Por Ramón Alonso, miembro de La Comuna.

Desde hace tiempo, con intensidad creciente, algunos autodenominados expertos vienen afirmando que, si bien hubo una cruel dictadura al principio del franquismo, este finalizó como una dictablanda. Esta “inocente” hipótesis tiene como finalidad confundir a la opinión pública y dividir a los memorialistas, minusvalorando a unos perjudicados frente a otros, justificando las fases más duras del genocidio como una comprensible respuesta a los supuestos excesos cometidos por los republicanos, para afirmar que esa trágica época pasó hace mucho tiempo y que lo sucedido con posterioridad tiene mucha menos relevancia. Como veremos, se trata de opiniones sin fundamento alguno.

El gobierno franquista, mantuvo de hecho, pero con matices, una situación de estado de guerra durante su larga existencia. Finalizados los enfrentamientos militares, las actividades armadas continuaron contra la población inerme. En todo el país se usaron los mismos métodos anteriormente ensayados en los territorios ocupados: Incontables asesinatos llevados a cabo por “incontrolados”, detenciones masivas, con las correspondientes torturas y consejos sumarísimos que dieron lugar a miles de ejecuciones o de largas condenas, aplicación retroactiva de leyes, represalias contra familiares de los perseguidos y otras.

Con el tiempo, la frecuencia de estas prácticas, disminuyó para volver a intensificarse en los últimos años del dictador.

Franco, consciente de que no había sido elegido por el pueblo español y de que probablemente jamás lo seria, consagró la mayoría de sus esfuerzos a perpetuarse en un poder tan ilícitamente conseguido. Su primera prioridad fue la aniquilación planificada de sus presuntos enemigos, incluyendo entre estos, a sus familiares y amigos para neutralizar políticamente a toda la población. Para ello contó con la asesoría de la Gestapo. Tras la derrota nazi, con los servicios de la CIA.

La jerarquía fascista, sabía que para conservar sus privilegios necesitaba aplicar medidas económicas que la financiasen y medidas organizativas que mejorasen su eficacia. Con los apoyos mencionados, rápidamente construyeron los cimientos de un aparato de estado que impuso el terror generalizado como uno de sus pilares más sólidos. Para incrementar el rendimiento de esta potente maquinaria represiva se le dotó del amparo de un marco jurídico apropiado: El bando de guerra, las leyes de seguridad, de responsabilidades políticas, de represión de la masonería y el comunismo, de orden público o el decreto ley antiterrorista de agosto de 1975, que garantizaban la impunidad a todas sus actuaciones por brutales y criminales que estas fueren. Los resultados fueron cientos de miles de damnificados: asesinatos judiciales o extrajudiciales, heridos, torturados, encarcelados, desterrados, despedidos, inhabilitados o multados.

Por otro lado la política económica inicialmente aplicada generó tal hambruna que incluso causó asombro por su intensidad, extensión y duración en un país donde el hambre siempre había sido endémica en algunas regiones, y actuó sinérgicamente con la represión en sus efectos neutralizadores: cuando te estás muriendo de hambre, solo piensas en conseguir alimentos. No obstante, para acallar las posibles protestas, siempre estaban a mano los cuerpos policiales.

En resumen: El régimen se edificó sobre el hambre y la represión. El comportamiento de la dictadura siempre se caracterizó por su falta de escrúpulos, matando, encarcelando, traicionando o abandonando a quien fuesen necesarios para favorecer su propia permanencia en el poder. Derivó hacia posturas de “neutralidad” cuando los hitlerianos empezaron a perder la guerra para subordinarse servilmente a los intereses norteamericanos al final del conflicto.

También en el ámbito interno hubo adaptaciones: Como los gastos que originaba el mantenimiento de cientos de miles de presos políticos eran insostenibles, se dieron indultos y se implantó el trabajo forzado bajo condiciones inhumanas a miles de cautivos; para acabar con la penuria, el mercado negro y el hambre, se impuso un modelo económico basado en limitadas mejoras y en forzar la emigración de miles de personas.

Sin embargo, la línea maestra del régimen, eufemísticamente llamada “mantenimiento del orden público”, solo sufrió retoques menores para enmascarar su naturaleza e incrementar su eficacia: los tribunales militares se centran en los casos más graves, sin perder competencias para intervenir en los demás, como mostraría en 1975 el caso Huertas Claverías.

En 1963 se promulga la ley de orden público y se crean los tribunales y juzgados para ponerla en funcionamiento. Cuando la situación empeoraba, se recurría a los estados de excepción, que otorgaban todas las facilidades de actuación a las autoridades gubernativas.

En conclusión, habían cambiado algo para que todo siguiera igual. Solo se hicieron más selectivas las pesquisas policiales. Este marco legal estuvo vigente desde diciembre de 1963 al 4 de enero de 1977.

En este periodo, a pesar de los enormes riesgos, se multiplicaron las luchas obreras, las estudiantiles, las vecinales, las de mujeres y reaparecieron con fuerza las movilizaciones de las nacionalidades históricas. Como el franquismo consideraba cualquier reivindicación un problema de orden público, su respuesta fue la escalada represiva.

Desde 1968 hasta la muerte del dictador, más de 50 muertos a manos de los cuerpos represivos, los grupos “incontrolados” reinician su andadura de asesinatos; los heridos se contabilizarían por centenares. Ocho consejos de guerra con petición de 22 penas de muerte, de las que se ejecutaron 6. Los juzgados de orden público iniciaron 21.657 procesos por los fueron sentenciados más de 8.932 personas. Más de la mitad de sus causas, 11.494 se iniciaron en el periodo 74 – 76. Otros sancionados como los despedidos por motivos reivindicativos o políticos se contabilizan por miles.

A la muerte de Franco, el sistema conservaba sus rasgos identitarios más relevantes: La Brigada de Investigación Social (la policía política franquista) campaba a sus anchas, las actuaciones de Policía Armada y Guardias Civil mantenían su brutalidad, los tribunales militares transformaban retroactivamente algunos procesos ordinarios en sumarísimos. El Tribunal de Orden Público era incapaz de juzgar el imparable crecimiento del número de detenidos, mientras que la judicatura hacia la vista gorda ante todos los excesos. El 20N, lo esencial del régimen se mantenía. La falacia de un gobierno moderadamente autoritario regido por un anciano militar, solo responde a los intereses de los beneficiados por la dictadura.

Las decenas de miles de afectados prueban lo contrario, que sus políticas permanecían inalteradas, que los únicos cambios introducidos fueron para incrementar la eficacia de la represión, como dice el refrán, los últimos zarpazos de una fiera son los más peligrosos. La bestia fascista murió matando, con el agravante de que la enorme cantidad de damnificados en esta última fase no habían cometido ningún exceso: Solo reclamaban unos derechos democráticos internacionalmente reconocidos.

Aunque hay gran variedad de estudios publicados, los datos son fragmentarios por la magnitud de la tarea y las dificultades para conseguir documentación relevante. Esta problemática afecta severamente a la investigación sobre el papel de las mujeres en la lucha en el tardofranquismo, pues las fuentes documentales son escasas. Una cuantificación objetiva y documentada de los represaliados de estos últimos años es urgente y necesaria: Probaría inequívocamente la extensión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esas fechas.