Que las palabras se las lleva el viento, en política, es algo demostrado y testado. Un ejemplo contundente es Mariano Rajoy que juró y perjuró en las elecciones de 2011 que no subiría el IVA y tras tomar posesión lo primero que hizo fue subir el IVA; también prometió no abaratar el despido, sino promover el contrato indefinido como regla general; garantizó que iba a meter la tijera a todo salvo a las pensiones públicas, a la sanidad y a la educación… y así podría seguir enumerando muchas promesas que incumplió y que confirman esta aseveración.

Este hecho, expuesto anteriormente enfatiza lo ocurrido con los Presupuestos Generales. Como decía Johann Wolfgang von Goethe “se ha pretendido que el mundo esté regido por números; todo lo que yo sé sobre esto es que los números dicen si un país está bien o mal gobernado”. Los Presupuestos reflejan las prioridades y objetivos del Gobierno a través de los montos asignados a sus ingresos y a sus egresos. A través de ellos podemos vislumbrar los objetivos que el Estado pretende alcanzar. A este respecto hemos visto como el Gobierno de Rajoy bajaba, en 2015, un 15,5% la asignación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social mientras subía un 4% la asignación a Presidencia; o como redujo, en 2012, un 25% la adjudicación a I+D mientras Alemania la incrementaba en más de un 18%: o como recortó, en 2016, un 21,7% el gasto en prestaciones por desempleo; y podríamos continuar con muchos ejemplos que corroboran como los Presupuestos Generales del Estado constituyen la ley más importante que un Gobierno realiza ya que son la base por la que se sustentará la economía.

Según recoge la Constitución, en su artículo 134.1, corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación. Sin embargo llama la atención que esos mismos Presupuestos que deben ser aprobados por las Cortes Generales estén supeditados a un límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que no necesita la probación de las Cámaras. Proceso éste que está directamente relacionado con la “reforma express” del artículo 135 de la Constitución promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central (BCE), La Comisión Europea y por el Gobierno alemán presidido por la Canciller Ángela Merkel y que supone un ataque frontal al estado del bienestar como ya hemos podido corroborar dado que se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto. Esto conllevó la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El techo de gasto supone la cantidad máxima que podrá gastar el Estado en un ejercicio presupuestario, es un corsé que Bruselas nos impone y nos impide sobrepasar. En 2017 el techo de gasto, el tope, será de 118.337 millones de euros, unos 5.000 millones de euros menos de lo aprobado para 2016. Según el Gobierno su propósito es incrementar el dinero destinado a gasto social. ¿Entienden ahora la importancia de los Presupuestos y ver plasmados en números concretos las cifras que se destinarán a las diferentes partidas? Porque suena poco creíble, viendo la gobernanza de estos años, que teniendo menos dinero incrementen el gasto social. La confirmación de la reforma efectuada al artículo 135 la proporcionan las palabras del propio Gobierno cuando dice “España no puede plantearse en este momento incrementar el límite de gasto porque tiene un compromiso muy firme con la reducción del déficit público” ¿y el compromiso con los innumerables pobres que ha producido la crisis y sus políticas de recortes? Parece que el compromiso con el déficit público es mayor que el que se tiene con las personas.

Por ello debemos luchar contra unos Presupuestos Generales que continúan premiando a los defraudadores y a las grandes fortunas sin contribuir a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español. Es necesario que los representantes municipales se impliquen y aboguen por la anulación del artículo 135, la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dado que dicha ley daña la autonomía municipal en el desarrollo de multitud de proyectos que no pueden ejecutarse sin incumplirla primando el pago a los bancos por encima de las inversiones en política social y la eliminación del techo de gasto pactado entre el PP y el PSOE que nos impone más austeridad. Exigir la devolución a los Ayuntamientos de los cobros realizados de intereses especulativos, demandando una banca pública destinada a la financiación efectiva de los municipios. Máxime cuando la laxitud del Gobierno de Rajoy permitió en 2015, año electoral, eliminar, ese año, los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos postergándolos al año siguiente. Requerir la refinanciación de servicios e inversiones así como la eliminación del fondo de financiación de pago a proveedores. En definitiva tenemos que abogar por la remunicipalización de todos los servicios municipales y por la modificación legal que impide la plena autonomía municipal. No olvidemos que Europa, a través de La Comisión, “invita a las autoridades (españolas) a estar listas para tomar medidas adicionales”, de hecho ya ha hablado de un posible ajuste extra de 2.000 millones y de exigir a España un mayor esfuerzo en el campo de las reformas. Como dijo el filósofo “si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía”

Puedes encontrarme en Facebook, YouTube y en Twitter: @OdalysPadronTFE