Durante estas últimas semanas, el Gobierno y las autoridades canarias han estado trabajando en una propuesta para el reparto de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados entre diferentes comunidades autónomas. De hecho, este mes de enero ya se ha empezado a producir el traslado de inmigrantes subsaharianos desde Canarias a Andalucía. Esta acción ha desencadenado la reacción inmediata de la extrema derecha mediática y política. Diversos periódicos han generado titulares demagógicos resaltando que el gobierno aloja a los inmigrantes en “un hotel de cuatro estrellas a 200 metros de la playa”. 

Por otro lado, Vox y otros partidos, como Aliança Catalana, acusan al gobierno de llevar a cabo una política de "fronteras abiertas" y afirman que ello representa un peligro para la seguridad y prosperidad de los españoles y los catalanes, respectivamente. 

El principal argumento con el que estos medios y partidos esparcen su discurso xenófobo de odio a la inmigración es el de una supuesta defensa de los derechos y la seguridad de los nacionales –ya sean españoles o catalanes, según el caso- frente a los extranjeros (¡primero los de casa!). Sin embargo, su discurso racista supone, en realidad, todo lo contrario, esto es, la apertura de un escenario propicio para la completa vulneración de los derechos, también de los nacionales. ¿Por qué?

La respuesta radica en el cambio cultural que este discurso genera, modificando la forma en que una parte de la población pasa a percibir lo que para ellos constituye un buen gobierno. De esta manera, se favorece la creación de contextos sociales idóneos para la aprobación de leyes regresivas en materia de derechos que nos afectarían negativamente a todos, autóctonos y extranjeros, por igual. Permitidme explicarme.

En el proyecto político del Estado Constitucional democrático del siglo XX, la idea de buen gobierno se basa en la noción de legitimidad. Esta, a su vez, está relacionada con los principios de participación y representación política democrática, así como con la garantía de los derechos. Un gobierno que respeta y cumple estos dos principios (participación democrática y garantía de derechos) es un gobierno considerado legítimo y, en consecuencia, considerado un buen gobierno cuyas normas son aceptadas por quienes obedecen. El foco de atención está puesto, en este modelo, en quien obedece, en el pueblo. Los que obedecen deben creer en la legitimidad de quien manda porque este es el fundamento de su autoridad.

Sin embargo, la cada vez mayor influencia social del discurso xenófobo de la extrema derecha transforma la idea que los ciudadanos tienen sobre lo que sería el buen gobierno. La vinculación entre inmigración y delincuencia va construyendo una imagen del inmigrante como peligroso, vago, malhechor y perturbador de nuestro orden, seguridad y bienestar, que amplifica socialmente un sentimiento de miedo, peligrosidad y odio que hace que, poco a poco, la idea de buen gobierno de los ciudadanos deje de construirse menos sobre los procesos y la noción de legitimación y más sobre la idea de seguridad.

El cambio en las preocupaciones e inquietudes principales de los ciudadanos hacia la inseguridad provoca que, para cada vez más gente, lo que determina si estaríamos ante un buen o mal gobierno ya no es si este cumple los dos principios de legitimidad antes citados, sino si es capaz de atacar el problema que sienten que los amenaza. Pudiendo, incluso, aceptar cualquier medida, aunque vulnere derechos humanos básicos, si para lograr el objetivo securitario de gobierno fuera necesario.

La contradicción o tensión en el imaginario colectivo entre, por un lado, la conciencia de lo regresivo que determinadas medidas pudieran ser para los derechos de todos y, por otro lado, la convicción aceptada de que solo mediante un ejercicio firme y autoritario del poder permite garantizar de manera efectiva los objetivos de seguridad del gobierno, se resolvería, aquí, en favor de lo segundo. A diferencia del anterior modelo, el foco de atención aquí está puesto no en quien obedece sino en quien ejerce la autoridad, en el gobernante. El mando duro y autoritario es el fundamento de su autoridad.

Es por este motivo que podemos afirmar que la penetración cultural del discurso racista de la extrema derecha en el seno de nuestras sociedades puede suponer, en el sentido aquí expuesto, un cambio cultural en la forma en que gran parte de la población pasa a concebir lo que para ellos sería un buen gobierno. Y ello podría abrir contextos idóneos para que la aprobación de leyes regresivas en materia de los derechos de todos y todas pudiera ser aceptada y considerada socialmente necesaria para una amplia mayoría. El caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la popularidad de sus medidas lesivas de los derechos humanos es un ejemplo de ello. En un país donde impera una idea de buen gobierno basada no en la noción de legitimidad sino en la de seguridad, la vulneración generalizada e indiscriminada de derechos humanos, en nombre de la seguridad, ha devenido la principal baza de la popularidad y apoyo al Presidente.

En consecuencia, al contrario de lo que afirma la extrema derecha, aceptar, votar o expandir su discurso xenófobo que asocia inmigración y delincuencia no es una forma de proteger tus derechos como nacional frente a la supuesta amenaza que representarían los inmigrantes. Sino que, por el contrario, es una forma de sentar las bases para un cambio cultural en la idea de buen gobierno, creador de un modelo en el que tus derechos como nacional también podrán ser desmantelados a medio plazo mediante leyes regresivas, con total impunidad y aplauso de parte de la sociedad.