La crisis fiscal de Estados Unidos no solo es profunda, sino que está siendo peligrosamente ignorada por su clase política. No es producto de una guerra ni de una recesión global; es el resultado directo de decisiones políticas irresponsables, tomadas por una Administración que prefiere el show del nacionalismo económico antes que la gestión seria de las finanzas públicas. Donald Trump, en su retorno al poder, ha acelerado esta deriva con un paquete fiscal que recorta impuestos a los más ricos y disfraza su déficit con ingresos volátiles de una política arancelaria agresiva que termina pagando el consumidor y no el supuesto "enemigo comercial". 

En 2024, el déficit federal ha superado los 2,1 billones de dólares, un 7,3 % del PIB, niveles históricamente solo vistos en momentos de crisis económica o conflicto armado. Pero EEUU hoy no está en guerra. Lo que hay es una guerra ideológica contra el concepto mismo de responsabilidad fiscal. La deuda nacional ha superado los 36 billones de dólares —más del 124 % del PIB— y sigue creciendo. Trump y sus seguidores republicanos justifican este desequilibrio con una retórica vacía sobre "hacer grande a América otra vez" mientras dinamitan la base fiscal del Estado.

La nueva ley aprobada en Estados Unidos, llamada "Ley grande y hermosa" de Trump, no solo concentra poder arancelario en el Ejecutivo, sino que actúa como una reingeniería fiscal regresiva. Su núcleo es un nuevo paquete de recortes de impuestos que favorece abiertamente a los más ricos y a las grandes corporaciones. La tasa máxima del impuesto a la renta se reduce del 37 % al 30%, se eliminan tributos sobre el patrimonio y sobre ganancias de capital a largo plazo, y se amplían las deducciones para inversiones, herencias y repatriación de capital. El impacto en la recaudación es masivo: se estima una caída de más de 600.000 millones de dólares en una década, de los cuales más del 60% terminará beneficiando al 10% más rico y un 25% del total va directo al 1% superior. 

Trump intenta compensar este agujero con su guerra arancelaria global que, en los papeles, promete recaudar unos 200.000 millones de dólares anuales a las importaciones en EEUU. A simple vista, los números podrían parecer que apoyan la estrategia de Trump, pero esa ilusión se deshace al examinar de cerca los efectos reales. Los aranceles elevan los precios al consumidor, reducen el poder adquisitivo y provocan caídas en el comercio bilateral. Parte de esa recaudación se diluye rápidamente entre evasión fiscal, sustitución de importaciones, contracción del consumo y pérdida de competitividad. Además, como los aranceles actúan como un impuesto indirecto, el verdadero peso recae sobre la clase media y los sectores populares, no sobre las grandes fortunas beneficiadas por los recortes fiscales. Lo que Trump presenta como equilibrio es en realidad una transferencia: el Estado deja de cobrarle a los ricos y lo compensa cobrándole más al resto a través de los precios.

Dónde estamos en la guerra comercial   

Estados Unidos está metido de lleno en una guerra comercial múltiple, generalizada y cada vez más ideológica. A diferencia de situaciones anteriores más puntuales, lo que vemos en 2025 es una estrategia sostenida que combina aranceles, bloqueos regulatorios y presión política para redibujar el mapa global del comercio según los intereses y los deseos de Washington. Empujado a golpes teatrales por Trump, el objetivo no es simplemente económico: es geopolítico, electoral y, en muchos casos, revanchista. 

La confrontación con China es el eje estructural del conflicto. Trump ha impuesto, retirado y vuelto a imponer múltiples rondas arancelarias, con tarifas de hasta el 53,6 % sobre bienes clave como productos tecnológicos, vehículos eléctricos, productos farmacéuticos y maquinaria. A esto se suman nuevas reglas que restringen inversiones chinas en EEUU y prohibiciones de facto a cientos de empresas chinas como TikTok, DJI o Huawei. Sin hablar de la guerra tecnológica.

China ha respondido con medidas compensadas; como los aranceles al gas natural licuado, a los productos agrícolas o a minerales estratégicos, además de controles sobre las tierras raras y otras medidas regulatorias. Hay diálogo diplomático abierto, pero sin señales de desescalada seria. En resumen: la guerra comercial contra China no solo sigue viva, sino que se ha institucionalizado.

