Vivir en el rural aumenta el riesgo de sufrir violencia machista (y de que sea silenciada)

De las mujeres del rural (y de la vida en el rural, en general) se pueden decir muchas cosas desde el desconocimiento, el cliché, y hasta desde el romanticismo más ingenuo que habla de sociedades matriarcales dirigidas por hembras fuertísimas que todo lo gobiernan con puño de acero o amor infinito, convertidas en superheroínas que se echan el campo y la casa al lomo sin rechistar. Del machismo en el rural, sin embargo, se dice poquísimo porque esto supondría, dirán algunos, "estigmatizar", aunque machismo hay en todos lados y denunciarlo siempre es poner en jaque un orden establecido que oprime a las mujeres. En Galicia, casi todos venimos del rural. Yo también vengo del rural y del rural me fui muy joven convencida de que no encontraría allí mi lugar, no por falta de amor a la tierra, que me sobra, sino porque siempre sentí que la libertad de las mujeres todavía es más frágil cuando tu anonimato no está garantizado (en los pueblos todos se conocen para bien, y para mal) y el qué dirán es ley. 

En veinte años el rural ha cambiado y evolucionado bastante, los hombres han cambiado y evolucionado un poco, y las mujeres han cambiado y evolucionado muchísimo, pero el factor territorial sigue siendo determinante en la manera en que se percibe, se vive y se enfrenta la violencia machista. Así lo asegura FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Galicia, que acaba de presentar un trabajo interesantísimo en donde se recogen las opiniones y experiencias sobre la violencia machista padecida por las mujeres del rural que pone datos a una realidad tremendamente silenciada. Desde el año 2020, el 33,6% de las víctimas de violencia de género y el 47,36% de las víctimas de violencia vicaria del conjunto del Estado vivían en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Unas cifras más terribles aún si tenemos en cuenta que en esos núcleos reside únicamente el 17% de la población total. Además, seis de cada diez mujeres encuestadas conoce directamente algún caso de violencia de género pero en menos de la mitad de ellos existe denuncia. Entre los motivos que las mujeres alegan para no pedir ayuda están el miedo a perder a sus hijos (82%), la dependencia económica (80%), la vergüenza y la presión social (73%) y el miedo a no ser creída (67%). Además, siete de cada diez opina que la justicia actúa lentamente, el 90% piensa que las víctimas no tienen apoyo suficiente de las administraciones y el 63% considera que la denuncia no garantiza la protección real.

En muchos casos, vivir en el rural supone no contar siquiera con un Centro de Información a la Mujer (en Galicia, solo un tercio de los municipios cuentan con uno), ni con ningún recurso de información o lugar en el que poder denunciar o refugiarse. La falta de servicios de proximidad en contextos en donde el desplazamiento en coche es casi obligatorio empuja a muchas de ellas a vivir situaciones de maltrato permanentes, "toda la vida" aseguran algunas encuestadas. Y muchas de las que se atreven a dar el paso acaban siendo asesoradas directamente en un cuartel de la Guardia Civil donde no en pocas ocasiones conocen a su marido, las cuestionan o se les recomienda directamente no denunciar.

Si faltan centros de información, si falta protección o esta es muy lenta, y si falta pedagogía feminista, habrá qué preguntarse en dónde invierten los fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia machista todos los pequeños municipios de España. Demasiadas veces vemos que toda la lucha contra el machismo se concentra únicamente en las campañas del 8M y el 25N, con un despliegue de pancartas y reparto de merchandising en el mejor de los casos, y concursos de cocina en el peor. Dinero que bien invertido en jornadas de información sobre todos los tipos violencia de género, es decir, sensibilización, educación desde la infancia y prevención, mejoraría la vida de muchas mujeres.

Mientras,  el gran elefante en la habitación del rural sigue siendo la dependencia económica. En el conjunto del Estado solo 3 de cada 10 explotaciones tienen una mujer al mando, un raquítico 3,6% de las mujeres son cotitulares de la explotación que tienen con su pareja (a pesar de que la mayoría de ellas colaboran en la explotación), y apenas 1 de cada 21 personas son mujeres presidentas en las cooperativas agrarias. Y lo peor: menos de la mitad de las agricultoras cotizan por su trabajo y otras son dadas de alta apenas los últimos años previos a su jubilación. Carecer de autonomía económica se convierte, pues, en una poderosa tela de araña que envuelve a las mujeres que nunca han trabajado fuera de las explotaciones familiares mientras cuidan de pequeños y mayores que a su vez, dependen de ellas. No solo eso, una no se puede ir de un día para otro con veinte vacas a las que ordeñar al día siguiente. Son los animales, son los hijos, son los padres o los suegros con los que a veces se comparte casa o hacienda y entornos en donde familias enteras se conocen. En este contexto, separarse puede suponer una heroicidad que acabe con enfrentamientos familiares o vecinales, y un éxodo involuntario de la mujer hacia otro lugar.

Si el rural no somos nada, pero al rural hay que atenderlo y dotarlo de una buena red de servicios públicos (pediatras, escuelas rurales con profesores de apoyo, Centros de Información a la Mujer y líneas de autobuses frecuentes) que garanticen una cierta igualdad. Muchas veces, las asociaciones de mujeres rurales son la primera línea de conexión con los servicios sociales para las mujeres maltratadas (FADEMUR tiene delegaciones en donde, directamente, se encierran con las víctimas para protegerlas). Ellas son el ejemplo del mejor activismo, ese que se profesionaliza y ayuda a mejorar directamente la vida de las mujeres. Las redes del rural siempre han funcionado como una valiosa herramienta de inclusión social y han suplido muchas carencias pero el asociacionismo no puede solo. Dicho de otro modo: si quieren que las familias jóvenes vuelvan al rural, inviertan en el rural.