Opinión
Trump no necesita la soberanía sobre Groenlandia para ejercer su control
Por Elena Conde Pérez
Profesora Titular de Derecho Internacional Público UCM
Durante meses, la pregunta que revoloteaba en medio de múltiples asaltos a la soberanía e integridad territorial de diversos Estados, parecía ser si Donald Trump podía realmente hacerse con Groenlandia. Quizá, sin embargo, esa nunca fue la pregunta más importante. El acuerdo de seguridad anunciado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en septiembre de 2026 —cuyo texto completo todavía no conocemos— obliga a plantear otra: ¿es necesario controlar formalmente un territorio para controlar algunas de sus decisiones estratégicas fundamentales?
El acuerdo -anunciado como gran éxito por la administración Trump y sobre el que han replicado, a veces en sentido contrario, Dinamarca y Groenlandia- llega después de meses de una presión estadounidense difícilmente imaginable entre aliados de la OTAN. A comienzos de 2026, Trump se negó a descartar el uso de la fuerza, amenazó con medidas económicas contra aliados europeos y reiteró que Estados Unidos necesitaba Groenlandia por razones de seguridad nacional. La crisis alcanzó una dimensión especialmente paradójica: la principal potencia de la Alianza ejercía presión sobre el territorio de otro de sus miembros, Dinamarca, uno de los países nórdicos históricamente más atlantistas.
La peculiar intervención del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, permitió trasladar progresivamente el conflicto desde la lógica de la adquisición territorial hacia la de la seguridad colectiva. En enero, tras su encuentro con Trump en Davos, Rutte habló de un marco para un futuro acuerdo y de la necesidad de reforzar la seguridad del Ártico. Poco después comenzaron las negociaciones formales entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.
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El resultado anunciado en septiembre está muy lejos de la adquisición territorial inicialmente planteada por Trump. Groenlandia continúa formando parte del Reino de Dinamarca y tanto Copenhague como Nuuk insisten en que el acuerdo preserva la soberanía y la integridad territorial del Reino y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. Pero eso no significa necesariamente que nada haya cambiado.
Estados Unidos ya dispone desde el Acuerdo de Defensa de 1951, posteriormente modificado en 2004, de amplias posibilidades de presencia militar en Groenlandia. La Base Espacial de Pituffik constituye desde hace décadas una pieza fundamental del sistema norteamericano de alerta temprana y vigilancia espacial. El nuevo acuerdo parece prever una expansión de esa presencia mediante nuevas instalaciones o la reapertura de algunas abandonadas.
Pero la cuestión más interesante aparece en otro lugar. Trump ha afirmado que Estados Unidos podrá impedir determinadas inversiones de adversarios estratégicos —fundamentalmente China y Rusia— y que los derechos estadounidenses serán permanentes. Fuentes estadounidenses han señalado incluso que el acuerdo seguiría operando en caso de independencia de Groenlandia. Hasta conocer el texto, conviene ser extremadamente prudentes. Pero, si esas afirmaciones se confirman, el acuerdo planteará una transformación significativa: el centro de gravedad se desplazaría desde el control territorial hacia lo que podríamos denominar un control estratégico o funcional.
¿Quién decide qué inversión es una amenaza para la seguridad? ¿Puede un tercer Estado condicionar la entrada de capital extranjero en un territorio cuya soberanía corresponde al Reino de Dinamarca y cuyo pueblo –mayoritariamente indígena- tiene reconocido el derecho a la autodeterminación? ¿Y qué ocurre si Groenlandia se convierte algún día en un Estado independiente? La última pregunta es particularmente delicada. El régimen de autogobierno groenlandés reconoce un procedimiento para alcanzar la independencia y, llegado ese momento, Groenlandia asumiría la soberanía sobre su territorio. La pretensión de conferir hoy carácter permanente a determinadas obligaciones de seguridad exige, por tanto, analizar cuidadosamente qué margen de decisión conservaría una futura Groenlandia independiente.
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Existe además otra cuestión jurídica que merece atención. El acuerdo no surge de una negociación política ordinaria. Le precedieron amenazas públicas de utilización de instrumentos económicos e incluso de fuerza. El Derecho de los tratados -a través del artículo 52 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (1969)- no permite, sin embargo, saltar directamente desde esa constatación a la nulidad del acuerdo. Pero el caso groenlandés plantea una cuestión que va más allá de la validez formal: la relación entre consentimiento y poder en negociaciones profundamente asimétricas.
En este sentido, Groenlandia puede insertarse en una transformación más amplia de la política exterior estadounidense. Sin equiparar situaciones jurídicamente muy diferentes, Venezuela, Cuba, Irán y Groenlandia permiten observar distintas combinaciones de presión económica, argumentos de seguridad nacional, instrumentos jurídicos, amenaza o utilización de la fuerza y negociación posterior sobre intereses estratégicos. El Derecho Internacional no desaparece en este escenario sino que, al contrario, desempeña una función esencial: define, organiza y, eventualmente, estabiliza jurídicamente los resultados de relaciones de poder previas, eso que llamamos uso estratégico del Derecho.
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Existe, finalmente, otra Groenlandia que corre el riesgo de desaparecer detrás de esta discusión. Es una sociedad de alrededor de 57.000 habitantes que necesita diversificar su economía y atraer inversión, pero que también aspira a decidir las condiciones de su propio desarrollo. La inversión estadounidense puede ofrecer oportunidades en turismo, infraestructuras, minería y otros sectores. La conexión aérea directa entre Newark y Nuuk, inaugurada en 2025, muestra que la relación entre ambas sociedades puede construirse también mediante comercio, movilidad y contactos personales, y no sólo mediante bases militares y competición geopolítica. La estabilidad que proporcione un acuerdo de seguridad podría favorecer esas relaciones. Pero la inversión será verdaderamente útil para Groenlandia en la medida en que responda también a prioridades groenlandesas y respete sus decisiones regulatorias, sociales y medioambientales.
Por eso Groenlandia sigue siendo mucho más que una disputa ártica. Se ha convertido en un laboratorio de una transformación más amplia de la gobernanza internacional, un mundo en el que la soberanía formal continúa existiendo, pero en el que el poder se ejerce cada vez más mediante el control de funciones estratégicas, dependencias económicas y acuerdos jurídicos y la administración Trump está puliendo y exportando el modelo.
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