Con Brasil, la guerra comercial es más reciente y directamente política. Trump ha impuesto un arancel del 50% a todas las importaciones brasileñas, en represalia por el juicio contra el golpista pronorteamericano Jair Bolsonaro. Aunque el impacto económico es limitado —Brasil exporta solo el 12 % de su comercio a EEUU—, esta agresión e intromisión en los asuntos internos de Brasil ha impactado de lleno en la relación bilateral, generando una fuerte reacción por parte de Lula ("Trump no fue elegido para ser el emperador del mundo", ha declarado), y provocando el rechazo de otros países del Sur Global por este abuso de poder unilateral norteamericano.

México se encuentra bajo amenaza constante por temas migratorios y de la industria automovilística. Los aranceles están suspendidos en el momento de redactar estas líneas, pero usándose permanentemente como amenaza política.

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Agencias

En la Unión Europea, Trump plantea la guerra arancelaria como instrumento para forzar la revisión de los tratados de defensa y el aumento del gasto militar.

Corea del Sur y Japón, también en el bando amigo norteamericano, se enfrentan a aranceles del 25 %.

Bangladesh y Canadá (35 %); Serbia (35 %); Indonesia (32 %); Malasia, Kazajistán y Túnez (25 %); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30 %); Myanmar y Laos (40 %); Tailandia y Camboya (36 %) y muchos otros países. 

Trump ha convertido los aranceles en su principal herramienta de política exterior y económica. Estados Unidos ya no trata de negociar tratados y directamente se dedica a imponer condiciones. El promedio arancelario de EE. UU. ha pasado ya, en esta guerra que está empezando, del 2.5 % a más del 15 % en promedio, algo inédito para una economía desarrollada desde la posguerra. La nueva "Ley grande y hermosa" ha institucionalizado esta estrategia, reduciendo la supervisión del Congreso y ha aumentado el poder del Ejecutivo.

¿Puede tener éxito Trump?  

Los aranceles propuestos por Trump pueden tener cierto impacto económico a corto plazo, pero solo en la recaudación fiscal que pagarán los consumidores y las empresas norteamericanas. El cacareado objetivo de reducir el déficit comercial difícilmente se podrá alcanzar y tampoco está garantizado que los sectores protegidos se fortalezcan si no hay inversiones paralelas en tecnología, capacitación y productividad; los aranceles no son una solución estructural.

Respecto a la crisis fiscal de Estados Unidos, los aranceles no representan una salida real. Aunque generan ingresos adicionales, estos son marginales frente al tamaño del déficit actual, que supera los 1.7 billones de dólares anuales. En la anterior Administración Trump, los aranceles a China recaudaron unos 80 mil millones en cuatro años, lo cual es una suma considerable, pero claramente insuficiente frente a los problemas fiscales del país. Además, los aranceles tienden a frenar el crecimiento económico interno, lo que termina reduciendo la recaudación tributaria por otras vías. En ese sentido, son más una medida simbólica o política que una herramienta fiscal efectiva.

En cuanto a China, es difícil imaginar que una política arancelaria estadounidense pueda realmente doblegarla. Durante la guerra comercial anterior, China resistió la acometida norteamericana y no cedió ante Washington. Los resultados de la economía china en los seis primeros meses de este año 2025 son espectaculares: el PIB está creciendo al mayor ritmo mundial de los países grandes, el 5,3% (frente a la previsión anual para la eurozona del 0,9 % y para EEUU del 1,5% —el último dato publicado de EEUU para el primer trimestre es una caída del PIB del 0,5% anualizado—) y las exportaciones chinas, bien diversificadas a todos los países del mundo, crecen al 7,2% interanual y alcanzan cotas nunca vistas antes.

Los aranceles pueden tener efectos tácticos o generar presión negociadora en algunos casos, pero no son una solución estructural para el déficit fiscal norteamericano ni una estrategia efectiva para someter a un país como China. Estados Unidos está condenado a entender que ya no puede imponer sus reglas imperialistas, sobre las que ha basado su dominio, y que nos encontramos en un mundo multipolar donde ya no son posibles.