Este artículo se publicó hace 11 años.
La corrupción la pagamos entre todos
El presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, analiza los problemas derivados de la corrupción ofreciendo soluciones a los mismos.
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La corrupción ha sido y sigue siendo una muy importante preocupación social en este país, como así lo vienen demostrando inequívocamente las distintas encuestas ciudadanas en los últimos tiempos. En estos momentos en los que la vida pública y política española se ve gravemente afectada por numerosos casos de corrupción, es realmente urgente que los Partidos y los responsables políticos españoles adopten definitivamente una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar este preocupante fenómeno, tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas que pongan freno a esta preocupante situación.
Aunque el fenómeno de la corrupción no ha estado en España suficientemente afrontado ni sancionado por parte de los ciudadanos, como así lo han mostrado los diversos resultados electorales en los últimos lustros, parece que ahora está cambiando esta realidad, y los ciudadanos electores están más dispuestos a penalizarla en las urnas.
La corrupción tiene unos efectos económicos y sociales muy negativos en nuestra sociedad. Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como “utilización de un cargo público en beneficio propio”, hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan finalmente los ciudadanos. En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios, van acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etc.) de lo construido o suministrado. Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada Megaproyectos enormemente costosos para el erario público y los ciudadanos, y que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible a cualquier obra o instalación financiada con dinero público.
Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, y reduce ostensiblemente además, la efectividad y calidad de las políticas económicas.
La existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad
Además de estos perjuicios económicos, y ya desde una perspectiva social, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, pero cuesta convencerles de lo contrario.
Aunque la solución de este importante problema resulta bastante complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la transparencia, la cual constituye indudablemente el mejor antídoto contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que desde la propia infancia puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo nocivo de la corrupción, siendo éste un importante desafío para los políticos y la sociedad española.
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