El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, siempre ha acompañado la historia de la Humanidad. No podemos así decir lo mismo de la capacidad de las mujeres para decidir el cómo, el dónde, el cuándo. Tal vez porque al patriarcado, tan veterano como nuestra lucha por el control de nuestros cuerpos, siempre le costó reconocer que sólo nosotras podemos tener o no descendencia, y raudo y veloz se dispuso para que tal decisión se vetara a través de las ideas, la religión… lo que fuera para dotar de una mística a la maternidad más allá de lo biológico.

Hoy, tantos años después de que el movimiento feminista visibilizara que el derecho al aborto libre y seguro era mucho más que la opción de interrumpir un embarazo, ya que implica autonomía para las mujeres, nos acecha la misoginia de quienes pretenden repartirse el poder, la democracia, los derechos y las libertades al gusto de la clase social privilegiada, y sin contar con las mujeres. Porque nada vierte más odio hacia nosotras que trabajar y/o legislar contra nuestro derecho a decidir.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, en su art. 16, establece el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y el derecho a acceder a la información y a la educación que les permitan ejercer esos derechos. El Comité CEDAW, que vigila su cumplimiento, determina que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva a través de recursos disponibles y accesibles.

Con estos mimbres, y el hecho de que Francia en el 2024 nos diera la pista, llega el momento de dar el salto para reconocer el derecho al aborto desde la identidad intrínseca e individual de los Derechos Fundamentales de nuestra Carta Magna, porque estos también deben gozar de perspectiva de género. La STC 44/2023 ya advierte de que la autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo se vincula con su dignidad (art.10 CE), su vida (art.15 CE), y su derecho a la salud (art. 43 CE).

Estos artículos de la CE, como otros, precisan de su defensa colectiva con mirada feminista para ser universales, y, por tanto, su garantía desde lo público, lo que viene a ser radicalmente contrario a los obstáculos que sufrimos y que pervierten el uso de nuestro derecho haciéndolo imposible o inviable.

Si bien es cierto que tal obligación bien puede ser rectora de los principios informadores de la política social y económica de nuestro país relatados por la CE, y siendo esto deseable, también lo es que no podemos extraer la libertad de interrumpir un embarazo de nuestra dignidad y nuestra vida, y por ello de los art. 10 y 15 CE, a fin de que sean vinculantes para todos los poderes públicos, puedan ser tutelados ante los Tribunales Ordinarios y finalmente por el Recurso de Amparo.

La derecha, dentro y fuera de Europa, tiene la descarada pulsión de potenciar políticas natalistas a la vez que impiden el uso y destino de recursos públicos para una corresponsabilidad efectiva. Esto, y que cuando gobiernan aprueban sin reparos normas restrictivas, cuando no punitivas, del derecho al aborto, nos lleva a estas consecuencias: conducen a que no decidamos, que no seamos dueñas de nuestro destino, que no estemos en las carreras profesionales, en la competencia económica, y, por tanto, que se nos devuelva al lugar del que nunca debimos salir según el imaginario patriarcal: el espacio doméstico de reproducción y cuidado.

Para ser libres hay que ser iguales, entre nosotras, para que distintos factores de nuestras vidas no determinen la decisión de abortar o no; para que nuestra carrera vital no la condicionen los interrogantes que subyacen en el derecho a interrumpir un embarazo.

Nada hay que genere más consenso para lograr la igualdad que los servicios públicos, esa camilla sanitaria pública que universaliza la vida y las libertades con garantía de dignidad. Sin embargo, en este momento en el conjunto del territorito del Estado el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen realizando en clínicas privadas (con o sin financiación pública), lo que no sucede con ninguna otra prestación sanitaria y que supone una anomalía contraria a la igualdad. ¿Sucedería esto si se tratase de una prestación solo para hombres?

No es admisible ni democrático que los distintos circuitos administrativos que imponen las CCAA y sus servicios de salud, el nivel cultural o económico, la etnia o raza, la religión, si eres o no migrante, con o sin papales, si tienes red o no de apoyo, determinen si se hace efectiva, o no, la libertad de decidir sobre ti misma, sobre tu futuro o tu presente, o lo que es lo mismo, sobre quién eres y/o quién quieres ser.

Así, hay un empeño en someter nuestro derecho al aborto a mil y un obstáculos que se resuelven mayoritariamente con dinero, el vaya usted allí, allá, desplácese a otra provincia a otra región, siéntese y espere, pase por esa puerta con un enorme letrero donde pone IVE, el espere que sepamos qué profesionales sanitarios la atenderán, que igual desde lo público No, aún no, ahora sí, dónde voy. Porque interrumpir un embarazo y su penar depende también de tu lugar de residencia.

Lograr el reconocimiento del derecho al aborto en nuestro país ha sido una lucha de décadas de las mujeres. Permítanme un especial reconocimiento a las compañeras que en las CCOO incluyeron este posicionamiento en los documentos y prioridades del trabajo sindical como derecho irrenunciable e incuestionable. Con distinto escenario, hoy como ayer, las mujeres seguimos estando en la diana de la derecha global, muchas veces de forma explícita y otras de forma velada, con intención de atar nuestro futuro y la vida de nuestras jóvenes.

La riqueza va más allá de los dineros, contiene el reparto del tiempo y las condiciones de vida, y nada hay que pueda agrupar más al movimiento feminista que caminar juntas por la garantía de nuestras libertades.