Y Trump cumplió su promesa: Venezuela y la doctrina del hemisferio vigilado

Pensar un escenario en el que Estados Unidos ejecute una operación militar directa sobre Venezuela y detenga extrajudicialmente a su presidente no es un ejercicio de ficción, sino una forma de analizar hacia dónde se desplaza el orden internacional y qué lugar reserva Washington a América Latina en un mundo que vuelve a organizarse en esferas de influencia. No se trata de describir hechos consumados, sino de interrogar la lógica estratégica que haría posible una acción de ese tipo y las consecuencias que tendría para la región.

El contexto global es determinante. La fragmentación del sistema internacional, la rivalidad entre grandes potencias y la crisis del multilateralismo han devuelto al centro del tablero una geopolítica clásica, basada en el control territorial, la jerarquía entre Estados y la delimitación de zonas de seguridad. En este escenario, Estados Unidos ha reactivado sin ambages una doctrina que nunca abandonó del todo y que no es otras que la del hemisferio occidental como espacio propio, un espacio que debe permanecer vigilado, militarizado y políticamente subordinado.

Venezuela aparece en este marco como una anomalía persistente. No solo por la deriva autoritaria de su régimen o por el colapso de su modelo económico, sino porque representa un desafío estructural al orden hemisférico liderado por Washington. A diferencia de otros países latinoamericanos gobernados por fuerzas progresistas, el caso venezolano no ha podido ser reconducido mediante mecanismos clásicos de injerencia política, presión diplomática o aislamiento económico. Las sanciones, el reconocimiento de liderazgos paralelos y el cerco financiero no han producido el resultado esperado.

Cuando la injerencia política fracasa, la historia latinoamericana muestra que Estados Unidos ha recurrido a otros instrumentos. La intervención militar —directa o encubierta— ha sido una constante en la región cuando determinados gobiernos han desbordado los márgenes considerados aceptables. Pensar hoy en una "operación militar especial" sobre Venezuela no es una excepción histórica, sino una actualización de ese repertorio, adaptada a un contexto de guerra híbrida, legalidad flexible y control narrativo.

Los documentos estratégicos estadounidenses lo confirman. El Proyecto 2025 de la Fundación Heritage y la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional no ocultan su objetivo de reforzar el liderazgo global de EEUU ni su voluntad de impedir la consolidación de potencias rivales en el hemisferio occidental. China y Rusia aparecen señaladas como amenazas cuya influencia en América Latina debe ser contenida. En este marco, Venezuela se convierte en un nodo crítico por sus alianzas internacionales, por su posición geográfica y, sobre todo, por sus recursos.

Porque el objetivo de control sobre Venezuela no se explica únicamente en términos ideológicos o de cambio de régimen. En el trasfondo se encuentra una cuestión mucho más profunda, esto es, el control de los recursos naturales y de la biosfera en un contexto de rivalidad abierta con el gran rival sistémico estadounidense, China. Venezuela no es solo petróleo, aunque siga siendo uno de los países con mayores reservas del mundo. Es también agua, biodiversidad, minerales estratégicos y territorio. Es un espacio clave en la geopolítica de los bienes comunes.

En un mundo atravesado por la escasez relativa, la disputa ya no gira únicamente en torno a mercados o modelos políticos, sino alrededor de quién controla, gestiona y securitiza la naturaleza. La Amazonía venezolana, el Arco Minero del Orinoco, los yacimientos energéticos y los corredores estratégicos convierten al país en una pieza central de la geopolítica del siglo XXI. Desde esta perspectiva, una intervención no se explicaría solo por la figura de Maduro, sino por la necesidad de reordenar el control territorial y ambiental de un espacio considerado estratégico.

Un escenario de detención extrajudicial del presidente venezolano abriría, además, múltiples incógnitas internas. La primera tiene que ver con la capacidad de resistencia del régimen. ¿Optaría el aparato estatal-militar por un relevo controlado que garantizara continuidad? ¿O se produciría una fractura entre élites civiles y militares? La estabilidad del chavismo ha descansado en buena medida en la cohesión de sus fuerzas armadas y en el control institucional, más que en el liderazgo personal.

La segunda incógnita es el papel de la oposición. Estados Unidos podría intentar legitimar rápidamente a una figura opositora como autoridad transicional, repitiendo esquemas ya ensayados en el pasado. Sin embargo, la fragmentación opositora, su débil arraigo social y la pérdida de credibilidad tras años de tutelaje externo dificultan una estabilización rápida. Lejos de cerrar la crisis, una imposición desde fuera podría profundizar la polarización y erosionar aún más la legitimidad institucional.

El tercer escenario, el más inquietante, es el de un conflicto civil de baja intensidad. La combinación de vacío de poder, intervención externa y economías ilegales genera dinámicas de violencia difíciles de controlar. América Latina conoce bien los costes humanos y sociales de estos procesos, que rara vez se ajustan a los cálculos estratégicos de quienes los impulsan desde fuera.

Pero más allá de Venezuela, la pregunta central es otra: ¿estamos ante un aviso a navegantes? Todo indica que sí. Un escenario de intervención directa enviaría un mensaje claro al conjunto de la región: la autonomía política tiene límites cuando entra en juego el control de recursos estratégicos. Países como Argentina, Honduras u otros Estados latinoamericanos sabrían que existen líneas rojas no negociables y que desviarse del guion tiene consecuencias.

La geopolítica está aquí, ha venido para quedarse. Y hoy se libra, cada vez más, en el control del territorio y de los recursos en una lucha encarnizada por la hegeonía. En esa disputa, América Latina vuelve a ocupar un lugar central, no como actor, sino como espacio en disputa. Una vez más.