Opinión
El Tribunal Supremo echa a suertes que la gente pierda su hogar

Por Fèlix Alonso
Diputado de los Comuns y portavoz de Sumar en la
Comisión de Consumo del Congreso de los Diputados
Las consecuencias sociales de las últimas sentencias sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) son devastadoras. No hay humanidad.
En Barcelona, por poner un ejemplo, los propietarios con hipotecas referenciadas al IRPH están perdiendo sus casas. No han podido pagar unos intereses abusivos durante años y ahora se enfrentan a la ejecución de sus hipotecas.
El año pasado, con mucho dolor, fuimos testigos de cómo echaban a la calle a una pareja de 68 y 65 años. Les quitaron todo su patrimonio —dos viviendas— y los dejaron pendientes de la caridad. Su único error fue firmar dos hipotecas IRPH Cajas con disposiciones. Su "amigo" banquero no hacía más que, año tras año, meterles en una deuda mayor, y ellos no entendían por qué su cuota mensual nunca bajaba.
Ahora, algunos afectados todavía creen que se salvarán porque el Supremo ha dicho que si en su contrato pone la circular del Banco de España 8/90, entonces puede ser nula. Y muchos abogados ya argumentan eso para futuras demandas. Mientras, a los que su contrato pone otra circular distinta (la 5/94), que son la mayoría, se les queda la casa. ¿Qué significan estos números? Simplemente son las referencias a dos modelos de cláusulas distintas que usaban los bancos para incluir el IRPH. La diferencia práctica para las víctimas es nula, pero para el Tribunal Supremo ha sido crucial para crear una lotería jurídica.
¿De verdad alguien en su sano juicio cree que los clientes con la circular del Banco de España 8/90 fueron engañados y los de la 5/94 no? ¿De verdad alguien cree que un consumidor medio puede entender el complejo mecanismo de la circular 5/94? Si conocen a este consumidor, preséntenmelo. Porque yo mismo, desde mi experiencia como director general de Consumo de Baleares, encargué un informe sobre el IRPH —el mismo que ha servido para resucitar la esperanza de los afectados— y, a pesar de haberlo leído varias veces, todavía hoy no entiendo la dichosa 5/94. Y no es por falta de intentos; negocio leyes y he tenido que descifrar textos normativos muy complejos, pero esta cláusula se las trae.
Unas sentencias con errores de bulto
Lo que sí tengo claro es que, en mi opinión, el Tribunal Supremo es el primero que no entiende la 5/94. No hace falta darle más vueltas: basta con mirar sus sentencias anteriores —donde hablan del IRPH como si fuera una media distinta de la que es— y las actuales —de las que pronto saldrán a la luz sus meteduras de pata—.
No hace falta ser profesor de matemáticas para, cuando hablas con tu hija, saber si ha preparado el examen. Con dos preguntas sobre reglas de tres y porcentajes, sabes si entiende lo que dice o no. Si fuese literatura, sería más complicado, pero, amigo, son matemáticas. Y las matemáticas, como dijo un periodista, están retratando al Tribunal Supremo —que, por lo visto, todavía cree que Euribor e IRPH son dos gráficas paralelas, así que con un diferencial menor se compensa la diferencia—. En fin, ¿qué vas a pensar de quien te juzga si comete errores matemáticos de secundaria? ¿No hay presupuesto en el Ministerio de Justicia para que un asesor les aclare que los índices no son paralelos?
Como diputado por Tarragona de Comuns/IU en el grupo plurinacional de Sumar y portavoz de Consumo, llevo esta lucha al Congreso cada día. Pero la cruda realidad es que, con nuestros 26 diputados, la correlación de fuerzas en una Cámara dominada por la derecha hace materialmente imposible aprobar leyes que no sean del gusto de la banca, las energéticas o las grandes multinacionales. Por eso esta batalla no se gana solo en el hemiciclo. La necesitamos ganar en la calle. Es imprescindible el apoyo y la movilización unida de todos los afectados de toda España. Sin una fuerza social imparable que exija justicia, será muy difícil torcerle el brazo a un poder financiero que encuentra amplios ecos en la mayoría parlamentaria actual.
Así las cosas, y hago ironía por no llorar, han empezado unos macabros Juegos del Hambre: que cada uno mire si se queda sin casa o no, y que la ruleta del Tribunal decida su suerte. Eso es lo que quiere el Supremo para los españoles. No olvidemos mirar la composición y la tendencia mayoritaria del Supremo que ha redactado estas sentencias, con una clara mayoría de magistrados pertenecientes a una asociación judicial de carácter conservador.
Frente a esta situación, donde el Tribunal Supremo ha convertido la justicia en una macabra ruleta que decide quién pierde su hogar, no nos quedamos de brazos cruzados. La salida no puede ser la resignación, sino la acción política, y en eso estamos.
Hay una esperanza concreta y en marcha. El Grupo Plurinacional Sumar ha pactado con el Ministerio de Economía que, dentro de la Ley de la Autoridad Independiente del Cliente Financiero que actualmente se debate en el Congreso, se incluya una enmienda clave. Nuestro objetivo es que la nueva ley establezca un comité de supervisión formado por expertos independientes con conocimientos financieros y matemáticos —no solo juristas— cuya misión sea identificar la falta de transparencia y el abuso en cláusulas como las del IRPH.
Este comité, fruto del acuerdo, establecería tablas claras e interpretaciones técnicas para casos de extrema complejidad. Es la herramienta precisa para evitar que anteriores y futuros fallos basados en malentendidos técnicos, como los que estamos viendo ahora, sigan decidiendo el destino de las familias. Es la forma de devolver la seguridad jurídica y el sentido común a un sistema que el Supremo ha sumido en el caos.
El camino no está exento de obstáculos en una Cámara con la actual correlación de fuerzas, pero haber logrado este pacto con el Ministerio de Economía es un triunfo decisivo. Un triunfo que no hubiera sido posible sin la acción política que tenemos las izquierdas de ser útiles a la gente. Ahora, la fuerza de los afectados ha de ser el motor que nos permita, incluso con 26 diputados, seguir peleando para torcer el brazo al poder financiero y construir una justicia que no dependa de una lotería, sino de la equidad.
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