El Supremo ha encabezado uno de los mayores descréditos posibles. Ha hecho más política que justicia y, a la vez ha tirado por los suelos su propia credibilidad, con el consiguiente daño a la democracia. No es la primera vez. Ya lo hizo con las cláusula suelo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de la ciudadanía y contra la banca.

En nuestro país, parece, se lleva más proteger a esta última. Y es fácil activar la alarma solo informando de la bolsa, cuando la prensa nos hace creer que viene el fin del mundo.

El 19 de octubre, al día siguiente del fallo del Supremo a favor de los consumidores, El País mencionaba que “la bolsa castigaba a las entidades con caídas”. ABC titulaba con un “batacazo de la banca tras las sentencia de las hipotecas”. La Razón publicaba que la banca perdía más de 5.500 millones en Bolsa tras el fallo del Supremo. El Mundo decía que los bancos estaban en “shock” y que el fallo “hundía su cotización”. Cinco Días anunciaba que las hipotecas se encarecerían tras la sentencia del Supremo y que los bancos se habían “desplomado”. El Economista advertía que el desplome en la bolsa había dejado al Íbex al borde de mínimos. Y Expansión señalaba el “varapalo a los bancos” y que las entidades financieras pedían a los jueces “una mayor seguridad jurídica”. Lo dicho, el fin del mundo. Fue lo mismo que ocurrió con las cláusula suelo y ningún banco, tras la decisión del TJUE, ha quebrado. Al revés, siguen con ganancias. Casualmente, parte de esa prensa que no informaba del impacto de la medida, sino que exageraba su alcance, hace unos años fueron los “afortunados” con envolver sus portadas al completo con una publicidad del Banco Santander.

En menos de 24 horas, la justicia que siempre decimos que es lenta, fue rápida y sagaz y dejó en suspenso el fallo por su “enorme repercusión económica y social”. Y hasta hoy. Ayer, el editorial de ABC insistía en “la presión de la izquierda y de determinados sectores sociales” y, para provocar un ablandamiento por parte de la ciudadanía, advertía que “los bancos no son solo sus consejeros y directivos, también sus millones de accionistas y las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiación para sus negocios”.

Resulta realmente bochornoso ver a una parte de la prensa ajena a que el derecho a la vivienda está por encima de todo y que, si tanto queremos parecernos a Europa, que el cliente no asuma este impuesto como ocurre en Reino Unido, Alemania u Holanda nos haría más justos y avanzados. En esos países también hay pequeñas y medianas empresas, y no han quebrado sus bancos por no cobrar el impuesto. Cobrar lo que en otros países ni existe, o es bastante menos, sí que tiene una “repercusión económica y social” en nuestras vidas. Y si queremos ir a la raíz, repercusión económica y social es lo que sufren familias cada día. Repercusión económica y social fueron aquellas víctimas de desahucios que ni la justicia ni los bancos dieron la protección que necesitaban a tiempo. Quizás hay que recordar que en este país hubo gente que se suicidaba cuando la policía golpeaba en al puerta de sus casas para desahuciarlos.

De fondo, volviendo al Supremo, está el culebrón de la propia sala. Ya en 2015 José Manuel Sieira, denunció “desviación de poder” de su sustituto, Luis Díez-Picazo Giménez, y se entendió como una “maniobra del presidente del tribunal, Carlos Lesmes”. Precisamente Díez-Picazo, quien cambió ayer el sentido de su voto al saber que había un empate.

Recuerdo que hace poco la banca ya ganó también. Y a lo grande. Fue hace unos meses, cuando el Presidente del Gobierno propuso un impuesto a la banca para poder cubrir el coste de las pensiones y… la idea terminó bajo la alfombra. La banca, aplaudiendo. Como hizo cuando fue rescatada a lo grande, saliendo a 1.305 euros por cabeza entre la ciudadanía. El negocio redondo, cuando España ha dado por perdido el 75% del rescate.

«La Constitución solo ordena que se proteja a los consumidores, no a los bancos», recuerda Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Dice el artículo 128 de la Constitución que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”, pudiendo mediante ley (...) “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Y no deja de producir sonrojo viendo cómo la banca, aunque sea de pensamiento, domina en la sombra de este país.

Esto forma parte de la bancocracia que señalaba Eric Toussaint, quien pedía la socialización del sector bancario ante los abusos, y denunciaba cómo el pago de la deuda pública, el rescate de los bancos y la reducción del déficit presupuestario nos ha llevado al día de hoy, en contra de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía. Quienes creemos en el Estado de Derecho llevamos ya varias decepciones profundas del que, se suponía, era un poder independiente. Y las feministas hemos señalado varias veces ya las injusticias del propio Tribunal (sin que pocos se rajen las vestiduras), demandando formas de control de este. Tras lo visto, la duda de cualquier persona será legítima.

La justicia española tuvo opción de hacer justicia, y lo único que ha demostrado es injusticia y un descrédito apabullante. A veces da la sensación de que juegan con nosotros al Monopoly. Quizás, como ocurrió con las cláusulas suelo, el TJUE nos hará sentir de nuevo ser la vergüenza de Europa y en el Tribunal Supremo varios tendrá que esconder la cabeza bajo tierra.