El próximo 6 de septiembre se abrirá el nuevo año judicial y lo hará con la Justicia española más cuestionada que nunca. Tras sucesivos varapalos por parte de organismos internacionales que le han obligado a corregir sentencias, toca ahora el turno al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha calificado de "arbitraria e imprevisible" la condena impuesta al juez Baltasar Garzón en 2012 y que le imponía once años de inhabilitación. Aquello olía a vendetta y ahora se confirma.

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, está a tiempo de redactar de nuevo su discurso de apertura del año judicial y, en lugar de descargar toda la responsabilidad en los políticos por su gravísima irresponsabilisad bloqueando la renovación del Tercer Poder, mirar lo que se cuece en su propia casa. Ya no es sólo que los propios magistrados hayan aceptado sus renovaciones e, incluso, nuevos nombramientos fuera del plazo establecido, sino que tribunales como el Supremo están en tela de juicio por sus polémicas sentencias.

Las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son demoledoras, esableciendo que la condena a Garzón por intervenir las conversaciones en la trama Gürtel no se sutentó "en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida" por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976. Desde las Naciones Unidas se cuestiona, incluso, que el magistrado tuviera acceso a un tribunal independiente e imparcial.

No hay peor reproche a la Justicia que el que acaba de recibir, una vez más, el Tribunal Supremo. La situación es tan preocupante y, aparentemente, tan estructural que desde la ONU se insta al Estado español a emplear medidas correctoras para que no se repita algo parecido en el futuro. Dicho de otro modo, tenemos un problema con nuestra Justicia: ya no solo lo señalamos quienes la padecemos desde dentro, sino que han de venir de fuera a sacarnos los colores.

Resarcir ahora a Garzón, como solicita el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es un consuelo de perdedores y no resuelve el problema que debería ocupar un lugar central en la agenda política, mediática y social porque cuando se pierde la confianza en la Justicia se tambalea la misma Democracia, por mucho que haya quienes se empeñen en vestirla de plena. En vez de tomarse en serio la cuestión, jueces y políticos se pasarán la patata caliente hasta que ésta se enfríe, en espera de que llegue la siguiente, que ya les avanzó que no tardará demasiado en hacerlo.