La vivienda precisa decisiones políticas contundentes

En 1988 Ricardo Utrilla, director por entonces de Cambio 16, nos encargó un informe sobre los artículos de la Constitución que se incumplen sin pudor alguno. Eran y son muchos, pero entre ellos destacaba –y sigue destacando- el número 47, donde se dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias para establecer las normas pertinentes que hagan efectivo este derecho.” Andaba yo entonces por los 35 años de edad y pagaba mi hipoteca al 18 por ciento de interés. La especulación y el desmadre inmobiliario lo pilotaban corruptos que se forraban a la luz del día, y tal abuso continúa siendo práctica habitual en buena parte del sector cuatro décadas después. Ni el bipartidismo ni los gobiernos de coalición le han metido nunca mano a este asunto con una mínima contundencia. En según qué casos (gobiernos de González, Aznar o Rajoy) parece claro que no quisieron. Zapatero tampoco resolvió nada y en cuanto a Sánchez… qué quieren ustedes que les diga!Aunque los intereses de las hipotecas andan ahora más bajos que hace tres décadas, los precios de los pisos son mucho más prohibitivos y los sueldos se han quedado escuchimizados. La generación de mis hijas lo tiene bastante peor aún que la mía, como la semana pasada se ocupó de denunciar en televisión Irene Escolar, actriz de 35 años a la que no le falta el trabajo y, aún así, no solo no puede plantearse comprar un piso sino que a veces tiene problemas hasta para pagar el alquiler, según confesó a David Broncano. Es importante que estas cosas empiecen a hablarse en el prime time de la tele. Ya tocaba, porque hasta ahora el foco se ha estado poniendo sobre todo en problemas que son mentira, como el de los okupas, que solo afecta al 0,06 por ciento del parque de inmuebles. Se puede, y se debe, hablar de vivienda sin perder el sentido del humor y sin crear falsas alarmas. Hay que coger de una vez el toro de la especulación y de los abusos por los cuernos, y ojalá estos aldabonazos contribuyan a que la gente empiece a moverse.

Como ha escrito Daniel Bernabé, “el mercado de la vivienda es ineficiente porque su objetivo no es proporcionar a las personas un sitio donde vivir, sino maximizar una inversión de manera especulativa sin importar el daño social que esto provoca”. La Administración, los gobiernos, no pueden continuar poniéndose de perfil ni perdiéndose en reproches eternos sobre a quién corresponden las competencias. Igual hay que intervenir como se hizo con la energía y dejarse de milongas. El precio de la vivienda no va a ser más accesible porque se construya más, eso no ha ocurrido jamás ni ocurrirá tampoco ahora, porque quienes manejan los hilos del sector inmobiliario lo regulan desde siempre a su antojo.

Si a eso le sumamos políticas insolidarias como las que practica la Comunidad de Madrid, tenemos entonces el cóctel explosivo perfecto. Según datos de Fotocasa, entre agosto de 2023 y agosto de 2024 el alquiler en esta comunidad subió nada menos que un dieciocho y medio por ciento, lo que sitúa ya el precio medio por encima de los veinte euros al mes cada metro cuadrado. Traducido: doce mil euros mínimo al año por un piso de apenas cincuenta metros, ¡viva la libertad!

La semana pasada quedó demostrado en el Congreso de los Diputados que la derecha continúa sin tener ningún interés en arreglar esto. PP, Vox, UPN y Junts impidieron con sus votos la posibilidad de tramitar una proposición de ley para modificar la ley de Arrendamientos Urbanos y limitar tanto el alquiler de temporada como el de habitaciones. Traduzcamos de nuevo: se votaba si es aceptable que a una persona joven le puedan pedir mil euros por una habitación, cobrarle los gastos de la inmobiliaria y echarle al cabo de once meses. Y ha salido que sí. Gran ruina para los jóvenes de 20, 30 y hasta 40 años, pero el problema es Venezuela. Como se ha preguntado en redes Juan José Millás, “¿puede un país en el que la vivienda es un bien de mercado, inaccesible para la mayoría, pasarse un mes o dos tratando de decidir, como prioridad absoluta, si un país equis es una dictadura o una democracia?”

Estos mismos políticos rancios y frentistas a quienes las dificultades que los jóvenes tienen para acceder a una vivienda les importa un pimiento han conseguido, merced a la desvergonzada labor de sus palmeros mediáticos, situar además la inmigración como primera preocupación de la ciudadanía. Gabriel Rufián lo ha resumido: “el peligro es el rico que llega en yate o en avión privado para comprar veinte pisos y ponerlos a dos mil pavos al mes, no el que viene en cayuco o en los bajos de un camión”. Pues aún así, si nos atenemos a los sondeos de opinión, parece que hay más gente, incluso joven porque sin ellos no saldrían las cuentas, que anda más preocupada por la inmigración que por conseguir un sueldo digno que les ayude a independizarse, o alquileres accesibles que les permitan tener vida propia ¿Alguien entiende algo?