La dimisión de Puente: más allá de la responsabilidad política

Si citamos a las personas que en los medios han exigido la dimisión del ministro Puente quintuplicarían la extensión de este artículo. Y el presidente Sánchez se ha convertido en el San Sebastián asaeteado a un tiempo por sus adversarios y socios políticos. "El ministro Puente debe dimitir asumiendo sus responsabilidades políticas" era un clamor, que llegaba desde todas partes. Finalmente, el ministro anunció su dimisión el 3 de noviembre de 2026 ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados con las palabras: "Es una cuestión de dignidad política… No todos somos iguales".

Pues siento contradecirles, porque el ministro Puente no tenía que asumir responsabilidades políticas, aunque esto no quiere decir que no conviniera su dimisión. A pesar de todo lo que se ha escrito y dicho, considero que el ministro no es responsable político, aunque otras razones podían aconsejar su dimisión. Vayamos por partes. 

Las notas distintivas de la responsabilidad política

Publiqué en este diario el artículo Ábalos y las responsabilidades políticas: un ejercicio práctico, en el que desgranaba las razones para considerarle responsable político; razones que no confluyen en el caso Puente. 

La responsabilidad política presenta los siguientes caracteres:

Nada tiene que ver con la 'autoría de los hechos'

En las responsabilidades penales hay que demostrar que uno es el autor de los hechos; en las responsabilidades políticas se tiene que constatar que uno es el responsable, aunque no sea el autor. Pedir la autoría en las responsabilidades políticas es reconducirlas al terreno propio, y que no les pertenece, de las responsabilidades penales. Sin embargo, con bastante frecuencia los políticos/as niegan sus responsabilidades políticas aludiendo a que no son los causantes de los hechos que se les imputan, por muy graves que éstos sean.

Deja a salvo la 'presunción de inocencia'

En tanto no se produzca una condena penal, la inocencia queda a salvo. Por ello no tienen razón los políticos/as que dicen asumir responsabilidad únicamente, si el juez les condena, y que los medios manchan su presunción de inocencia, exigiéndoles una responsabilidad antes de la resolución judicial. Todos hemos podido constatar cómo los políticos/as se atrincheran en la presunción de inocencia para no asumir responsabilidades políticas. 

Es independiente de las 'actuaciones de los adversarios políticos'

Los políticos/as que se resisten a abandonar el cargo público suelen acusar e implicar al adversario político; a veces aluden a toda una conspiración contra él. Son muchos los políticos/as caídos en desgracia, que alcanzan el auxilio de su partido, lanzando ambos -político/a y partido- a los adversarios la acusación de una conspiración. 

El alcance de la responsabilidad política se extiende a las 'conductas reprobables propias y ajenas'

No sólo se asumen responsabilidades por el propio comportamiento. El político/a es responsable de la conducta reprobable de un tercero dependiente o subordinado cuando: a) le autorizó a llevar a cabo su conducta, o se hizo ésta según sus instrucciones, b) le designó para ocupar un cargo político relevante dentro de su equipo, y c) no hizo lo debido para tener conocimiento de lo que sucedía. Estamos ante varios supuestos de responsabilidad: responsabilidad por consentimiento, designación o negligencia.

¿El ministro Puente ha incurrido en responsabilidad política?

El ministro no incurre en este tipo de responsabilidad. No se le puede achacar a él negligencia, o habría que haber pedido la dimisión de todos los ministros que le han precedido en el cargo. Frente a ellos es el ministro que más se ha preocupado de aumentar las inversiones en infraestructuras y dotación de personal del ferrocarril de alta velocidad. 

Respecto al comportamiento reprobable ajeno, tampoco Puente ha incurrido en una responsabilidad in vigilando, de la que se ha indicado que tiene tres opciones, pero ninguna de ellas atañen al ministro, porque a) no ha dado instrucciones ni consentido las actuaciones del autor de los hechos, b) no le ha nombrado y c) no fue negligente en el conocimiento del posible comportamiento del autor de los hechos.

