Trágalas del siglo XXI

Trágala, trágala/ tú, servilón/ tú, que no quieres/ constitución… cantaban los liberales al rey Fernando VII y a los absolutistas obligándoles a aceptar la Constitución de Cádiz. La bienandanza musical se mantuvo durante el Trienio Liberal. En 1823 las tornas replicaban: Trágala, trágala/ tú, liberal/ tú, que no quieres/ corona real… Y así, la versión original, que por su tonalidad imitaba a los cantos revolucionarios franceses, se ha adaptado a izquierdas y derechas políticas, a repúblicas y monarquías, a dictaduras y democracias en los siglos XIX y XX. Los raperos del XXI tienen pendiente sus Trágalas.

Las múltiples versiones de la romanza aluden también a la Iglesia católica y al anticlericalismo. Sin embargo, las melodías originales citadas aquí contraponen la constitución a la monarquía; dos encuentros y desencuentros en la historia de España. Desde la Constitución de 1812 hasta la de 1978, España ha tragado, digerido y, hasta vomitado, varias constituciones (1837, 1845, 1869, 1876 y 1931) y un Estatuto Real (1834). La mayoría han durado poco tiempo, comparadas con la vigente. No hay duda de que la actual constitución ha sido útil, mientras lo ha sido. Lleva varios años atragantando a los catalanes y a los vascos, que votan a partidarios de un nuevo encaje territorial, y empalaga a los republicanos de toda España que quieren consulta o prescindir de la corona real.

El 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I anunció su abdicación. A toda prisa hicieron malabares para que España embuchase la abdicación sin empacho. El día 3, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica, con un único artículo, por el que se hacía efectiva la abdicación; el día 11, el Congreso de los Diputados la aprobó en Pleno; el 18, Juan Carlos I la sancionó; el 19, Felipe VI juró la Constitución y las leyes y fue proclamado rey por las Cortes y el Senado. El BOE la publicó y ahí acabó el proceso que suele ir a la inversa: primero se hace la ley, después se aplica; Juan Carlos anunció la abdicación, y el Gobierno de Mariano Rajoy corrió para que fuese engullida sin empacho.

El artículo 1.3 de la Constitución fija que el modelo de Estado es la monarquía parlamentaria. El título II especifica las funciones y poderes del rey y jefe del Estado; símbolo de la unidad y jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros cometidos. Intriga el punto 4 del artículo 57, por lo siguiente: “Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes”. ¿A qué se refiere? ¿Puede casarse la heredera con persona del mismo género, diferente raza o religión o incapacitada? Isabel II se casó con su primo hermano Francisco de Asís, a quien apodaban Paquita.

La Constitución de 1978 fue aprobada por un 87.87% del 67.19% de participación. Los que votaron la ingirieron con gusto. El rey se sometía a la carta magna y a las leyes que, según la Justicia suiza, ha burlado porque ha cometido fraude fiscal. Sus funciones de jefe de Estado le prohíben hacer de comisionista o intermediario para lucrarse o corromperse. El monarca no tiene poder ejecutivo, pero sí la influencia desdibujada que conlleva el cargo más alto en la jerarquía política del Estado. No nos engañemos adrede. El título II de la Constitución concreta sus funciones; lo colateral, es cosa suya, y lo ha aprovechado a tenor de lo que está saliendo en el extranjero con sus negocios ¿públicos o privados? La monarquía está carcomida.

En las últimas semanas, José María Aznar ha dicho que ni Juan Carlos cree en la institución, y el histórico del PP Manolo Milián Mestre comulga con que no puede separarse la familia de la institución. El emérito –título inventado en 2014- cotiza a Hacienda a salto de mata: ahora, con 700.000 euros; ahora, 4 millones. Ahora, le reclama 65 millones a una ex amante, que santa Rita, Rita… España engulle: Vox, devora monarquía; en el PP hay críticos, aunque no Pablo Casado; el PSOE votó en enero en contra de investigar las tarjetas black del emérito con la aprobación de los letrados convirtiendo a Pedro Sánchez en más papista que el Papa; en el bloque de la investidura, la indignación gana terreno a la paciencia. Motivos no les faltan.

Felipe VI no es recibido por las instituciones en Cataluña ni en Euskadi, a pesar de visitar la Seat en Martorell, porque ha heredado la legitimidad ilegítima que en esos lugares no ingieren. Los Borbones lo han hecho antes: abdicar para perpetuarse; María Cristina, la que me quiere gobernar, se fue a París; o Isabel II. Comparados con sus predecesores, Juan Carlos y la Constitución han batido récords. Su padre no llegó a reinar. Durante 40 años no se consideró necesario reformar la Constitución para cambiar el modelo de Estado. El referéndum de 1978 legitimó la elección del dictador Francisco Franco: Trágala.

La crisis sanitaria y económica que azota a España y al mundo es más urgente que la Tercera República. El hado es incierto. Felipe VI de Borbón y de Grecia podría llevar en su segundo apellido (no reconocido por la soberanía del Estado heleno) el destino de su futuro, que España lo tragará como monarca o como ciudadano Felipe de Borbón Glücksburg mientras la ley le exija dos apellidos. A día de hoy, no importa el orden.