El secuestro del Alakrana ha inaugurado un nuevo tiempo en la Justicia española. Lo de la lentitud era un mito sin fundamento. La Audiencia Nacional es en estos días el plató de un película de Buster Keaton, con actores en blanco y negro que se mueven a toda leche. Se acabaron los procesos interminables. A los piratas somalíes que el Gobierno se empeñó en traer para fomentar el turismo del Cuerno de África se les va a juzgar en quince días por un delito, el de la detención ilegal de los tripulantes del atunero, que se sigue cometiendo. Si esto no es celeridad, que venga Usain Bolt y lo diga.

Ayer, a instancias de la fiscalía y urgido por ella, el juez Pedraz decidió el procesamiento de Abdú Willy, el pirata más radiografiado del mundo, y de su colega de pendencias, sin incluir entre los cargos el delito de asociación ilícita, lo que podría facilitar su expulsión a Somalia cuando la ingeniería jurídica determine el procedimiento más conveniente para retorcer la ley sin matarla por asfixia. No hay que preocuparse: tenemos un Estado de Derecho tan fuerte que el Ejecutivo se ha propuesto verificar cuántos puñetazos en el hígado puede recibir antes de que hinque la rodilla o bese la lona.

Cuando esta pesadilla concluya y los marineros del Alakrana regresen con sus familias, cada palo tendrá que aguantar su vela. Si de algo está preñado este caso es de responsabilidades, empezando por la del armador, un señor que obliga a su barco a faenar fuera del perímetro de seguridad de la operación Atalanta –un despliegue de barcos de guerra que nos sale por un pico-, y que lo hace sin enarbolar la bandera del país al que luego pide auxilio cuando la cubierta se le llena de filibusteros.

En el capítulo de temeridades, la del Gobierno ha batido todos los récords. Primero se ordenó la captura de los dos piratas, cuando un informe de la inteligencia militar lo desaconsejaba; más tarde se apremió su traslado a España, en abierta contradicción con la experiencia internacional en casos similares y con el propio sentido común. El desenlace de este despropósito causará importantes daños a ese Estado de Derecho que no acepta chantajes, salvo si vienen del Índico. Escupan crudo o fuego de artillería, las crisis en alta mar son funestas para el estómago de nuestros gobernantes. Sus vómitos nos acaban manchando a todos.