La desigualdad se ha colado con fuerza en el debate académico, político y mediático.

En contextos de crecimiento económico ya era visible la desigualdad en la Europa comunitaria, pero ha sido con la irrupción de la crisis, y muy especialmente a partir de la aplicación de la reforma laboral y de las denominadas políticas de devaluación interna y de austeridad presupuestaria, cuando la desigualdad ha alcanzado cotas históricas en la Unión Europea y, sobre todo, en las economías periféricas.

Las diferencias entre los ricos y los pobres se han acentuado, al tiempo que las clases medias han experimentado una permanente degradación de sus condiciones de vida.

Son muchos los trabajadores que han perdido su empleo y también son muchos los que han engrosado las filas de los desempleados estructurales y los que han agotado el derecho a la prestación (si es que la tuvieron alguna vez); el desempleo entre los jóvenes alcanza a la mitad de la población activa en ese tramo de edad; los salarios han retrocedido, especialmente los de los trabajadores más vulnerables, con menores niveles de formación y con contratos más precarios; aumenta el número de trabajadores pobres; las jornadas laborales se han hecho más largas al tiempo que se han endurecido los ritmos de trabajo; en un buen número de hogares no entra ningún salario, dependiendo de las precarias e insuficientes ayudas sociales; la privación se extiende a muchas familias, que viven en situación de pobreza energética o no tienen derecho a una vivienda digna; las partidas sociales de los presupuestos públicos han sufrido, en mayor medida que otras, las políticas de rigor presupuestario. El resultado de todo ello es que los niveles de pobreza y exclusión social sitúan a nuestro país entre los más desiguales de la Unión Europa.

La gestión de la crisis realizada por el gobierno español, siguiendo los dictados de la troika comunitaria, ha supuesto que la mayoría social se haga cargo de la factura de la crisis, manteniendo intactos los intereses de las élites

La gestión de la crisis realizada por el gobierno español, siguiendo los dictados de la troika comunitaria, ha supuesto que la mayoría social se haga cargo de la factura de la crisis, manteniendo intactos los intereses de las élites. Los recursos comunitarios y los procedentes de las arcas públicas han sido destinados a sanear las cuentas de los grandes acreedores y deudores, los verdaderos responsables de la crisis. Mientras que los ingresos de la mayoría de la población han retrocedido o se han estancado, no ha sucedido lo mismo con las retribuciones de los altos ejecutivos de las corporaciones y los intereses de los grandes accionistas.

Recientemente, la economía española ha dejado atrás la recesión y el Producto Interior Bruto ha vuelto a crecer, pero nada indica, hasta el momento, que la desigualdad se haya reducido con el retorno al crecimiento y con la mejora observada en los grandes agregados macroeconómicos. En otras palabras, la recuperación de la actividad económica no está alcanzando a una parte sustancial de la población, cuyo nivel de vida no está mejorando de manera apreciable o que continúa soportando situaciones de precariedad.

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