Área Estatal de Memoria Democrática de Podemos

"Durante la Guerra las mujeres sufrieron abusos sexuales como estrategia de guerra y represión, el robo de sus hijos y condenadas a la marginación, la dependencia y la subordinación"

El Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 paralizó el proceso por el que los derechos y libertades de las mujeres que formalmente se habían logrado desde finales del siglo XIX, se convirtieran en una realidad social. Aquel Golpe provocó una Guerra Civil y una dictadura en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que a día de hoy siguen sin ser juzgados. La ausencia de justicia ha favorecido una cultura de la impunidad donde las mujeres seguimos siendo víctimas de la discriminación y la violencia, de que hoy la sociedad española no sea más justa e igualitaria.

El movimiento feminista que se empezó a articular en España en las dos últimas décadas del siglo XIX, centró su lucha en el acceso a la educación de la mujer, derecho que se consolidó durante la II República logrando elevar la tasa de alfabetización femenina y generar una conciencia social de la necesidad de escolarización de las niñas.

A partir del siglo XX la lucha colectiva de las mujeres aportó avances determinantes en cuanto a derechos sociales y políticos de las mujeres y a su participación en la vida pública. Además del derecho al voto, se consiguieron avances formales en cuanto a la igualdad en el acceso a los puestos oficiales, matrimonio civil y la aprobación del divorcio. En 1936 España había logrado avances legales para equiparar los derechos entre mujeres y hombres, los cimientos para una nueva sociedad.

Pero este proceso se paralizó con aquel Golpe de Estado. Durante la Guerra Civil, el hombre pasó al frente y las mujeres a la retaguardia, sufriendo abusos sexuales como estrategia de guerra y represión, el robo de sus hijos y condenadas a la marginación, la dependencia y la subordinación. Comenzó así un proceso de derogación de la legislación sobre los derechos de las mujeres, como el matrimonio civil, el divorcio y el veto al acceso a determinados empleos y cargos, basado en la predisposición femenina a la maternidad, equiparada como deficiencia para el trabajo. La mujer es apartada así de la vida pública, retirada al cuidado de la familia y el hogar.

Este lugar de dependencia de la mujer se consolida durante la dictadura, donde las mujeres fueron víctimas de una doble represión, por sus ideales y por su condición de mujeres, por no representar el modelo de mujer/madre/esposa sumisa que se sustentaba desde el régimen. Toda la maquinaria del régimen se puso en marcha para ubicarnos en el lugar de la subordinación, siendo discriminadas incluso del relato histórico, donde las conquistas por nuestros derechos y libertades, suelen aparecer como hechos aislados y no como parte de luchas colectivas.

La lucha clandestina y la violencia represiva de la última década del franquismo perjudicaron en múltiples formas las expectativas vitales de esas generaciones: represalias laborales, estudios interrumpidos, exilio… El sacrificio de quienes lucharon durante aquellos años, que tuvieron que rehacer sus vidas en condiciones difíciles, incluso con problemas de salud derivados de la represión, nunca les fue reconocido oficialmente.

En esa misma época, surge un movimiento feminista, que además de defender derechos y libertades de las mujeres contra la ideología franquista que había desposeído a las mujeres de su propio cuerpo, permitió ubicar a la mujer como nuevo sujeto político.

Aprovechando el proceso constituyente de una nueva sociedad, en 1978 la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid presentó el "Manifiesto feminista frente a la Constitución". El Manifiesto tenía propuestas progresistas en relación a la familia, la educación y el aborto, que no salieron debido a que el PSOE y el PCE cedieron a las presiones de la Iglesia y la derecha, retirando sus votos particulares respecto al divorcio y el aborto.

La Transición facilitó el cambio político, pero profundizó el silencio y el olvido como mecanismo para superar el pasado traumático, consolidó la cultura de la impunidad ante la ausencia de un proceso de investigación y condena y relegó las reivindicaciones de las mujeres.

La doble condición de víctima de la mujer y la ausencia de políticas que garanticen los derechos fundamentales de Verdad, Justicia y Reparación, fueron recogidas en un informe de 2014 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde destaca la necesidad de “ampliar los estudios existentes sobre las violaciones a los derechos de las mujeres y desarrollar medidas de reparación y reconocimiento especial del daño que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y el franquismo, incluyendo la violencia sexual, agresiones, humillaciones y discriminación en represalia por su afiliación real o supuesta o la de sus familias o parejas”.

Ochenta años después de aquel Golpe de Estado, tenemos una nueva oportunidad histórica para construir una democracia donde nadie se quede fuera, donde el Estado haga de la defensa de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas.