Forestalia y el Maestrazgo: más que nunca, transición justa y social

En las últimas semanas, el caso de corrupción en torno a Forestalia y el Clúster eólico del Maestrazgo, en Aragón, ha indignado a quienes, desde hace décadas, trabajamos por un futuro renovable, justo y democrático. Los titulares y los informes policiales que han ido saliendo estos días no son, sin embargo, una sorpresa: la sociedad civil y las organizaciones asentadas en el territorio llevaban tiempo alertando de que la declaración de impacto ambiental de este proyecto, aprobada en 2022, no cumplía con los requisitos ambientales mínimos para salir adelante. En otras palabras, todo olía mal desde hacía tiempo, y esto solo acredita que las sospechas estaban bien sustentadas en evidencias.

De hecho, tanto Greenpeace como Fundación Renovables realizaron un informe en 2024 identificando las malas prácticas de proyectos renovables, donde se incluyó el parque del Maestrazgo, mucho antes de que se judicializara el caso, y ya era evidente que el impacto era grave, elevado y las medidas compensatorias aprobadas, insuficientes. Ambas organizaciones entendimos entonces que un proyecto planteado en una zona protegida y de máxima sensibilidad ambiental es una mala praxis inaceptable que puede dañar la credibilidad de otros muchos proyectos eólicos y fotovoltaicos que no solo se ajustan a la legalidad, sino que voluntariamente incluyen prácticas de excelencia tanto en participación y valor social como en respeto de la biodiversidad.

Por ello, con el caso ya en los tribunales, no podemos permanecer callados, sino que debemos alzar la voz para reclamar que todo el peso de la ley caiga sobre quienes están corrompiendo la esencia de la transición energética. Forestalia es una empresa que se ha hecho grande gracias a la adjudicación de miles de megavatios que nunca llegaba a explotar. El modus operandi era enfocarse en la tramitación de los permisos, adquirir las autorizaciones y, una vez hecho esto, vender el proyecto a grandes fondos de inversión o multinacionales energéticas. Es decir, especular, ser un intermediario y transaccionar la tramitación, algo que debería erradicarse de facto.

Así lo hizo, de hecho, en el Clúster del Maestrazgo. Diseñó un proyecto de una veintena de parques eólicos, más de ciento veinte aerogeneradores en un corredor de alto valor ecológico, obtuvo los permisos y, después, lo vendió a CIP, un fondo danés, por un valor que, según algunas publicaciones, asciende hasta los 500 millones de euros. Esta práctica en la que inversores contratan intermediarios sin escrúpulos para que desarrollen la promoción sin limitaciones éticas es, desgraciadamente, más habitual de lo que nos gustaría en la promoción de iniciativas de aprovechamiento de las energías renovables. No podemos permitir que esta cadena perversa de intereses se consolide; necesitamos controlar, limitar y restringir el proceso de autorizaciones y prohibir la mercantilización de estas.

Estos hechos, al margen de este caso concreto de corrupción con desastrosas consecuencias ambientales y sociales, nos llevan a señalar la injusticia de un sistema que permite hacer negocio con lo público. Un acto administrativo, como son las subastas renovables o una autorización administrativa, no puede tener valor de mercado, no puede ser un elemento que permita cotizar al alza en las bolsas. No podemos seguir permitiendo que la firma de un funcionario público, la publicación de un proyecto en el BOE pueda estar al servicio de la especulación. A partir de ahí, quedan otras muchas denuncias y reformas que acometer para conseguir que el caso Forestalia no se repita nunca más en España.

Con el Maestrazgo, según las investigaciones de la Guardia Civil, se pudieron manipular las declaraciones de impacto ambiental para conseguir que este proyecto pudiera salir adelante, a pesar de afectar a zonas protegidas por la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Es importante que el proceso de evaluación ambiental, reglado por ley, sea uno de los garantes fundamentales para el control de los proyectos, al ser una barrera de protección y salvaguarda, obligando a mejorar el propio diseño inicial del promotor o desestimándolo.

Y al mismo tiempo, es hora de garantías adicionales para blindar la protección de la biodiversidad en el necesario despliegue de las renovables. Si en toda España estuviera prohibido implantar grandes parques renovables en las zonas protegidas y en las de máxima sensibilidad ambiental (como hemos pedido reiteradamente y como sugiere el mismo MITERD con sus mapas de sensibilidad ambiental), el proyecto del Clúster del Maestrazgo ni siquiera hubiera existido.

Lo que nos ha enseñado este caso es que la calidad del despliegue renovable no puede descansar solamente en la voluntad de las empresas promotoras: las que hoy son solo buenas prácticas deberían ser obligatorias siempre por la mejora de la regulación, y las malas prácticas, prohibidas y erradicadas.

Es necesario poner el foco en los presuntos corruptos, que, según la Policía, facilitaban la aprobación de proyectos de Forestalia a cambio de comisiones. Pero también es imprescindible hablar de los presuntos corruptores y de los inversores finalistas, como actores participantes necesarios, que han adquirido las instalaciones de generación realizadas mediante estas malas praxis. Y, sobre todo, repetimos, es preciso apuntar hacia un sistema que contribuye a que determinadas empresas vean en las subastas renovables una oportunidad de lucro especulativo a toda costa.

España no puede permitirse casos como este, pues no solo suponen una amenaza contra entornos de alto valor ecológico, sino que sirven para crear narrativas nimbystas y retardistas que cogen la parte por el todo y refuerzan los intereses de las compañías fósiles y nucleares. Dicho de otro modo, las ansias especulativas de determinadas empresas, con la connivencia de cargos públicos, dejan bajo sospecha a miles de megavatios renovables que se han implementado de manera ordenada, además de poner en tela de juicio una transición energética de la que no podemos prescindir si queremos frenar la emergencia climática. Por todo ello, necesitamos que caiga todo el peso de la ley sobre quienes corrompen este proceso histórico, y reclamamos mecanismos de prevención que impidan que algo igual vuelva a ocurrir: el Gobierno tiene que legislar para que nadie ponga sus beneficios económicos por encima de las personas y el planeta, ni siquiera en el necesario desarrollo de las energías renovables.

Porque necesitamos renovables, pero las necesitamos justas, respetuosas con el territorio y su biodiversidad y al servicio de la ciudadanía.