Los efectos de la crisis se vieron amplificados en España con ese arma de destrucción masiva de empleo que fue la reforma laboral. Las dos reformas laborales, en realidad: la de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. Ambas se llevaron por delante derechos que había costado décadas conquistar y desarmaron a los trabajadores en su relación con los empresarios. Como era fácil prever, aquello trajo consigo un brutal aumento del paro y una galopante merma de la calidad del empleo. Mucha gente, que gozaba de estabilidad y de un salario razonable, fue puesta de patitas en la calle y sustituida por otra peor pagada y sujeta a contratos temporales.

Hay quien dijo entonces y continúa sosteniendo ahora que la reforma laboral sirvió para evitar males mayores y que sin ella era imposible la recuperación. Sin embargo, lo cierto es que, a día de hoy, no sólo seguimos sin alcanzar el volumen de empleo previo a la crisis, sino que el que existe es de mucha peor calidad. Conseguir un trabajo fijo a jornada completa constituye para muchos españoles una auténtica quimera, y disfrutar de una retribución suficiente para vivir con el mínimo desahogo es una inaccesible ilusión. Desconozco qué hubiese ocurrido sin reforma laboral; pero lo que ésta ha traído, la catástrofe que ha sido para los trabajadores, está a la vista de todos.

El empeoramiento de las condiciones de empleo llega con mucha frecuencia a la más pura y dura explotación. Un ejemplo de ello son las horas de más que algunos empresarios obligan a trabajar, sin pagar un euro a cambio. Bueno, algunos empresarios no; más bien bastantes, si hacemos caso de las estadísticas oficiales. Cada semana se hacen nada menos que tres millones y medio de horas extraordinarias sin remunerar y, por lo tanto, completamente ilegales. Eso equivale a más de cien mil puestos de trabajo, que se podrían crear en beneficio del empleo y de las cuentas de la Seguridad Social, que no están precisamente para tirar cohetes.

El Congreso, a propuesta del PSOE, ha tomado en consideración una proposición de ley cuyo objetivo es poner coto a la prolongación abusiva de la jornada laboral por decisión de los empresarios. Sólo los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos han votado en contra. Si finalmente se aprueba, será obligatorio que todos los centros de trabajo cuenten en el futuro con un registro fehaciente de entrada y salida de sus empleados. Deberá quedar constancia en él de los horarios reales, de modo que la autoridad laboral esté en condiciones de verificar si se ajustan a la normativa vigente. ¿Servirá para algo? No lo sé, porque ya se sabe que hecha la ley, hecha la trampa. Pero a quienes se la saltan hay que ponerles las cosas lo más difícil posible. Las horas extraordinarias son una lacra y lo que no se puede es mirar para otro lado y seguir sin hacer nada.

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