En Colombia no es necesario seguir en Twitter al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Cualquier cosa que él publica la replican de inmediato los periodistas de medios tradicionales, por no hablar de sus cinco millones de seguidores.

En los últimos días un ‘trino’ suyo fue incluso comidilla internacional: la red social borró a Uribe un tuit provocador “por violación a las reglas de Twitter” y “tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia”. En el tuit borrado, que alcanzó a permanecer a la vista durante varias horas, Uribe pedía que, no solo la Policía, sino también el Ejército, reprimieran con armas de fuego el “terrorismo vandálico”.

Parecía una orden en clave, y quizá lo fue. Pudo ser coincidencia, como tantas cosas de Uribe, pero a partir de ese mensaje se inició una vasta operación represiva y que fue escalando en los barrios obreros de Cali y otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales.

Las estadísticas han sido difíciles y varios activistas de derechos humanos le han pedido a la gente guardarse en sus casas a las 6 de la tarde, pues no ven garantías para la vida. La red Defender la Libertad ha contabilizado, entre el 28 de abril y el 3 de mayo, 18 asesinados y 305 heridos por la Policía, de ellos 23 con lesiones oculares. Y cerca de 1.000 detenidos, en buena parte sometidos a tortura o tratos crueles.

El paro (o huelga) nacional no se gestó en dos semanas, cuando el Gobierno radicó en el Congreso su controvertido proyecto de reforma tributaria, el 15 de abril. El paro viene de noviembre de 2019, pero entró en una cierta hibernación a causa de la pandemia.

Un año de crecientes privaciones, encierro, enfermedad y muertos solo ha sumado presión. La caudalosa lista de peticiones y exigencias, en la que varios aspectos incumplidos del acuerdo de paz ocupan un espacio mayor, se ha ido agrandando y ahora es más perentoria.

Colombia ahora registra 21 millones de personas (42,5%) en la pobreza, de los cuales 7,47 millones están en pobreza extrema. Por eso, el paro no amainó cuando el presidente Iván Duque anunció el domingo, 2 de mayo, que retiraba la reforma.

Y entonces vino otro 'trino' de Uribe de cinco puntos que produjo zozobra. No porque advirtiera en el punto 1 contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP): archisabido es que este tribunal, surgido de la negociación de paz con las FARC, constituye una amenaza para todo aquel que no quiera confesar su relación con crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. En Uribe, fustigar la JEP, no ha sido raro. Pero el quinto punto de su tuit más parecía un acertijo: en su acostumbrada gramática coja (rasgo que comparte con Donald Trump), el colombiano escribió textualmente: “Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”.

"Revolución molecular disipada", ¿qué era eso? Adam Isacson, del Washington Office on Latin America, aventuró a decir que el terminacho consistía en que, al desaparecer un gran grupo nacional como las FARC, las fuerzas de seguridad ahora deben confrontar actores dispersos, “que podrían ser cualquiera con quien no estén de acuerdo”. ¡Bingo! En la parte entrecomillada, el analista estadounidense acertó.

Pero el juicioso periodista Pablo Medina Uribe ya tenía hecha la tarea. En un hilo de Twitter, lanzado media hora después del 'trino' de los cinco puntos, mostró que se trata de una doctrina, digamos, militar-conspirativa, que plantea que muchos grupos protestan coordinadamente al tiempo en distintos lugares, como un ataque de avispas, para que la represión tenga que desplegarse en varios puntos y la fuerza pública se canse.

La tesis la promueve un analista neonazi chileno de nombre Alexis López Tapia (52 años) para descalificar el estallido social que comenzó en 2018 en el país austral.

“No es delincuencia: es subversión a través del delito”, tuitea López. El modelo es insurreccional, el revolucionario surge en la marginalidad y promueve fracturas y división. No tiene nada que perder, por ello los manifestantes (“terroristas”) no se cansarán. El accionar comienza con desobediencia civil, ataque masivo a instalaciones; luego sigue el copamiento territorial. No hay una cabeza visible, no hay interlocutor a quién pedir cuentas.

Pero todo esto es fríamente calculado, de lo contrario no sería una teoría de conspiración. En toda teoría de conspiración tiene que haber detrás alguien bien malo. Esta, naturalmente, es “la izquierda internacional” que busca hundir todo modelo neoliberal “exitoso”. En la revolución molecular disipada, un grupo ultrasecreto aspira al caos, a la “guerra civil molecular prolongada” que, tómese en serio o no, suena a una buena disculpa para la adquisición prolongada de armas y equipos para defenderse de la propia población.

Horas antes del triunfo derechista en las elecciones autonómicas de Madrid, el martes 4 de mayo, Álvaro Uribe trinó acusando a Unidas Podemos de “ocultar su real naturaleza comunista” y de apoyar al venezolano Nicolás Maduro y el acuerdo de paz con las FARC.

Su anterior injerencia en las elecciones de otro país fue agridulce. Le hizo campaña en Miami al perdedor Donald Trump; pero, centrado en el miedo al socialismo, apoyó a la candidata republicana María Elvira Salazar, que finalmente se quedó con la curul de Donna Shalala, toda una institución del Partido Demócrata.

Ahora, son del Partido Demócrata los congresistas que piden aplicar la Enmienda Leahy a la Policía antimotines de Colombia (ESMAD), por la masiva violación de los derechos humanos que está exhibiendo en la represión de la protesta. La Enmienda Leahy prevé congelar la ventas de armamento e incluso los fondos de ayuda a las unidades de la fuerza pública que no cumplan los estándares humanitarios. A Uribe, la añorada “guerra civil molecular prolongada” se le puede devolver.