La única prueba hasta la fecha más solvente es el error humano dentro del Centro de Control de Atocha, donde se ordenó la puesta en marcha del AVE a gran velocidad, cuando a 25 kilómetros estaba detenido un tren Iryo en la misma vía.

Las razones de la dimisión del ministro están en otro lugar: en la razón estratégica y en la razón sociológica.

La razón estratégica de la dimisión del ministro Puente

Es la conveniencia del partido político al que pertenece el ministro, que reúne tres circunstancias especiales: a) es el partido en el Gobierno, b) se enfrenta a elecciones generales en menos de un mes y c) según las encuestas tiene frente a él una coalición de PP y Vox con aspiraciones de conformar el próximo Ejecutivo. Circunstancias que debió de llevar al presidente del Gobierno a medir al milímetro la conveniencia de la dimisión de Puente. 

El PSOE debe continuar su política de dimisiones. A diferencia del PP, el PSOE se caracteriza por haber exigido la dimisión de quienes han incurrido en una conducta reprobable. No hace mucho a otro todopoderoso ministro, el ministro Ávalos. Sin embargo, la política española se caracteriza por las escasas dimisiones de los políticos en contraste con otros países de mismo sistema político y la ausencia de la rendición de cuentas. Ejemplo paradigmático: el PP, que ha pedido a gritos la dimisión del ministro Puente, cuando mantuvo en sus cargos al ministro Trillo (estrellamiento del YAK-42 en 2003: 62 militares fallecidos) a la ministra Ana Pastor, (accidente ferroviario de Angrois en 2013: 80 personas fallecidas) y al presidente autonómico Mazón (Dana de València en 2024: 234 personas fallecidas). Aristóteles diría que el PP bien sabe usar la flexible vara de medir de Lesbos. 

El presidente Sánchez ha manifestado que no sería justa la dimisión de Puente. Efectivamente, no lo es desde el punto de vista de la responsabilidad política. Pero, aunque no exista esta responsabilidad, no por ello el ministro tiene que quedar libre de la dimisión o cese. Nadie podría objetarle al presidente que ha actuado mal, porque la dimisión del ministro era injusta. La conveniencia del partido político y, sobre todo, de los millones de votos de la ciudadanía que lo apoyan, debían haber conducido desde el principio al presidente a exigir a Puente su dimisión. Lo que en palabras del propio ministro no hizo. Tal como están las cosas, una dimisión en un escalón político más bajo no hubiera sido acertada. 

La razón sociológica de la dimisión del ministro Puente

Con frecuencia los políticos están envueltos en sus luchas políticas y no miran ni tienen en cuenta a la ciudadanía, a veces ni siquiera a la parte de la sociedad que les ha votado. El presidente del Gobierno debió interpretar el sentir y querer de la sociedad española. Tarea más difícil que la anterior: la del interés del partido. Sabiendo que la sociedad se rige -y más en política- por criterios emocionales, de oportunidad y conveniencia, que no responden al criterio de justicia. El político es un delegado de la ciudadanía y como comisionado debe saber interpretar y cumplir con los deseos de la voluntad popular. "Voluntad" es un término psicológico muy presente en la teoría política. El Parlamento y el Gobierno son ejecutores de la voluntad del pueblo. Por ello el referéndum, manifestación de la voluntad popular, debe prevalecer sobre la ley, expresión de la voluntad de los representantes del pueblo. 

Ante la cercanía de unas elecciones generales a menos de un mes, el error en la interpretación de la voluntad de la sociedad hubiera sido funesto. No había tiempo para el olvido del accidente ferroviario. Los españoles/as exigían rendir cuentas a sus políticos por dos accidentes ferroviarios de primera magnitud en menos de un año. En siniestros de este relieve los ciudadanos/as miran hacia arriba, a la máxima autoridad, y no se conforma con la dimisión de cargos políticos intermedios. Una especie de equidistancia entre la magnitud de los hechos y la importancia del cargo.