Como una suerte de triste premonición, el pasado uno de febrero escribía una columna titulada La corrupción deja a España en los huesos, en la que advertía cómo la normalización de la corrupción ha terminado por generalizar el mantra de "todos son iguales" en la política y obviar a la otra contraparte: el empresariado. Hoy sabemos que sale muy barato amañar licitaciones públicas durante más 25 años, sin ni siquiera cumplirse la pena impuesta.

Las grandes constructoras del país, las mismas que han estado implicadas en los mayores casos de corrupción de España, se han estado repartiendo y amañando las licitaciones públicas desde 1992. Hablamos de Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. Los hechos son de extrema gravedad y, a pesar de ello, la multa que se les impuso fue ridícula: apenas 200 millones de euros, una cantidad minúscula comparada con su enriquecimiento a base de dinero público. Es importante destacar que los amaños durante más de 25 años afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.

Ninguna persona decente entendió aquella condena y mucho menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la vendiera como histórica... histórica fue, pero por el insulto a la ciudadanía que suponía, especialmente a la que no cae en esa deriva de corruptelas a pequeña escala y tributa con tanto esfuerzo para que después lo roben las grandes corporaciones.

A la sanción económica se sumaba la prohibición de contratar con la Administración Pública durante un periodo de tiempo. Esa decisión, que la CNMC no concretó en su resolución, parecía paliar en parte el atropello de esa multa que, a efectos de estas empresas, era calderilla, por mucho que tuvieran la desfachatez de reclamar que se tuviera en cuentan el parón de la pandemia y su capacidad de pago. Otro insulto más a la decencia, a la inteligencia.

Este pequeño consuelo también se esfumado. La Audiencia Nacional ha decidido levantar este veto de contratación para que las constructoras puedan comenzar de nuevo su lucro al calor de los Fondos Next Generation, los fondos de recuperación de la UE. Si barato salía estafar durante más de un cuarto de siglo, ahora prácticamente es gratis. La impunidad de estas grandes empresas, que juegan al chantaje del empleo con los gobiernos de turno, es absoluta. Ya cuando la CNMC redactó su resolución, algunas de las constructoras como Dragados y FCC solicitaron "una sanción simbólica o reducida" por considerar que existía una "falta de precedentes", lo que a las infractoras les "habría impedido valorar la gravedad de su conducta". Además de corruptas, tratan a la ciudadanía como si ésta fuera estúpida.

La decisión de la Audiencia Nacional (AN) envía un mensaje desolador al pueblo, evidenciando el poder de determinadas empresas, que vampirizan al Estado de Derecho y parasitan las arcas públicas con la bendición del Poder Judicial. ¿En qué momento, de qué manera los magistrados de la AN han pensado que esta nueva resolución nos fortalece como democracia, mejora en modo alguno nuestra sociedad y ese compromiso tácito de remar juntos en la misma dirección? Más bien al contrario, parece una invitación a los cárteles y al saqueo de nuestros impuestos, esos que con tanto sudor, sangre y lágrimas cuesta en muchos casos pagar y que, cuando se hace, es para sustentar los servicios públicos, como la Sanidad, que ahora vemos infrafinanciados mientras las constructoras vuelven a llenarse los bolsillos.