La geopolítica que pasa por Ceuta

Lo que se vive en Ceuta no es una crisis migratoria, sino una jugada mayor de Marruecos en el tablero geopolítico.

A nadie que pretenda hablar en serio se le puede escapar que, por poderosas que sean las mafias de tráfico de personas y por enteradas que estén de los fundamentos jurídicos de las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo sobre la diferencia que hay entre superar mecanismos de contención en las fronteras terrestres y mecanismos de mera vigilancia en el mar, no tienen capacidad para conseguir que cerca de 60.000 personas (en su inmensa mayoría, marroquíes), hombres, mujeres y niños (se calcula que son 7.000 menores), incluso familias, crucen la frontera del Tarajal en menos de 48 horas, jugándose en no pocos casos la vida, pues se calcula que han muerto cerca de 60 personas. Como tampoco es creíble que tengan la capacidad para conseguir que, en menos de ocho horas, más de 37.000 retornen por su propia voluntad a Marruecos.

La conclusión es obvia: se trata de un nuevo ejemplo, particularmente bien organizado y eficaz en su impacto mediático internacional (ha sido cabecera de los principales diarios y medios de comunicación en todo el mundo), de la estrategia geopolítica del rey de Marruecos, que en su juego de ratón y gato, cuenta con dos ventajas, de las que no dispone España.

La primera es bien conocida: el régimen marroquí es una satrapía, en la que el monarca y su entorno, el makhzen (de donde la palabra española almacén) deciden, sin que sus súbditos tengan arte ni parte en la toma de decisiones. En Marruecos no hay ciudadanos de pleno derecho, como no hay Estado de Derecho, sino una casta de privilegiados que participan de los negocios del rey (algunos muy poco limpios), mientras que la mayoría de las y los marroquíes son carne de cañón en sus manos, como ya se evidenció en la Marcha verde y en los sucesos en Ceuta en 2021. La ventaja de ese y de los demás regímenes no democráticos es que no tiene ninguno de los inconvenientes que supone una democracia, comenzando por las instituciones de control y división del poder

La segunda es más reciente: el soberano marroquí cuenta con el decidido apoyo de la administración norteamericana que lo ha convertido en aliado preferente. No hay más que escuchar las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca. Un paso más lo dio el fiel aliado del Secretario de Estado Rubio, el congresista republicano por Florida Díaz Balart, que impulsó que en mayo de 2026, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EEUU incluyera una enmienda en su informe de presupuestos de operaciones exteriores en la que situó explícitamente a Ceuta y Melilla como "territorios de Marruecos", eso sí, bajo administración española.  Y la guinda, como siempre, la ha puesto Trump al declarar que, si los demócratas ganan las elecciones de medio mandato de noviembre, "EEUU en tres años puede convertirse en Ceuta".

Cabe recordar que esta decantación de Marruecos como aliado preferente de los EEUU no es de ahora: la diplomacia marroquí, aun pagando el alto precio de abandonar a los palestinos, consiguió el apoyo tecnológico a su vez en el giro internacional sobre la marroquinidad del Sahara y de sus recursos. Marruecos brinda a la administración Trump su papel geoestratégico en el Mediterráneo y como supuesta barrera frente al terrorismo yihadista.

Esclavos de la geografía, sí. ¿También del discurso securitario en política migratoria?

Que el presidente del gobierno español, en su medida intervención en Ceuta, haya alabado la colaboración de Marruecos y no haya pronunciado el más mínimo reproche al reino alauita, suscribiendo la interesante teoría de las mafias lectoras de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene otra explicación, más verosímil: le obliga lo que nos descubrió Montesquieu, mucho antes que los politólogos realistas a la Kagan, esto es, la "esclavitud de la geografía", que marca al derecho y a la política. El vecino que la geografía nos ha impuesto a 14 kilómetros al sur tiene muchas claves en asuntos de prioridad para España, comenzando, desde luego, por la inmigración. Eso explica -que no justifica- el insólito giro de nuestra política exterior en la cuestión de los derechos del pueblo saharaui. Pero, como acabamos de comprobar, esas claudicaciones no nos aseguran contra los cíclicos chantajes de los soberanos alauitas que, a veces, según tenemos experiencia, tienen más que ver con agravios personales del caprichoso hijo del hábil Hassan II, que no con grandes movimientos de su diplomacia.

Por supuesto, sería un grave error ignorar la dificilísima situación en la que se ha visto el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y los ciudadanos ceutíes, tan españoles como los de Chamberí, al encontrarse en menos de 24 horas con una entrada masiva de marroquíes que llega a superar el 50% de los habitantes de la ciudad. Por esa razón, todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, reclamaron al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional (que no de la de protección civil) ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos. Y, desde luego, es comprensible el clima de preocupación, e incluso miedo, que llevó a muchos ciudadanos, a muchos comerciantes, a encerrarse.

