Escapando de las reformas en pensiones

Los nuevos pensionistas tienen la entrada en la jubilación tasada en el sistema. Pero luego podrán retrasarla, salvo si son empleados públicos, un tiempo que dependerá de su régimen de negociación colectiva, de la voluntad concertada de empleador y empleado, etc.

Pero siempre existe un margen de decisión, por limitado que sea, en un periodo temporal, al que pueden acogerse una parte de los cotizantes. Este margen permite la toma de decisiones que se ven afectadas por los anuncios de reformas legales, y que influyen en el paso de la actividad a la condición de beneficiario.

En los últimos años, en España se han emprendido dos reformas de pensiones. Una, la de 2011, con acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno. La otra está dando sus primeros pasos con el informe de la Comisión de Expertos designado por el Gobierno del PP. Veamos cómo está afectando, entre los trabajadores que pueden escoger, la percepción de las reformas. Para ello partimos del número de pensionistas de jubilación a partir de la comparación de los datos entre el 1 de marzo y el 1 de julio, los meses que concentaron el debate más intenso sobre las reformas pactadas, en el caso de 2011 entre Gobierno y agentes sociales, y en el caso de 2013 propuestas por la mayoría de expertos designada por el PP.

El crecimiento del número de pensionistas presupuestado sería de 25.000 a 28.000 personas en este periodo de 2013. La tabla explica claramente cuál es el comportamiento de buena parte de los que pueden decidir. Podría pensarse que los datos son parciales y mejorarán con el tiempo. En realidad no es así. Sindicatos, Patronal y Gobierno firmaron su acuerdo de 2011 en febrero, pero el Informe de la Comisión de Expertos ha sido aprobado en junio . Y estos datos no incorporan, inevitablemente, un componente importante en 2013: existe un stock de cotizaciones con periodos a tiempo parcial, de unas 10.000 pensiones que debieron aprobarse estos últimos meses, como sucedió en años anteriores, y que quedan pendientes de la regulación que modificará el procedimiento de cómputo de las mismas para atenerse a las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal Constitucional.

Si tenemos en cuenta ambos datos, este año se reconocerán alrededor de 60.000/70.000 pensiones más que las previstas en el Presupuesto, que tramitarán quienes confían en eludir el impacto de la norma por aprobar. Esto generará un incremento de gasto considerable, ya que las nuevas pensiones tienen afortunadamente un mayor importe que las antiguas. Pero paradójicamente esta desviación justificará la necesidad de una reforma más dura. Estamos pues ante una "profecía autocumplida": Aumentamos el problema con nuestros anuncios y así hacemos imprescindible una solución que exige mayor rigor y penitencia. Nuestro sistema de pensiones tiene problemas financieros por la disminución de los salarios y la destrucción de empleo. Pero también parte de sus cuitas derivan de este Gobierno.

Octavio Granado fue Secretario de Estado de la Seguridad Social entre 2004 y 2011