Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda

Las elecciones del 26-J se celebran con una deuda pública más allá del límite del 100% el PIB nacional, porcentaje que ha aumentado desde el 35% cuando empezó la crisis. Un aumento de deuda pública que, acompañado de las políticas de austeridad, han beneficiado a las grandes empresas y bancos del IBEX. Una deuda que no se ha dedicado a invertir la recesión económica, como reconocía este viernes la mismísima OCDE.

Ocho años después, no sólo no hemos reducido la deuda pública, sino que la hemos hinchado a base de transferir deuda privada a la factura de lo que debemos pagar entre todas. El precio: reducir los derechos económicos y sociales conquistados con duras luchas. Sufrimos las consecuencias a diario.

Mientras los partidos políticos que han gobernado en las últimas décadas han desplegado grandes redes corruptas, los bancos y grandes empresas han recibido cantidades masivas de dinero de los contribuyentes. Leyes y tratados ―la reforma constitucional al frente de todas― cronifican la pobreza y el paro. Madrid, Bruselas y Frankfurt concentran cada vez más poder mermando soberanía de las administraciones autonómicas y locales. Asfixian con obligaciones de déficit y prioridades financieras hasta amenazar con la intervención. La tónica se repite a lo largo y ancho de la Unión Europea donde la población es sometida a expolio y empobrecimiento, mientras los bancos continúan siendo sustentados con dinero público, rescate tras rescate. Todo esto, está llevando a un crecimiento de la desigualdad y un empobrecimiento y precariedad generalizado para la mayoría, con un paralelo deterioro de las instituciones democráticas y de la credibilidad del pacto social.

Con todo ello, los partidos políticos que ahora se presentan a las elecciones del 26-J, lo hacen sin tan sólo mencionar la deuda en sus discursos. Es evidente que sin abordar la cuestión de la deuda no se puede avanzar hacia políticas que beneficien a la mayoría social. Y para abordar la cuestión de la deuda es urgente realizar una auditoría con participación ciudadana activa para poder analizar en profundidad los mecanismos que cargan sobre la mayoría de la población deudas de las que no somos responsables y que justifican un retroceso de derechos sin parangón en las últimas décadas.

En la actual dinámica de expropiación, a través de las finanzas, es necesario, en defensa de las democracias, sentar las bases de un nuevo paradigma legal, socioeconómico y ecológico, que deje atrás el neoliberalismo y ponga límites al poder de las grandes finanzas. Para ello, la auditoría puede ayudar a tomar consciencia ciudadana de lo que suponen estos procesos de endeudamiento y expropiación. La auditoría nos ha de ayudar a clarificar qué deudas son admisibles y cuáles son ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles para, de forma democrática, decidir qué hacer, incluso si se trata de rechazar su reembolso. Ante el tabú sobre el impago de la deuda, debemos comprender la imposibilidad de seguir pagando.

Desde la Plataforma de Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) entendemos que durante esta campaña electoral o se habla de deuda o no se está abordando una cuestión clave del presente y futuro de este país. Por ello difundimos el manifiesto "El nuevo gobierno del Estado español debe auditar la deuda pública con activa participación ciudadana". Si estás de acuerdo, te invitamos a que te unas firmándolo. Lo haremos llegar a las diferentes candidaturas con las firmas recogidas en la última semana de campaña electoral