La vivienda contra la política del miedo

Durante años, las derechas europeas han conseguido imponer con notable éxito el terreno sobre el que se desarrolla la disputa política. Inmigración, fronteras, seguridad, identidad, delincuencia. No importa demasiado que los datos acompañen o no siempre la percepción de amenaza. Lo decisivo ha sido conseguir que la conversación pública se organice alrededor de esas cuestiones. Quien determina de qué se habla tiene ya una parte importante de la batalla política ganada.

Por eso lo que está sucediendo estos días alrededor de la vivienda merece ser observado con atención. No solo porque decenas de miles de personas hayan vuelto a las calles de Madrid, porque la protesta se haya extendido a numerosas ciudades españolas o porque las tiendas de campaña hayan regresado a la Puerta del Sol. La movilización desencadenada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha convertido un caso particular en el símbolo de un problema colectivo. Las organizaciones de inquilinos han convocado protestas a lo largo y ancho del Estado y estas han sido secundadas por gran cantidad de gente, y esta es la presión que ha obligado al Gobierno a reaccionar con nuevas medidas sobre desahucios y contratos de alquiler. Por primera vez en mucho tiempo parece abrirse la posibilidad de disputar el eje sobre el que se organiza el malestar. Porque malestar hay. La cuestión es quién consigue explicarlo y ofrecer soluciones.

Durante los últimos años, la derecha radical ha ofrecido una explicación fundamentalmente identitaria. Si tu barrio cambia, si los servicios públicos funcionan peor, si tienes dificultades para acceder a determinadas prestaciones, si sientes que has perdido el control sobre tu vida, alguien te dirá que el problema está en la inmigración, en la inseguridad o en unas élites progresistas más preocupadas por las minorías que por la mayoría social. El movimiento es extraordinariamente eficaz porque transforma problemas distributivos en conflictos identitarios.

En este sentido, la vivienda permite recorrer el camino inverso. Cuando una persona dedica una parte creciente de su salario a pagar el alquiler, cuando un joven de treinta años no puede abandonar la casa familiar, cuando una familia descubre que la renovación de su contrato supone varios cientos de euros adicionales al mes, resulta más difícil convencerla de que su principal problema es el vecino extranjero. El conflicto vuelve entonces al terreno de la distribución. Quién tiene la propiedad. Quién fija los precios. Qué capacidad tiene el Estado para intervenir. Qué derechos deben quedar fuera de la lógica estricta del mercado. Y eso modifica profundamente la conversación política.

No es casualidad que algunos de los fenómenos políticos urbanos más interesantes de los últimos tiempos hayan aparecido precisamente alrededor del coste de la vida. Nueva York es un ejemplo evidente. Zohran Mamdani construyó buena parte de su campaña alrededor de una idea extraordinariamente sencilla: hacer que la ciudad volviera a ser asequible para quienes viven y trabajan en ella. Congelación de alquileres estabilizados, transporte y cuidados, políticas que trasladaban la discusión desde las grandes abstracciones ideológicas hacia las condiciones materiales de la vida cotidiana.

Algo parecido acaba de suceder en Berlín. Die Linke obtuvo el 25,7% de los votos y se convirtió en primera fuerza en las elecciones del 20 de septiembre. La vivienda ocupó el centro de su campaña. No partía de cero. En 2021, una mayoría de berlineses había apoyado en referéndum la socialización de las viviendas de las grandes corporaciones inmobiliarias; Die Linke hizo de la aplicación de aquel mandato uno de los elementos centrales de su propuesta política.

Nueva York, Berlín y Madrid son realidades distintas y sería absurdo pretender construir una fórmula universal a partir de ellas. Pero comparten algo importante. Muestran que existe un electorado que puede movilizarse cuando la política vuelve a hablar de las condiciones materiales de existencia. Y cuando es posible traducir esa movilización en lucha política.

Y eso explica también el nerviosismo que estamos viendo estos días en el bloque de la derecha. La reacción ante las protestas de Madrid resulta especialmente significativa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno el desalojo de la acampada de Sol, mientras grupos de ultraderecha se han organizado en redes sociales para acudir a la plaza y enfrentarse a los activistas. Lo relevante no es solo el episodio concreto, sino el marco que intenta construirse que no es otro que el de transformar una protesta sobre vivienda en un problema de orden público.

Nada nuevo. Es una operación política conocida. Cuando no se quiere discutir sobre la reclamación, se discute sobre quien reclama. Ya no hablamos del precio del alquiler, de los desahucios o de la imposibilidad de emanciparse. Hablamos de acampados, radicales, molestias, ocupación del espacio público, seguridad o limpieza.

La paradoja es evidente. Una derecha que durante años ha afirmado representar el malestar de “la gente corriente” comienza a mirar con sospecha a esa misma gente cuando se organiza alrededor de reivindicaciones que cuestionan determinadas relaciones económicas. El ciudadano indignado es celebrado cuando protesta contra los impuestos, la inmigración o el Gobierno. Se vuelve sospechoso cuando protesta contra el precio de su alquiler.

Las derechas han comprendido mejor que las izquierdas que la política contemporánea se libra también en el terreno de las emociones y de la construcción del conflicto. Han conseguido transformar inseguridades económicas reales en inseguridades culturales. Frente a ello, buena parte de la izquierda ha respondido durante demasiado tiempo corrigiendo datos, apelando a valores o denunciando los excesos discursivos de sus adversarios. Pero difícilmente se combate una narrativa política con una hoja de Excel.

Así, la vivienda ofrece algo diferente porque permite reconstruir un conflicto reconocible alrededor de una experiencia cotidiana. No exige explicar primero una teoría. Se entiende cuando llega el recibo del alquiler. Esto no significa que exista automáticamente una mayoría progresista esperando detrás de cada protesta. Ni que los problemas de vivienda puedan resolverse mediante consignas sencillas. Existe un debate real sobre oferta, construcción, regulación, propiedad, seguridad jurídica y parque público que ninguna fuerza política responsable debería eludir. Tampoco significa que las cuestiones migratorias o de seguridad vayan a desaparecer. Significa algo más elemental: que el eje de la conversación puede moverse.

Y quizá eso sea precisamente lo que más inquieta. Durante años, la derecha radical europea ha crecido preguntando quién pertenece a la comunidad y quién queda fuera, véase en este punto las declaraciones meridianas del diputado Quero. La vivienda, sin embargo, introduce otra pregunta: quién puede permitirse vivir en ella. Y cuando esa pregunta ocupa el centro, cambian los actores, cambian las responsabilidades y cambia también el adversario político. El problema deja de ser quien llega desde fuera y empieza a ser qué tipo de sociedad estamos construyendo dentro.

Por eso la batalla de la vivienda es mucho más que una batalla sobre la vivienda. Es una disputa sobre cuál será el conflicto político de los próximos años. Sobre si nuestras sociedades discutirán fundamentalmente acerca de fronteras e identidades o volverán a hacerlo sobre salarios, alquileres, servicios públicos y derechos sociales. En definitiva, sobre si el miedo seguirá mirando hacia abajo o empieza a mirar hacia arriba.