Cuando a alguien le advierten de que puede sufrir una enfermedad terminal, quizás la familia se sienta aliviada si al final le amputan una pierna. Pero no tiene la menor gracia para quien se queda cojo de por vida. Tras conocerse ayer el fallo del Tribunal Constitucional después de casi cuatro años de deliberaciones, las principales reacciones políticas en Madrid eran de alivio. En Catalunya, sin embargo, la indignación se palpaba. Para el Gobierno, la sentencia avala el 99% del Estatut, lo cual es cierto. Para la Generalitat y para el sentir de la mayoría de los catalanes, un tribunal caducado elimina 14 artículos e interpreta otros 27 de un texto que contaba con toda la legitimidad de las urnas y cuyo desarrollo ha demostrado la falacia de que pudiera “romper España”, como sostenía el PP para justificar su recurso de inconstitucionalidad.

La votación final por bloques y el hecho de que uno de los magistrados nombrados a propuesta socialista haya impuesto su rancia visión de España no ayudan a contener la frustración catalana. Tampoco lo hace la evidencia de que un alto porcentaje de materia declarada inconstitucional se refiera al Poder Judicial, que de nuevo aparece como intocable y superior al Legislativo por la vía de los hechos. A la espera de conocer el detalle de la sentencia y más allá de las interpretaciones jurídicas, políticamente es innegable que la España plural queda tocada y que los separatismos reciben un nuevo aliento.