La cepa británica ha evidenciado una vez más esa mezcla entre paternalismo y subestimación de nuestra inteligencia con que nos tratan los responsables políticos y sanitarios. De uno y otro lado se han ido escupiendo toda suerte de afirmaciones sin sustento alguno de datos, empleándolas como armas políticas (ofensivas o defensivas) más que con un fin informativo y de prevención.

El 11 de enero, el director del Centro de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón, aseguraba en rueda de prensa que el impacto de la cepa británica en España sería marginal. Entonces y a pesar de que en Alemania ya se plantearan extender hasta mayo las duras restricciones que impusieron para las Navidades precisamente por el miedo a la cepa británica, pensé que quién era yo para cuestionar al experto Simón. Lo que sí reproché, en cambio, es que no detallara en qué se basaba para hablar de "efecto marginal". No lo explicó.

Diez días después, Simón ha admitido que esta variante de COVID-19 podría ser una cepa dominante para mediados de marzo. De nuevo, no aclara en qué se basa, pareciendo que va a rebufo de otros colegas europeos. Así las cosas, no sorprende que las redes sociales anden cebándose con este experto, cuyo desgaste entre la opinión pública es muy significativo.

Sin embargo, Simón no es el único que patina cuando habla de la cepa británica. El 13 de enero, dos días después de que el director del CCAES minusvalorara la incidencia de la variante de Reino Unido, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), aseguraba que más del 70% de los nuevos contagios en Andalucía estaban motivados por la cepa británica. Una vez más, sin datos que respaldaran tal afirmación. Terminaría rectificando, indicando que ese 70% hacía referencia a la mayor capacidad de contagio que tiene esta variante.

Madrid es otra de las Comunidades Autónomas (CCAA) que más alarmas ha encendido por esta cepa. De hecho, su presidenta, Isabel Díaz-Ayuso (PP), ya acusó al gobierno el pasado mes de diciembre de permitir la entrada de la variante por Barajas. Cuando lo hizo, tampoco aportó datos. La verborrea irresponsable es más contagiosa que el propio coronavirus.

Y vamos llegando al quid de la cuestión: ¿cómo se detecta la variante británica? Pues no basta con hacer un test de antígenos, ni siquiera con una prueba PCR; así únicamente se detecta el positivo. Para determinar de qué variante se trata (incluida también la incipiente sudafricana), es preciso realizar una secuencialización. ¿Alguien en su sano juicio cree que se están secuencializando todos los positivos que tenemos? ¿Alguien siquiera cree que con la precariedad de recursos humanos de nuestra Sanidad Pública, cuyos técnicos de laboratorio apenas dan abasto para analizar las PCR, están secuencializando los casos más probables cuando tampoco se están realizando los rastreos como es debido (por falta también de rastreadores)?

A pesar de ello, los casos actuales de la cepa británica en España se cifran en unos 88, lo que representa menos del 5% de las infecciones. Para mediados de marzo, según Simón, este porcentaje podría saltar al 40% o 50%, lo que le daría el carácter de dominante. ¿En qué se basa, una vez más, para jugar con estos porcentajes? ¿Qué proyección de contagios totales maneja Simón para esas fechas? ¿Por qué no se proporciona a la ciudadanía toda la información?

Pedir explicaciones, un mínimo de fundamento en cada afirmación que hace un responsable político o sanitario, no es dudar de ellos, es querer conocer más, pero prefieren marcar la senda y que nos limitemos a caminar por ella. En la era de los datos, en eso que llaman en tecnología big data, menos información nos proporcionan quienes nos gobiernan, ya sea a nivel central, autonómico o local.