Carlos Fernández Liria

Bajo el sol de agosto, unos cuantos signos extremos anuncian nubarrones. Algunos siglos de rapiña y terrorismo colonial han desembocado en un mundo en el que la mitad de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares diarios, al tiempo que las 84 mayores fortunas personales superan el Producto Interior Bruto de China y sus 1.200 millones de habitantes. El presidente del BBVA cobra 4,37 millones de euros (unos dos millones de pesetas diarias ) y tiene una indemnización por despido de 93,7 millones de euros; mientras tanto, la patronal ha exigido a Zapatero el despido gratis (el libre ya existe) y el PP se ha rasgado las vestiduras ante la intransigente negativa del Ejecutivo. Camps, en Valencia, va a habilitar un registro para dar identidad a los fetos y embriones; Berlusconi, en Italia, legisla para considerar delincuentes a los sin papeles y a todo el que les ayude, por ejemplo, alquilándoles una casa.

Este verano, los turistas han viajado a los hoteles de Senegal o el Caribe; mientras tanto, los senegaleses y los caribeños que visitan España pueden pasar el verano en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sea como sea que hayamos desembocado en estas polaridades surrealistas, el hecho es que este planeta se ha convertido, para la mayor parte de su población, en una trampa mortal. Centenares de millones de refugiados y desplazados viven en campos de concentración. Y la crisis está convirtiendo el sistema económico internacional en una nueva solución final para gran parte de la población mundial. Ahora que ese concepto ya queda lejos, no se entiende cómo la población alemana pudo durante tanto tiempo mirar hacia otra parte teniendo Auschwitz delante de sus narices. Pero Auschwitz no estaba más cerca que los CIE de Aluche, en Madrid, o de Málaga. Por supuesto, es verdad que los CIE no son campos de exterminio, pero son los síntomas terribles de un mundo que para millones de personas se ha convertido en un campo de exterminio. La decisión de Berlusconi de criminalizar la existencia de los pobres es, sin duda, fascista. Pero la situación en España no es tan distinta: aquí el inmigrante ilegal tiene derecho a existir, pero no a buscarse la vida. Y el artículo 318 bis de nuestro Código Penal también castiga con prisión cualquier género de colaboración con la inmigración ilegal. Por su misma situación de ilegalidad, el inmigrante es sujeto de una infracción administrativa (prevista en la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España) que conlleva como sanción la expulsión de nuestro país. Incluso para garantizar que dicha expulsión se pueda llevar a cabo, puede ser internado durante 60 días en un CIE, aunque penalmente no exista nada contra él. En Italia son considerados criminales y se les interna, aquí se les interna aunque no lo sean. Esta es la lógica europea.

Podemos mirar hacia otro lado, pero la realidad sigue ahí. Los inmigrantes internados en los CIE aseguran no haber recibido la asistencia de abogados de oficios. Esto sería una negligencia del aparato de justicia que acaba con la idea misma del Estado de Derecho. En general, son detenidos sin intérprete. Muchos han sido apaleados e insultados. Hay historias terribles en las que a veces se ha detenido y repatriado a inmigrantes separándoles de su familia. Algunas mujeres han pasado semanas en un CIE teniendo que dejar a sus hijos en la guardería. En estos centros, los inmigrantes aguardan como los turistas de un vuelo chárter a ser suficiente número para llenar un avión que les repatríe. Y en no pocos casos se les repatría a un país que no es el suyo, en el que aterrizan sin dinero ni recurso vital alguno. Es como si queriendo viajar a Londres uno se encontrara que le han dejado en Kabul, desnudo y sin ninguna posibilidad de demostrar su identidad. Las condiciones higiénicas de los CIE son peores que las de las cárceles. Muchos inmigrantes tienen que hacer sus necesidades en los patios; por la noche, en el lavabo de las celdas, porque permanecen cerradas hasta las ocho de la mañana. Estamos hablando de centenares de personas apiñadas, muchas de ellas enfermas, con dolencias que van desde el sida a la gastronteritis. No se ha habilitado ninguna plantilla de asistentes sociales. Se ha denegado la entrada a las ONG, incluso a Cruz Roja (que hasta ahora había entrado hasta en los campos nazis). ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y CEAR (Comité español de ayuda al refugiado) han tenido muy difícil cumplir con su papel. El motivo es que los inmigrantes no son fácilmente clasificados como refugiados. Todos ellos son, sin duda, refugiados de este mundo que se ha convertido en un matadero, pero no siempre cumplen con el protocolo del refugiado político que maneja la Cruz Roja. Aunque la verdad salta a la vista: esa gente no hace otra cosa que huir de un campo de concentración. Esto es lo que el capitalismo y el neoliberalismo han hecho de sus países. Cuando un campo de concentración es tan grande como un país, como un continente, incluso como un hemisferio, es fácil sucumbir a ciertos espejismos.

Nuestras leyes de extranjería han convertido Europa en un Auschwitz invertido en el que los verdugos nos rodeamos de alambradas para protegernos del exterminio generalizado. Es chocante que haya filósofos que llamen a esta realidad nada menos que “patria constitucional”. Los nazis celebraron los privilegios genéticos de su raza aria. Nosotros celebramos nuestros privilegios históricos genocidas y los confundimos con obras del Derecho Constitucional. Así acabamos creyendo que tenemos derecho a ellos. El resultado, por ahora, no está siendo muy distinto. Pero puede empeorar.

Carlos Fernández Liria es Profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid

Ilustración de Iker Ayestarán