen igualmente esenciales: la búsqueda de la Verdad sin terrenos vedados y la apertura de las puertas de la Justicia para poder juzgar estos delitos.

a) La búsqueda de la Verdad: las Comisiones de Valoración

La exigencia de Verdad es algo que va bastante más allá del mero reconocimiento formal de su existencia. La cuantificación, personalización y el análisis de las mismas es algo de gran importancia, sí, pero difícilmente se podrán adoptar medidas encaminadas a dar garantías de para su no repetición si, a la par, no se abren vías que permitan la identificación y sanción de quienes las practicaron directamente o de quienes, sin mancharse directamente las manos, permitieron, ordenaron e impulsaron la comisión de estas prácticas.

En 1982, en plena “democracia”, antiguos miembros de la criminal Brigada Político Social franquista (BPS), dirigían nueve de las trece Jefaturas Superiores de Policía existentes en el Estado. Algo parecido sucedió con la Guardia Civil. Pues bien, ¿quién puede asegurar ahora que quienes han practicado la tortura durante las últimas décadas no ostentan hoy altos cargos en la actual Policía o Guardia Civil? Si nadie es identificado públicamente, ni sancionado, ¿cómo impedir que estos hechos vuelvan a repetirse?

Tanto en la CAV como en Nafarroa existen dos leyes (CAV: Ley 12/2016, de 28 de julio; Nafarroa: Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo), denominadas de “violencia policial”, que contemplan la creación de Comisiones de Valoración para el reconocimiento de las denuncias presentadas ante ellas y la adopción de distintas medidas de reparación.

En cualquier caso, es preciso señalar que ambas leyes no son las inicialmente aprobadas por los Parlamentos Vasco y de Nafarroa, pues éstas fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. La razón aducida por éste se centró básicamente en señalar que las competencias atribuidas a estas Comisiones invadían las de los tribunales de justicia. Tras esto, ambos parlamentos autonómicos tuvieron que reelaborar-recortar las leyes aprobadas reduciendo su ámbito al marco de lo básicamente administrativo, centrado en el reconocimiento del dolor ocasionado en cada caso y la vulneración de derechos cometida, pero sin poder entrar en mayores investigaciones o calificaciones.

En los dos primeros años de funcionamiento de la Comisión de Valoración de la CAV (2020-2022) solamente fueron propuestos por ésta 81 casos para su reconocimiento y reparación. Es decir, de mantenerse este ritmo serán necesarias varias décadas para atender a las mil solicitudes que aproximadamente han sido presentadas. Pues bien, ¿cuántas personas que han solicitado este reconocimiento y reparación habrán fallecido para cuando sus peticiones hayan podido ser atendidas?

En este sentido, un miembro cualificado de esta Comisión, el catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV) y ex director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa, señalaba en un artículo publicado en el diario Berria:

“En estas leyes, de entrada, se ha rebajado el estándar de justicia: no habrá responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de raíz el tratamiento igualitario y justo a las víctimas, puesto que solo se podrá proceder a la reparación y, la verdad, de modo parcial. Además, las leyes en Nafarroa y Euskadi, ya de por sí limitadas, están llenas de obstáculos Las zancadillas por el camino han sido incesantes…”.

De todos modos, si bien son encomiables estas actuaciones autonómicas, es preciso recalcar que la responsabilidad principal en esta materia se sitúa en el marco estatal, pues ha sido la policía nacional y la guardia civil (en la CAV también se detallaron 336 casos, sobre 4.114, correspondientes a la Ertzaintza) las responsables de estos delitos. Por esta razón, estos recortados reconocimientos autonómicos no deben convertirse en cortinas de humo que oculten las responsabilidades directas, primeras y principales de los gobiernos e instituciones estatales.

b) El pleno acceso a la Justicia

La exigencia de justicia, evidentemente, no puede confundirse con la práctica de la venganza, ni tampoco con el reforzamiento del punitivismo creciente que afecta a nuestro marco penal. Digamos, en cualquier caso, que la actual política penal y penitenciaria aplicada hasta ahora en esta materia se basa precisamente en lo contrario: impunidad generalizada (Ley de Amnistía…), obstáculos a su investigación (Ley de Secretos Oficiales) y, finalmente, guante de seda para los contadísimos casos en los que ha habido alguna condena (GAL…).

La apertura plena de los juzgados a las denuncias de malos tratos y torturas, incluidos los practicados por la Ertzaintza, es una exigencia ineludible. Por eso, si bien es plausible que los gobiernos autonómicos encarguen informes de este carácter, lo que deberían hacer a continuación (el delito de torturas está considerado como crimen contra la humanidad), es, en vez de guardarlos en los cajones de sus dependencias, activarlos ante los Juzgados. Igualmente escandaloso es que los fiscales y jueces a quienes corresponde actuar en estos casos, se llamen andana y silben de costado tras conocer estos informes.

En este sentido, la exigencia de justicia debería avanzar en la adopción de, entre otras, las siguientes medidas:

- La inhabilitación absoluta de los torturadores para el ejercicio de cualquier cargo o actividad, tanto pública como privada, relacionada con la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Medida esta bastante más efectiva que las escasas penas de prisión impuestas hasta ahora, tras cuyo cumplimiento los torturadores se reintegran a sus anteriores puestos e, incluso, son ascendidos a cargos superiores.

- Hacer recaer sobre estas personas y sus patrimonios, de forma directa y principal, cuantas compensaciones económicas (reparaciones, indemnizaciones...) se deriven por la comisión de sus delitos, pues la necesaria responsabilidad subsidiaria o solidaria del Estado en relación con la actuación culpable de sus funcionarios, no puede ser razón para excusar a éstos del pago lo anterior.

- La aplicación, cuando proceda legalmente, de aquellas sanciones sustitutivas de las penas privativas de libertad, cuales son la imposición de multas, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, la sujeción a programas específicos de rehabilitación, la prohibición de residir en determinados lugares…

- Y esto, evidentemente, sin excluir que en aquellos casos de especial gravedad, reincidencia u ostentación de cargo policial o político, sean impuestas las penas de prisión que pudieran corresponder.

Todo ello serviría en buena medida para atajar la práctica de malos tratos y torturas y acabar con la existencia de esos espacios opacos de impunidad y omertá de silencios y complicidades gremiales en los que se han convertido las comisarías policiales y los cuarteles beneméritos.