Tras aprobar el Parlament la ley de consultas y firmar Mas la convocatoria del referéndum del 9-N, el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, ha recurrido los dos movimientos secesionistas ante el Tribunal Constitucional (TC), que, en menos que canta un gallo y de forma unánime, los ha paralizado durante un plazo máximo de cinco meses. Ahora cabe que revoque su decisión –algo harto improbable- o que mantenga la suspensión. Cualquiera de las dos decisiones las tendrá que argumentar.

Rajoy respondió con Ley y Constitución, pero tendió la mano a Mas en una declaración institucional firme pero sin romper la baraja: "Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación, buscar un diálogo fructífero, siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley. Estoy abierto a todas las iniciativas pero siempre dentro de la legalidad".

En esta oferta de diálogo, que pasa por que Mas acate la resolución del TC y no saque las urnas a la calle –ni que fueran tanques-, caben ahora incluso los 23 puntos que el president le planteó en la última reunión en La Moncloa.

En fin, más vale tarde que nunca. Pero se han perdido dos largos años, marcados de ausencia de la política, que ha hecho crecer y crecer la bola del desafío secesionista hasta situar a España y a Cataluña al borde del precipicio.

Esta inacción del Gobierno, que nace en el ordeno y mando que ha mostrado durante toda la legislatura ante la mayoría de los conflictos surgidos con la propia sociedad española –médicos, dependientes, profesores, mujeres, jóvenes, alumnos, abogados, etc.-, ha sido acompañada por la sobreactuación desmesurada de sus diversas jaurías, que han defendido en la mayoría de las ocasiones la españolidad de Cataluña a golpe de insultos y amenazas contra todo lo catalán.

Con esta retórica cavernaria, permitida y favorecida por Moncloa, el Gobierno ha logrado el efecto contrario que perseguía; es decir, ha incrementado la nómina de independentistas.

Es verdad que esta sobreactuación de sus mariachis ante el problema catalán le ha servido, como ETA, Gibraltar y otras muchas cuestiones, para tapar el monumental escándalo que ha supuesto que el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas –no un simple auxiliar administrativo-, sea lo más parecido en pepero a Luis Roldán, aquel siniestro director general de la Guardia Civil socialista que robó también a manga ancha.

Pero es de esperar que ahora, en este intento por evitar la confrontación a campo abierto, Rajoy devuelva a esta tropa a sus cuarteles de invierno o les cambie el guión con carácter de urgencia: toca tirarles flores a los catalanes y no macetas, toca buscar lo que une, que no es poco, y erradicar el tremendismo de estos dos últimos años.

En el otro lado del cuadrilátero, Mas tampoco ha dejado mucho margen para ese diálogo que ahora asoma las orejitas tímidamente tras el varapalo supersónico del TC.

En vez de combatir la decadencia social, política y económica de Cataluña, que ha emergido con toda su virulencia durante la crisis y que poco o nada tiene que ver con su encaje en España, el líder de CiU ha apostado por el victimismo y se ha envuelto en la bandera del independentismo que le ofreció ERC, dejando el proceso a la deriva en manos de una mitad de sociedad catalana, excluyendo a la otra mitad.

Quizás su debilidad tenga que ver también con la necesidad de tapar las vergüenzas de su propio partido, que, después del ‘caso Pujol’, ha mostrado tener unos pies de barro con los que sólo se puede emprender un viaje a ninguna parte.

En fin, unos por otros y la casa por barrer. Como los españoles y los catalanes no tienen bastante con sobrevivir a esta crisis de perros, ahora dos huevos duros más de follón territorial.

La única esperanza que queda es que cuaje el diálogo antes de que este desafío se adentre en el terreno penal. Y, teniendo en cuenta la pasta de la que están hecho los dos actores principales, que Sócrates errara allá por el año 390 A.C. y la base de la virtud política no sea la moral.