Por Pablo Mayoral, activista de La Comuna

“Como si la creencia en un ser supremo no se correspondiera aquí con un temor reverencial más positivo ante las fuerzas de orden público, igualmente omnipotentes”

Luis Martín Santos. Tiempo de silencio.

La dictadura franquista fue un régimen criminal, surgido de la violencia más brutal. Crímenes y violencia que ejercieron de forma generalizada los responsables de esa dictadura durante más de cuarenta años, con leyes que afectaban al conjunto de la población y con fuerzas represivas que impedían el ejercicio de los derechos democráticos más elementales.

Parece que algunos historiadores, en un afán de añadir datos poco conocidos a los crímenes de la dictadura y resaltar sus especificidades, se olvidan del contexto general, como se dice coloquialmente, el árbol no les deja ver el bosque.

Particularmente, este sistema de segregación de los asesinatos y crímenes de la dictadura está siendo muy manido en lo que se ha venido en llamar la Transición. Se habla de 134 asesinatos acreditados, perpetrados por las fuerzas represivas del régimen entre 1975 y 1982, o sea por la violencia policial durante la transición.

En estos relatos se segrega los asesinatos de las bandas parapoliciales y fascistas como si no fueran parte del sistema represivo de la dictadura cuando, en algunos casos, por poner en marcha estas bandas criminales han sido incluso juzgados y condenados altos responsables del gobierno en la Transición.

Al establecer, por ejemplo, categorías tales como la de “gatillo fácil”, se elimina el agravante de alevosía y se olvida de manera intencionada que los crímenes formaban parte de un plan establecido y milimétricamente llevado a cabo. Es como si se pretendiera hacer una distinción entre las personas que murieron gaseadas en los campos de concentración nazis, y las que murieron en esos campos por hambre, agotamiento u otras enfermedades, para así intentar blanquear a sus asesinos.

Está claro que Angel Almazán fue aporreado hasta la muerte en el transcurso de una manifestación que propugnaba la abstención en el Referéndum del 15 de diciembre de 1976. Lo que no parece tan conocido es que en noviembre de 1976, es decir, unos días antes de ese salvaje y cruel asesinato, se entregó a la policía un manual en donde se recogía la siguiente afirmación “la represión no alcanza su fin si es blanda; se debe actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas”. Esa frase fue incluida en el texto de procesamiento de Martín Villa, imputado en la causa por 4 asesinatos por la jueza argentina María Servini.

Por lo tanto, la muerte de Ángel Almazán no constituye un hecho aislado, fruto de una acción desafortunada, sino un crimen cometido con premeditación, alevosía, en banda y con superioridad manifiesta de armas capaces de producir la muerte de los manifestantes. Fue un crimen cometido por un régimen dictatorial que actuaba reprimiendo a toda la población.

De la misma manera, el asesinato a sangre fría de Arturo Ruiz el 23 de enero de 1977, por parte de unas bandas fascistas, creadas y espoleadas por el régimen franquista, no se produce de forma ocasional y fortuita, sino que forma parte de la represión del régimen contra una manifestación en defensa de la Amnistía y por la salida de la cárcel de los presos antifranquistas. Esa manifestación fue prohibida y salvajemente reprimida por la policía armada disponible en ese momento en Madrid. La represión fue ejercida contra todas aquellas personas que osarán ese día salir a la calle a pedir esa reivindicación, ejerciendo su libertad de expresión y de manifestación. Esas bandas fascistas eran el complemento macabro de una violencia específica y perfectamente planificada en los despachos del Ministerio del Interior dirigido por Martín Villa. También está recogido en el procesamiento de Martin Villa la circular que este tipo envió a los gobernadores civiles a finales de 1976: “la petición de amnistía en todas sus variantes no podrá volver a ser objeto de ninguna reunión o manifestación”.

Un día después, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz murió Mari Luz Nájera, a manos de la misma Policía Armada.

Recientemente se ha celebrado en Barcelona, organizado por Arran y al que tuve el honor de asistir, un homenaje a Gustau Muñoz, quien fue asesinado a tiros por la Policía en una de las manifestaciones de la Diada de 1978. Esta manifestación en la que participó Gustau fue prohibida por el Gobierno Civil.

Asimismo, el día 10 de febrero de 1980, en Vallecas, fue asesinado por la extrema derecha Vicente Cuervo, en parecidas circunstancias al asesinato de Arturo Ruiz, esta vez fue durante la protesta de la población vallecana contra esas bandas fascistas, espoleadas y defendidas por la misma policía. De la misma manera que en 1977 en el caso de Arturo, los asesinos de Vicente no fueron localizados, esta vez ni siquiera se les identificó.

Por otro lado, establecer que las víctimas han de reunir determinados requisitos para acceder a la JUSTICIA es una falacia más

Pensar, por ejemplo, que los jóvenes del caso Almería, Luis Cobos, Luis Montero y Juan Mañas fueron simplemente asesinados por error y que no forman parte de las victimas directas de la Dictadura Franquista, porque en el momento de ser asesinados no ejercían ningún actividad concreta de lucha por la conquista de los derechos democráticos, es simplemente esperpéntico. Precisamente estos asesinatos, por su crueldad, demuestran claramente la verdadera catadura de algunos de los cuerpos represivos, y el régimen de impunidad con el que actuaban durante la dictadura, en vida el genocida Franco o en los años de dictadura y transición, una vez muerto el dictador. Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció (el 2 de julio de 1976): “que toda la información relacionada con torturas cometidas por miembros de las Fuerzas de Orden Público (F.O.P.) en el ejercicio de sus funciones, pasaba a tener la consideración de carácter reservado”. Una vez más se aprecia el plan preestablecido en todas las instancias, incluida la judicial.

Además como en la mayoría de los asesinatos de la llamada Transición, en el caso de la tortura y muerte de estos tres jóvenes, la campaña mediática de calumnias, mentiras y desprestigio de los tres asesinados fue generalizada. Aún hoy el desconocimiento de la verdad de lo ocurrido en aquella salvaje represión es patente en muchos lugares y a niveles mayoritarios de la población.

Asimismo, las familias, el abogado de la acusación particular y los periodistas que investigaban el caso, recibieron todo tipo de amenazas y acoso por parte de autoridades e “incontrolados” que actuaban al mandato de la estructura dictatorial que todavía era muy notoria en aquellos años en Almería.

Estamos asistiendo a una banalización de la las consecuencias criminales de la Dictadura Franquista. Crueles torturas y asesinatos efectuados con enorme saña, alevosía, orquestados en banda con apabullante y numerosa superioridad numérica, con abundante armamento y efectuadas contra personas indefensas, se quieren hacer pasar como la excepción y no la norma.

Está en juego acabar con la impunidad de la Dictadura Franquista, que imperó durante 39 años en vida del genocida Franco y después de su muerte, en la Transición.

He hecho referencia a los asesinatos de algunas personas a las que recientemente he recordado en diversos actos con sus familiares y amigos, hay muchísimos más y todas y todos ellos merecen un reconocimiento particular y específico, como asesinatos de Lesa Humanidad. No pararemos hasta conseguirlo.