En este tiempo, me he encontrado con más de una mujer que se ha sentido aliviada cuando le hemos dicho (o le he dicho de forma personal): “lo que te ha pasado es violencia sexual”. A veces, la violencia sexual es evidente. Otras, no tanto, cuando se ejerce de forma online o cuando tenemos asumido (incluso entre nosotras) el mensaje de “accede, no seas una mojigata, mira que eres estrecha…”. Sólo cuando pones nombre y apellidos a lo ocurrido, asumir que eso no fue normal sino una agresión frente a tu consentimiento e intimidad, puedes empezar el proceso de recuperación. Por eso es tan importante el reconocimiento, y por eso es prioritario y urgente el desarrollo de la ley de libertades sexuales.

Porque la violencia sexual impregna todo. Desde su máxima normalización dentro de las relaciones de pareja, donde suceden violaciones que sus víctimas no denuncian por las circunstancias, al hecho de que las mujeres que han sufrido violaciones y agresiones sexuales se han visto marginadas por el sistema.

Ellas no han sido reconocidas por ley como víctimas de violencia machista. Ellas no han tenido la misma red de asistencia ni apoyo. Ellas han sido las más juzgadas e incomprendidas porque la cultura de la violación y sus mitos siguen ahí. Todo ello, en un contexto donde las violaciones grupales han aumentado, porque violar se ha normalizado hasta considerarse un acto de ocio, porque nos ven como objeto y carne, no como personas.

Por eso a estas mujeres se les debe una ley a la altura de las circunstancias, porque vamos ya tarde. Debe ser un aviso a los agresores, una alerta de que ya no hay silencio ni impunidad. Que esto se acabó. Porque hemos llegado a 2020 con un convenio de Estambul firmado por el Estado español y sin aplicarse. Porque justo por ese retraso se ha sometido a víctimas como la de La Manada, y a otras, a luchar y luchar en los tribunales a más altas instancias lo que otros les negaban: su palabra y su reconocimiento.

Por no cumplir con nuestra obligación como Estado se ha estado desatendiendo a estas víctimas, por no reconocer la violación en base al consentimiento, que sí se ha había hecho ya en otros países europeos. Por no cumplir hemos abierto debate en algo que no lo tiene porque está recogido en el Convenio, y hemos tenido que soportar declaraciones vomitivas como “¿ustedes dicen sí sí hasta el final?”, en palabras de Cateyana Álvarez de Toledo. Y todo esto, por esa normalización cotidiana que impregnan todas nuestras violencias, porque “así ha ocurrido toda la vida”.

Sólo porque estas víctimas han hablado y solo porque estas mujeres agredidas han denunciado, el sistema político ha empezado a ponerse las pilas. El informe sobre violencia sexual de Amnistía Internacional ya alertaba de que todas las mujeres víctimas de su estudio afirmaban que no volverían a denunciar, si hubiesen sabido lo que les iba a acarrear. Y eso un Estado democrático no lo puede permitir.

Y luego, les queda el proceso de recuperación, en un Estado que tampoco ha cumplido como debe, considerándolas víctimas de segunda. No tiene justificación que el Ministerio de Hacienda haya rechazado el 84% de las ayudas de terapia a víctimas de delitos sexuales entre 2000 y 2018, y hablamos de unas ayudas que no superan ni los 800 euros para tratamiento psicológico. Y ojo, porque si ya el hecho de convivir con esa situación es doloroso, el sistema te pide que además adjuntes un “informe médico forense que acredite que existe daño mental” (vaya a ser que te lo inventes), porque ya sabemos a que a nosotras, a las mujeres, no nos creen con solo nuestro testimonio.

Necesitan ayuda las 24 horas (como se prevé en la ley), pero necesitan que no se las margine y que, como indica el convenio de Estambul, esos agresores cumplan con programas de terapia específicos, o al final llenaremos la cárceles de agresores que al salir seguirán violando, y entrarán otros nuevos que no han sido educados en el NO violar.

Los machistas podrán seguir pataleando, podrán seguir mostrando su rabia e ignorancia sobre el consentimiento y negando las agresiones sexuales. Pero que no se nos olvide la motivación de esta ley, porque a las víctimas de violencia sexual le debemos todo.