El problema, a mi juicio, es el tipo de discurso que ha mostrado la respuesta de nuestro gobierno ante la propaganda interesada de la derecha y extrema derecha europea (con Italia, Finlandia, la inevitable Dinamarca y Suecia, que llegan a pedir el disparate de que España sea expulsada del Acuerdo Schengen), que ha visto el filón para continuar con sus críticas, asentadas en bulos y disparates, sobre el proceso de regularización, y plantear de nuevo la emergencia securitaria como clave de la política migratoria (con el apoyo de políticos connotados de extrema derecha, en Polonia, Alemania y Francia). Y, por supuesto, debilitar al gobierno español del presidente Sánchez, un objetivo en el que coinciden la estrategia del gobierno de Trump y del rey Mohamed VI.

Insisto: una vez más se trata del error que cometen la izquierda y la derecha liberal y conservadora cuando se someten al marco discursivo sobre política migratoria que difunden la derecha ultramontana y la extrema derecha. Aclararé que me parece perfectamente comprensible que el presidente del Gobierno haya enfatizado en su declaración institucional en Ceuta la integridad territorial y la soberanía española de Melilla y Ceuta (que se remonta a finales del siglo XV y principios del XVII) y la prioridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes. Pero considero un error que haya concretado propuestas sólo en el marco de comprensión de la seguridad como clave de la política migratoria.

Así, al subrayar que esta irrupción masiva en Ceuta ha sido un hecho excepcional, frente a lo que ha calificado como gran éxito de la política del gobierno en colaboración con países de origen y tránsito, que ha conseguido una importante disminución de entradas de inmigrantes irregulares en las costas españolas (obviando que el mayor porcentaje de inmigración irregular llega por la vía legal -tramposa- del visado turista). Y desde luego yerra a mi juicio al concretar las iniciativas sólo en el ámbito de seguridad: el aumento de dotación de Policía y Guardia Civil, y la presencia de fuerzas armadas. También por eso, considero un error el hecho de que -y permítanme la cita-, como yo mismo apunté frente al optimismo de otros colegas, se perdiera de vista que la sentencia del TS en realidad ofrecía una pista para seguir con las devoluciones en caliente. Y es lo que ha escogido el presidente al anunciar que se colocarán elementos de contención en el mar, como un sistema de boyas, de forma que quien los traspase pueda ser objeto del procedimiento de devolución en frontera, al igual que en la frontera terrestre. O sea, dejemos a un lado los derechos y sigamos con las devoluciones en caliente, sin asistencia de letrado y sin tutela judicial efectiva.

Para terminar, quiero añadir algo sobre la actitud  de los socios del gobierno y de algunos de los ministros: me llama la atención el silencio atronador de la ministra de Infancia, que no ha dicho hasta ahora una palabra sobre cómo se garantizarán los derechos de los 7.000 menores que entraron en Ceuta, o de los que queden allí. Espero que no suceda como en 2021, cuando fueron objeto de devoluciones ilegales. Y me cuesta admitir el silencio de la ministra de Migración, que ha dejado todo en manos del ministro del Interior, lo que supone aceptar que, a la hora de la verdad, la óptica securitaria es la clave, que la migración es un asunto de la Policía, si no incluso de Defensa, como pretenden buena parte de los gobiernos europeos. Ni una palabra sobre refuerzo de medios materiales y de personal para tramitar con arreglo a Derecho los procedimientos de expulsión, un asunto que se presenta, y lo subrayo, cargado de complejidad y que llevará mucho más que semanas.

Encuentro dos elementos más de crítica en la meditada y en no poca medida, insisto, bien argumentada intervención del presidente del Gobierno.

La primera es el autoelogio por el papel del Gobierno español en el impulso del Plan Europeo de Migración y Asilo (PEMA), obviando que una pieza clave del mismo, el malhadado Reglamento de retorno, ha sido criticado por nuestro propio gobierno. El PEMA, por razones que muchos hemos explicado, no es el modelo de política migratoria y de asilo a seguir. Y, menos aún, cuando el PEMA ha sido reconducido por la Comisión al modelo Meloni.

La segunda es la valoración positiva de los acuerdos bilaterales del Gobierno de España con países de origen y tránsito de las migraciones y de los solicitantes de asilo. Es verdad y acierta el gobierno, que es importante contribuir a consolidar el desarrollo económico y también el de los derechos humanos y la democracia en esos países. Pero no pocos de los ejemplos de esos convenios ignoran precisamente la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, los de las mujeres y las niñas, como evidencia el acuerdo con Mauritania.

Termino reiterando lo que escribí con motivo de la crisis de 2021 en Ceuta. Sí: la política migratoria es una cuestión de Estado y también una cuestión que puede afectar a la soberanía nacional. Sí: las relaciones con Marruecos son una cuestión de Estado y un hecho que muchas veces es difícil de gestionar. Pero ni la política migratoria, ni las relaciones con Marruecos, ni las razones de Estado, pueden estar por encima de la garantía de los derechos de las personas. Menos aún, de los niños.