Luis Suárez-Carreño, víctima del franquismo y querellante ante los tribunales de España y Argentina

Creo que no se ha comentado suficientemente la celebración, el pasado 31 de octubre, de un acto dedicado al ‘recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura’ convocado por el gobierno con presencia del presidente Pedro Sánchez y varios ministros y ministras, quizás porque ha sido un acto tan improvisado en su convocatoria como minimizado en su realización y difusión.

Aunque el título oficial de la efeméride es el que he citado en cursivas arriba -según la ley en la que se instaura esta fecha, es decir, la ley 20/2022 de Memoria Democrática, que entró en vigor el 20 de octubre- el acto se ha presentado mediáticamente como homenaje a las víctimas del franquismo, y su relevancia, más allá de su formato y proyección modestos, estriba en el hecho de que, increíblemente, haya tenido que transcurrir casi medio siglo (en concreto 47 años) desde la muerte del dictador para que el primer homenaje a sus víctimas tuviese lugar.

Como víctima del franquismo no convocada a -ni representada formalmente en- ese acto, me permito aquí expresar algunas opiniones que creo sí pueden representar a algunas otras víctimas.

Sobre la fecha

La fecha elegida -y sancionada por la citada ley- como día de las víctimas, es el 31 de octubre, por ser la fecha en la que se aprobó la vigente Constitución en el año 1978. Durante el proceso de elaboración y consultas de la ley, muchos colectivos de víctimas y memorialistas ya manifestamos lo inapropiada que resulta esa fecha: la aprobación de la Constitución no supuso ningún avance para los derechos de las víctimas del franquismo, sino la consolidación del ‘espíritu de la Transición’ y de la impunidad instaurada por la amnistía del 77, que entre sus secuelas supuso precisamente la invisibilización y discriminación de las víctimas del franquismo, perpetuadas desde entonces. Ni la Constitución hizo nada por las víctimas del franquismo, ni la Constitución constituye el horizonte político emancipador unánime de los proyectos e ideales por los que luchamos esas víctimas.

No está de más recordar que, por el contrario, muchas víctimas sufrimos la represión franquista luchando por reivindicaciones democráticas que precisamente son negadas por la Constitución; véase: el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas del Estado español, o la forma republicana de este.

Que el 31 de octubre se establezca como fecha, hace que esta se convierta más en un homenaje a la Constitución que a las víctimas; en definitiva, otra forma de ningunear a las víctimas del franquismo, y de autobombo del régimen del 78.

Sobre las víctimas convocadas

En dicho acto de homenaje, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, afirmó en su discurso que a partir de este día, todas las víctimas son por fin reconocidas y recordadas, tras tantos años de olvido.

Sin embargo, la realidad es que muchos colectivos de memoria y de víctimas con una larga trayectoria de defensa de los derechos a la verdad, justicia y reparación por los crímenes de guerra y de lesa humanidad del franquismo, hemos sido discriminadas no siendo invitados sin explicación alguna a ese acto. Hay que recalcar que se trata de colectivos, como La Comuna, Todos los Niños Robados son también mis Niños (su presidenta, Soledad Luque, ha publicado sobre esta exclusión un excelente artículo ‘De invitaciones y ausencias’ en El Salto, https://www.elsaltodiario.com/tribuna/memoria-historica-invitaciones-ausencias) o la Plataforma Contra la Impunidad -por citar alguno- perfectamente reconocidos y con presencia pública.

¿Por qué no se han incluido representantes de estos colectivos en este acto? ¿Es una decisión discriminatoria deliberada, o una simple negligencia? ¿Cuál ha sido el criterio aplicado en la selección de colectivos invitados? Yo no puedo aventurar respuestas, pero lo que no ofrece duda es que a falta de explicación oficial esa incomprensible irregularidad por parte del gobierno constituye un acto de parcialidad y arbitrariedad impresentable.

De esta forma, el primer paso que el gobierno da en la aplicación de una ley, que, tras 44 años de olvido e injusticia, finalmente reestablece un mínimo de reconocimiento para las víctimas del franquismo, ha constituido un desprecio y ofensa injustificados hacia una parte de estas.

¿Homenaje del Estado o del gobierno?

El acto de marras suscita muchos interrogantes, uno de ellos es el del sujeto del homenaje: ¿por qué ha sido un acto convocado por el gobierno y no por el parlamento, tal como son los homenajes más destacados a las víctimas del terrorismo?

Las víctimas del franquismo nos merecemos el reconocimiento, largamente procrastinado, no de este o aquel gobierno, sino del Estado mismo; es el sistema democrático en su conjunto, representado por aquella institución a la que se suele atribuir la soberanía popular, el que ha de reconocer la contribución de la resistencia antifranquista al fin de la dictadura, y la que ha de honrar a las personas que como resultado de esa lucha sufrieron prisión, depuración, expolio, torturas, exilio, represalias laborales, etc.

