JOSÉ MANUEL NAREDO

El paquete de ayudas a los parados con problemas de pagos por vivienda,

que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, muestra un olvido significativo: los

parados que viven en pisos de alquiler. Lo que es grave, cuando el colectivo

de inquilinos en paro alberga muchas veces situaciones más

precarias que el de los que se han comprometido a acceder a la propiedad

de sus viviendas y dista mucho de ser despreciable en las grandes

ciudades. Dos razones pueden explicar este olvido. Una, que el apoyo a las personas

sea sólo una coartada para apoyar de nuevo a las entidades financieras, rebajando la morosidad

que se les viene encima, cuando estas entidades ya se habían visto bien

inyectadas, avaladas y arropadas por el Estado. Lo que no pasa con

las pobres personas que viven en alquiler,por muy necesitadas que estén.

La otra razón sería el mero continuismo de una política que ve en la

vivienda en propiedad el único modelo digno de ser apoyado, aunque

cuente ya con muy notables apoyos. Pues las desgravaciones fiscales por

compra de vivienda superaron en 2007 los seis mil millones de euros,

afectando a seis millones y medio de declarantes (casi el 40%).

La creación franquista de un Ministerio de Vivienda orientado a

promover la vivienda en propiedad como vacuna contra la inestabilidad

social dio buenos frutos. Con la retórica falangista del momento, el entonces

ministro de Vivienda e ideólogo de Franco José Luis Arrese, decía

que para hacer “gente de orden” y asegurar el conformismo de la población,

había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda,

atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se desplazó, así, el régimen de tenencia

de las viviendas desde el alquiler hacia la propiedad. Pues el alquiler era entonces aplastantemente

mayoritario en las ciudades. Según datos del Censo 1950, en Barcelona,

sólo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios,

en Madrid el 6%, en Sevilla el 10 %, en Bilbao el 12 %, etc.

El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar

medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo

después de muerto Franco. Si algo quedó bien atado después de

su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del “pelotazo”

inmobiliario. Un continuismo digno de mejor causa permitió no

sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de la propiedad, sino convertir

a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio

inmobiliario la verdadera industria nacional. Solamente se abandonó

la promoción pública de “alquileres baratos” vinculada al paternalismo

franquista, hasta el extremo de hacer de España el último

país europeo en porcentaje de vivienda social. Pero si la situación se forzó en un

sentido, también podría reorientarse en sentido contrario. Cuando la avidez de “invertir en ladrillos”

se apuró hasta el final, generando un stock de viviendas sobredimensionado

que nuestra población no alcanza ya a comprar, ni a habitar, es el momento de invertir

el modelo y no de persistir en él. La regulación y el fomento del

alquiler y la vivienda social son el medio razonable de paliar la delicada

situación actual. Son la única salida razonable para rebajarla presión financiera a la que se

ven sometidos los propietarios de ese enorme stock actual de viviendas

invendidas, desocupadas o infrautilizadas. A la vez esta opción resolvería la contradicción que supone

el hecho de que siga habiendo graves necesidades de vivienda en España, cuando es el país

que cuenta con más viviendas per cápita de toda la UE.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico