La Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Málaga (Adisabes) acaba de presentar una guía para informar de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. La asociación ha aprovechado para advertir de la complejidad y el elevado coste que supondrá adaptar sus flotas de camiones de reparto. Es un desafío extensible al resto de España y no es un tema menor, más allá del auge del negacionismo climático y el boom de terraplanistas. Y requiere unas Administraciones Públicas más ágiles y colaborativas.

La contaminación provoca 62.000 ingresos hospitalarios urgentes al año en España. Estos datos oficiales deberían bastar para rebatir a quienes cargan contra la Agenda 2030 y medidas como la restricción del tráfico rodado en los centros urbanos. A fin de cuentas y según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el 96% de españoles respiró en 2024 más ozono de lo aconsejable.

Es evidente que ésta es una medida más de las muchas que hay que adoptar si queremos atajar la emergencia climática, no la única. Resulta obvio que hay otras de mayor calado, pero no por ello son excluyentes unas de otras. Me refiero, por ejemplo, a apretar a las grandes industrias contaminantes, pues hay estudios que indican que apenas 36 empresas emiten ellas solas la mitad del CO2 global procedente de combustibles fósiles.

Esta es una tesis defendida por muchas personas que, además, no son negacionistas climáticos, tal y como ya abordé al comentar el ensayo de Matthew T. Huber El futuro de la revolución (Errata Naturae). A pesar de ello, parece lógico pensar que a menor número de vehículos contaminantes en las grandes ciudades, mejor será nuestra salud y la calidad del aire.

Sin embargo, todo el mundo arrastra los pies en esta empresa. Inicialmente, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes y aquellas de 20.000 que superaran los valores límite de contaminantes regulados deberían haber puesto en marcha sus ZBE en 2023, pero todavía a día de hoy son muchas las que no lo han hecho, con la Comunidad de Madrid a la cabeza. Por esta razón ha sido necesario ir aplicando diferentes moratorias, que paulatinamente se han ido incumpliendo.

Los motivos son los más diversos, aunque todos tienen el mismo trasfondo económico, aderezado en algunos casos con ese absurdo negacionismo climático que siempre existió en la derecha y que ahora el PP no se molesta en disimular (junto a su xenofobia) ante la necesidad de someterse a Vox en regiones como Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón. 

Las diferentes Administraciones, en especial, los ayuntamientos, han ido retrasando la puesta en marcha de sus ZBE por considerarse una medida impopular, incluso, entre muchos defensores del medio ambiente. Queremos un aire limpio, pero si ello implica jubilar nuestro vehículo contaminante, eso ya es otra cosa. Es comprensible, dado que no todo el mundo puede reemplazar su coche y, en ocasiones, hacer uso de él es más una cuestión de necesidad que de comodidad. Este es el caso con el que iniciaba el artículo: los vehículos de reparto.

Según Adisabes de los alrededor de 6.000 vehículos que componen la flota de reparto en Málaga, cerca de un 20% tendrá que ser sustituido en el plazo máximo de cuatro años. Aparte del elevado coste que ello supone, la asociación advierte que no resulta tan sencillo encontrar camiones del tonelaje y la potencia necesarios para, por ejemplo, transportar productos refrigerados. El problema es mayúsculo, porque Málaga, como sucede en tantas otras ciudades españolas, vive mayoritariamente del turismo y la hostelería, que precisa de ese reparto para subsistir.

¿Debe ser esta problemática motivo suficiente para acabar con las ZBE? En absoluto; lo que debiera, en cambio, es incentivar a las Administraciones a colaborar entre sí y a dejar de arrastrar los pies. Han pasado muchos años desde que supimos que las ZBE llegarían, más incluso considerando las moratorias, pero se ha trabajado poco o nada al respecto. Limitarse a confeccionar el mapa de restricción del tráfico y diseñar el correspondiente régimen sancionador es lavarse las manos, soltar literalmente el problema a la ciudadanía y el empresariado. Eso, a la postre, genera descontento y frustración, que son la savia que alimenta las raíces de los negacionistas fascistoides.

Se echan de menos medidas y programas de apoyo para la adaptación a las ZBE, tal y como evidencian las advertencias de Adisabes en Málaga. ¿Por qué no establecer, por ejemplo, centros logísticos de última milla? No sólo ayudaría a los negocios que requieran vehículos de grandes dimensiones a aliviar sus sobrecostes, sino que también podrían beneficiarse de él todas las empresas de paquetería que viven su edad de oro con el auge del comercio electrónico. No es algo descabellado, ya existen experiencias en ciudades como Londres, donde el último tramo de las entregas de paquetes se realiza con bicicletas eléctricas o a pie.

Hay otra manera de desplegar la Agenda 2030, pero para ello hay que dejar de ir a lo fácil. Son necesarios gobernantes realmente implicados que no escatimen en soluciones creativas para facilitar a la población su adaptación al desafío climático. Las nuevas tecnologías juegan, además, un papel fundamental para un mejor ordenamiento de las rutas logísticas y una planificación más óptima que, quizás, ha de extender sus plazos de entrega en pos del medio ambiente. Quienes en lugar de subirse al tren negacionista sean responsables y allanen el camino a la Agenda 2030 para todo el mundo serán quienes gocen de mayor rédito político a corto, medio y largo plazo. Pero hay que creérselo.