En España, de un tiempo a esta parte, se habla más de pobreza energética, pero esta cuestión no abre telediarios salvo que haya un suceso especialmente dramático, como un incendio en una vivienda en la que previamente se había cortado el suministro por impago. En estos casos vemos que el sistema falla de manera flagrante. Se ve que la pobreza energética no es un fenómeno natural, como a veces se transmite. Los cortes de suministro a familias vulnerables son posibles porque la ley los permite y disponer de los mecanismos para evitarlos no sólo es posible, sino que lo consideramos una obligación, en un Estado que se proclama democrático y de derecho. 

Hace escasos días, en los prolegómenos de la Semana Europea de la Pobreza Energética, el INE publicó la actualización de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024. En ella se pregunta a la población sobre dos indicadores clave de la pobreza energética: la capacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos y el retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. Los datos no son halagüeños: en España, el 17,6% de la población se declara incapaz de mantener el confort térmico en su vivienda durante el invierno. A pesar de que el porcentaje del conjunto de la población ha mejorado respecto a 2023, donde era del 20%, es necesario destacar que el volumen de personas que declaran carecer de confort térmico en sus viviendas es más del doble que en 2019, cuando afectaba al 7,6% de la ciudadanía.

No son estos los únicos indicadores que se han de tener en cuenta cuando hablamos de pobreza energética, pero sí sirven para plantearse si las medidas implementadas hasta la fecha son suficientes y eficaces para revertir este fenómeno. En estos momentos el Gobierno de España tiene abierta una consulta pública para la confección de la segunda Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética y diversas organizaciones estamos realizando aportaciones que pueden resumirse en dos objetivos esenciales. El primero, que las ayudas existentes lleguen a quienes realmente las necesitan y, el segundo, prohibir el corte de suministro a hogares en situación de vulnerabilidad.

Es imposible vivir sin suministros básicos y es competencia del Estado garantizar el acceso a la energía a todas las personas. Porque para evitar vivir sin energía las personas hacen casi cualquier cosa, reduciéndose radicalmente su calidad de vida y no pocas veces asumiendo riesgos para ellas y su entorno absolutamente innecesarios.

La pandemia y el consecuente confinamiento nos hicieron ver la necesidad innegable de contar con una vivienda digna y ésta es una vivienda con los suministros adecuados a las necesidades. El Ejecutivo vio tan claro este aspecto que decretó una prohibición de cortes de agua, luz y gas para todos los hogares del Estado, fuera cual fuera su nivel de renta. ¿Fue ésta la primera vez que se prohibieron por ley los cortes en España? En realidad, no. La ley del sector eléctrico en 2013 ya protegió frente al corte de electricidad a aquellos hogares en los cuales el suministro fuese imprescindible para la alimentación de un equipo médico indispensable para mantener con vida a una persona. A estos suministros se les dio la consideración de esenciales, al igual que el alumbrado público, las prisiones, los hospitales o los servicios funerarios, entre otros. Más tarde, en 2017 se protegió por primera vez a los hogares estrictamente vulnerables económicamente, a una parte ínfima de ellos: se añadieron aquellos consumidores que accedieran al bono social, tuvieran la consideración de vulnerables severos (categoría de máxima vulnerabilidad) y a los cuales los Servicios Sociales de su ayuntamiento correspondientes les pagaran la mitad de la factura. A este tímido esfuerzo se sumó una nueva modificación en 2018 que permitió impedir el corte por impago en aquellos hogares con bono social en los cuales hubiese al menos un menor de 16 años, una persona con dependencia de grado II o III o alguien con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

En marzo de 2020 nos confinaron y el resto es historia. Lo que comenzó con una prohibición universal de cortes de agua, luz y gas pasó a ser, al cabo de unos meses, una prohibición limitada a aquellos hogares con bono social. Este mecanismo de descuentos en la factura, al cual acceden según los últimos datos disponibles 1.641.084 hogares en todo el Estado es más que imperfecto. Algunos informes afirman que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no acceden al mismo. Con todo, el Gobierno ha apostado por ir prorrogando la prohibición de cortes con carácter semestral o anual según la ocasión y así estamos desde 2020. El sistema no ha caído y las grandes energéticas siguen batiendo récords de beneficios. Entre enero y septiembre del año pasado Iberdrola elevó sus beneficios un 50%, hasta los 5.470 millones de euros.

¿De verdad hay alguien que pueda defender con los datos en la mano que no hay margen económico para asumir una prohibición de cortes de suministro permanente a los hogares vulnerables?

La Unión Europea aprobó la primavera pasada una reforma del mercado común de la electricidad en esta línea. La nueva directiva establece literalmente que los Estados miembros “garantizarán que los clientes vulnerables y los clientes afectados por la pobreza energética estén plenamente protegidos frente a las desconexiones de electricidad adoptando las medidas adecuadas, como la prohibición de las desconexiones u otras medidas equivalentes”. Con todo ello, y a pesar de contar con cierta prohibición ante el corte desde hace casi cinco años, no conocemos realmente cuál ha sido su impacto y si la protección existente es efectiva o no. Los únicos datos que recoge el Ministerio de Transición Ecológica son los cortes por provincias. ¿Cuántos cortes de luz por impago ha habido en mi municipio? ¿Cuántos han sido a hogares vulnerables? No lo sabemos. Estos datos no son públicos, están en manos de las empresas y nadie les obliga a difundirlos. ¿Cómo vamos a conocer entonces la evolución de la pobreza energética? ¿Cómo podemos saber si la protección es eficaz o suficiente? ¿Cómo saber cuántos dramas humanos se están o no evitando? Tampoco se realizan estadísticas estatales sobre los casos que atienden los bomberos de hogares vulnerables cuyos sucesos están relacionados con la pobreza energética.

Ni la sociedad civil, ni la administración pública disponen de datos cruciales para evaluar el impacto de las políticas públicas, y en consecuencia, la percepción de las medidas que se implantan está sujeta a un uso interesado de los mensajes. Es decir, que cuanto menos información transparente tengamos, somos como sociedad más vulnerables a la desinformación y a la manipulación por parte de los grupos interesados, ya sean estos partidos políticos o grandes empresas. Urge que la segunda Estrategia contra la Pobreza Energética que en estos momentos elabora el Gobierno promueva una verdadera transparencia de datos y obligue a las empresas energéticas a publicar las cifras de los cortes de suministro desglosadas por municipio e incluso por barrio. Queremos saber a cuántas de nuestras vecinas les cortan el suministro y exigir medidas eficaces hasta que no quede ninguna. Nadie sin luz.