Es, pues, en sede parlamentaria donde las víctimas del franquismo debemos ser reconocidas, para que, ya de paso, todos los representantes parlamentarios se vean obligados a retratarse a la hora de manifestar la solidez de sus convicciones democráticas y, por lo tanto, antifranquistas, así como su grado de oportunismo e hipocresía.

El homenaje se ha celebrado, por lo demás, en un auditorio de segunda categoría y con poco ruido y anuncio, como si fuera un trámite obligado con el que salir del paso.

¿Y el jefe de Estado?

Hay una ausencia muy significativa en este acto que ha pasado totalmente desapercibida, o al menos no he visto señalada en ninguna reseña: la del jefe del Estado, Felipe VI, ausencia que contrasta llamativamente con el protagonismo de la Corona en muchos de los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo, particularmente los que tienen alcance estatal.

Ante esta ausencia, sin otras posibles explicaciones como la incompatibilidad de fechas por eventos coincidentes (el Mundial de Qatar, por ejemplo, no había empezado aún, por lo que Felipe VI no se hallaba blanqueando a los sátrapas de aquel emirato con motivo de jalear a nuestra selección) caben varias explicaciones: ¿Será su ausencia un acto de discreto respeto del rey hacia los sentimientos antimonárquicos de la mayoría de las víctimas del franquismo? ¿O más bien será que al rey le traen al pairo las víctimas del franquismo? ¿En el primer caso, es decir, en el del autoborrado-por-no-ofender, no podría haber eliminado la sospecha de la segunda interpretación mediante un comunicado u otro gesto de saludo y adhesión? Vale, de acuerdo, son preguntas retóricas, la respuesta es bien sabida.

A mi juicio esta ausencia es una de esas aparentes obviedades que cuando uno las mira dos veces dejan de resultar tan obvias: ¿Es normal que por ser la mayor parte del antifranquismo antimonárquico el rey deba pasar de las víctimas del franquismo? ¿No nos venden la monarquía como ese régimen que nos representaría a todos/as por igual, independientemente de nuestras posiciones políticas? ¿Y si también nos la venden como el no va más de ‘democratismo’ y apego a los derechos humanos, cómo es que no aparenta interés alguno por las víctimas de una dictadura sanguinaria?

De nuevo, sin respuestas por mi parte, solo constatar que el resultado práctico lleva a concluir que para el rey siguen existiendo víctimas políticas de primera (aquellas a cuyos homenajes él acude) y de segunda (aquellas a las que ignora); él tendrá que explicar por qué.

Y, además, con la discrecional selección de colectivos que ha aplicado el gobierno en el acto del 31 de octubre, aparecen ahora las víctimas de tercera, entre las que me encuentro.

Una cosa es autoexcluirse y otra que nos ignoren o nos excluyan

Es muy distinto que los colectivos memorialistas republicanos o al menos antimonárquicos optásemos o no, en su caso, por participar en un acto de homenaje presidido por el rey, a que este se borre o pase olímpicamente de un evento de la notable relevancia simbólica y política de este homenaje en términos de valores democráticos y antifranquistas, y de restitución de la dignidad de las víctimas de la dictadura.

Del mismo modo, y con independencia de la posición de cada colectivo de víctimas respecto a la fecha o a otros aspectos de la celebración, resulta impresentable que el gobierno haya establecido filtros discriminatorios según criterios que no se han hecho públicos.

Un mal precedente

Quede claro que no cuestiono en absoluto la intención democrática a la que el acto del 31 de octubre responde, resulta del todo necesario y de justicia el reconocimiento a las víctimas del franquismo; el acto por otra parte, ha constituido sin duda un alivio y elemental reparación para los muchos colectivos y personas que fueron homenajeadas en él, a las cuales desde aquí también expreso mi incondicional solidaridad.

Lo que no me impide afirmar que siendo el acto del 31 de octubre uno de los primeros pasos que da el gobierno en la aplicación de la flamante ley de Memoria Democrática, ha dado lugar a un acto improvisado, institucionalmente jibarizado, y a un primer traspiés de apariencia sectaria con respecto a diversos colectivos tanto de víctimas como de lucha por la memoria democrática.

¿Será esta la tónica a seguir en la aplicación del resto de medidas e instrumentos previstos en la ley -como el Consejo de la Memoria Democrática-, o se aplicarán principios elementales de participación y transparencia, con la necesaria dignidad institucional y política, sin discriminaciones ni arbitrariedades?