Derechas antipluralistas, izquierdas democratizadoras

En comparación con otros países europeos, en España se da una doble excepcionalidad respecto de sus principales agentes sociopolíticos e institucionales, las derechas y las izquierdas, con sus correspondientes bases socio-electorales y grupos de presión. Avanzo unas definiciones básicas de esa singularidad política: el carácter antipluralista de las derechas, y la potencial capacidad democrática de las izquierdas y fuerzas progresistas.

Existe un panorama exterior desfavorable, con un fuerte empuje imperialista y una ola derechista también en Europa. Es pertinente una respuesta realista y abierta al interrogante vital a medio plazo -las elecciones generales próximas- sobre si las derechas estatales (PP y Vox) van a derrotar a las fuerzas progresistas y se van a imponer en España con un ciclo regresivo y autoritario hacia una democracia iliberal.

La respuesta prudente, desde la incertidumbre de cierto escepticismo analítico, es que no lo sabemos con certeza. La valoración justa, sin embargo, es que las fuerzas progresistas pueden ganar a las derechas autoritarias, lo que conlleva una subjetividad activa de compromiso democrático y por la justicia social y la igualdad. Se trata de combatir cierto fatalismo o resignación.

El carácter antipluralista de las derechas

A diferencia de las derechas europeas, hay que remarcar dos debilidades democráticas que van a condicionar toda la trayectoria institucional de las derechas españolas. Una, el continuismo postfranquista, con una reforma formal, de distintos grupos de poder, principalmente los núcleos oligárquicos de la economía, las finanzas y la propia organización patronal, con su control de los principales medios de comunicación y de la enseñanza (privada/concertada, con primacía de la Iglesia católica). Han mantenido sus privilegios de poder, propiedad y riqueza, levemente regulados, a los que añadir la inercia del propio aparato del Estado, con la alta burocracia y, sobre todo, el aval de la Corona y el poder judicial.

Así, en convergencia con la derecha política y junto con su altavoz mediático, una parte de la judicatura es irrespetuosa con el Estado de derecho, no reconoce la legitimidad del legislativo y el Ejecutivo -contra la ley de Amnistía han sido rotundos-, y ha llegado a la guerra jurídica contra sectores progresistas -independentistas, dirigentes de Podemos y activistas sociales- y el propio presidente socialista del Gobierno y su entorno.

Asistimos a la instrumentalización por las derechas políticas de estas instituciones del Estado que, combinados con la otra debilidad, la escasa cultura democrática de las direcciones del Partido Popular y, especialmente, del ultraderechista VOX, nos ofrecen un relevante riesgo de involución iliberal.

Su carácter antipluralista es evidente: apropiación del poder del Estado, al creer que las instituciones son suyas, y ofensiva mediática descalificadora, con la acusación de ilegitimidad del Partido Socialista y las formaciones progresistas, sobre todo cuando, contra su previsión, consiguen gobernar con mayoría parlamentaria y tener una influencia institucional significativa.

Pero esta composición y tradición iliberal converge ahora con la nueva ola postdemocrática frente a la crisis múltiple: socioeconómica, institucional, geopolítica, ambiental, sociocultural... Se refuerza la amenaza a los fundamentos democráticos, de igualdad y cohesión social y territorial, desde un nacionalismo centralista y prepotente, junto con el neoliberalismo regresivo y el conservadurismo sociocultural.

Por tanto, las derechas estatales tienen una ventaja estructural derivada de la ausencia de una ruptura democrática en sus inicios o de reformas profundas posteriores que democratizasen suficientemente esos aparatos de poder, funcionales para su preeminencia política. Y utilizan abiertamente ese control o convergencia con grupos de poder económico, institucional y mediático, condicionando los propios mecanismos democráticos y representativos. La tentación hacia una democracia vaciada e iliberal, a través de medios ilegítimos, está servida: acoso al gobierno progresista… sea como sea y hasta su desalojo final... para imponer su proyecto regresivo y autoritario.

Sin embargo, esa prepotencia derechista también constituye su punto débil: va en contra de los intereses de la mayoría social y de la masiva cultura democrática y solidaria de la ciudadanía, que constituyen la base sociohistórica y estructural para impedir una involución reaccionaria. Su peso se determinará por el comportamiento y la orientación de las fuerzas progresistas.

La capacidad estratégica de las izquierdas

Las izquierdas sociales y políticas en el conjunto de España o, si se quiere, las formaciones progresistas y los movimientos sociales, tienen una larga experiencia democrática y de reforma social, feminista y territorial. Atendiendo a la última etapa, desde la crisis socioeconómica de 2008, la singularidad de las izquierdas españolas presenta dos elementos complementarios: una ambivalente estrategia socialista, con la renovación sanchista, y un amplio campo sociopolítico alternativo.

La reorientación socialista, más confrontativa con la derecha política, y su necesidad de alianzas, se combinan con la amplitud de una izquierda social, política e institucional, capaz de condicionar la estrategia socialista inclinada al simple continuismo o a la preferencia por acuerdos con su derecha, si no hay suficiente presión por su izquierda.

El resultado es el desarrollo de cierto proceso reformador de progreso, ralentizado en esta legislatura, y el logro de una capacidad de resistencia ante los embates de las derechas, una representatividad social y parlamentaria mayoritaria y una trayectoria progresista, aunque limitada, que diferencia a las izquierdas españolas de las de otros países europeos. En condiciones defensivas, les ofrece su singularidad democrática, incluida cierta mayor credibilidad del PSOE frente a una socialdemocracia europea en abierto desconcierto y declive.

Nos encontramos, pues, en la encrucijada de la recomposición y colaboración en la izquierda alternativa, la remontada progresista y el freno al avance de las derechas o evitarlo y permitir que estas obtengan una mayoría de gobierno. Su dependencia del cumplimiento del contrato social y electoral con la ciudadanía es muy superior al de las derechas. El compromiso ético y democrático debe ser mucho más importante y valioso. Su vinculación con la representación de las demandas, la articulación de la propia sociedad y la gestión institucional son decisivas, afectando a dos ejes complementarios: el contenido reformador progresista y el proceso participativo y democrático con las mayorías sociales.

En definitiva, el futuro está abierto. Hay que jugar el partido con tenacidad y sabiduría. Las derechas cuentan con muchas ventajas estructurales y de poder fáctico y se apoyan en los fuertes vientos derechistas del exterior. Las izquierdas y fuerzas progresistas tienen a su favor la potencialidad de la articulación democrática de la mayoría social, a través de la reformulación de su contrato social y su proyecto de progreso, y contando con la experiencia popular, por medio de la activación cívica y la pugna cultural.

El acierto estratégico en un proyecto común mínimo, aun con su autonomía política particular, el reequilibrio interno de mayor firmeza reformadora y la capacidad colaborativa y de vertebración popular y democrática van a ser determinantes para la prolongación o el cierre del ciclo institucional de progreso, así como para la recomposición de los liderazgos y estructuras partidarias. La realidad tendrá la palabra.