Se acaba el año 2015 y la X legislatura. Una legislatura que pasará a los anales de la historia por habernos usurpado la mayoría de nuestros derechos. La pérdida de derechos laborales ha sido escandalosa abocándonos a trabajar en condiciones que se asemejan de manera licenciosa a la esclavitud. Según el informe sobre el Estado Social de la Nación 2015, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la inestabilidad del empleo y los bajos salarios está llevando a casi la mitad de la población española a una situación precaria, en permanente riesgo de caer en la pobreza con un aumento progresivo de la desigualdad. El 10% de la población acumula el 55,6% de la riqueza. Uno de cada tres trabajadores cobra menos del salario mínimo interprofesional. Actualmente trabajar no te asegura no ser pobre.

Una legislatura caracterizada por el "rodillo" legislativo. Así aprobó, la ya mencionada, reforma laboral, que constituye el mayor recorte de derechos laborales de los trabajadores en España desde la dictadura. También la conocida como "ley mordaza" en la que se establecen sanciones administrativas, con elevadas multas, por actos como manifestarse en las cercanías del Congreso o del Senado, intervenir para frenar desahucios o fotografiar en la calle a policías. Criticada hasta por el Consejo General del Poder Judicial.

La "ley Wert" que favorece los conciertos con el sector privado de la educación y desprecia el trabajo del profesorado de la enseñanza pública estableciendo reválidas que serán realizadas por empresas privadas que obtendrán enormes beneficios. Básicamente la LOMCE lo que pretende es abrir el camino a nuevas formas de privatización del sistema educativo. La reforma del Código Penal que, entre otras novedades, establece la cadena perpetua, que no existía en el ordenamiento penal español, bajo la eufemística expresión de cadena permanente revisable. Una reforma que supone un grave retroceso para la libertad de expresión y de reunión aumentando las penas contra los manifestantes sin justificación alguna.

A través de un real decreto-ley, una fórmula prevista sólo para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", introdujo un recorte brutal de 7.000 millones de euros en Sanidad y de 3.000 millones de euros en Educación Pública. Además estableció el "repago" farmacéutico para los pensionistas hasta el 10% del coste de los medicamentos, aumentó las horas lectivas a los profesores y subió un 20% el ratio de alumnos por aula para, según ellos, bajar costes.

No olvidemos que una semana después de llegar a la Moncloa, el Partido Popular aprobó su primer real decreto-ley subiendo hasta un 7% el IRPF a millones de trabajadores, hasta un 10% el IBI y congelando los salarios de los funcionarios. Y se despidió con, la tan discutida por jueces y fiscales, reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que favorece la impunidad contra la corrupción al reducir drásticamente e inoperativamente los límites de la instrucción judicial. Cambia el término de imputado por investigado y encausado e intenta evitar lo que se ha llamado "pena del Telediario".

Con el Año Nuevo la gente espera que su vida cambie, para mejor, y poder deshacerse de todo aquello que le oprime o perjudica. A lo mejor en esta ocasión políticamente se cumplen estos deseos y dejamos atrás un Gobierno que haciendo uso de su mayoría absoluta ha abusado de legislar por decreto para huir de los debates utilizando un procedimiento exprés que se preveía sólo para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", un Gobierno que rechazó 72 citaciones de las cuales 28 tenían como objetivo que rindiera cuentas por los casos de corrupción que afectan a su partido, el Partido Popular, un Gobierno que nos ha saqueado la "hucha de las pensiones" en un 40% llevando la deuda pública a la mayor que ha habido en este país en 150 años, desde que el Fondo Monetario Internacional tiene registros.

Esperemos que tras las elecciones generales, teniendo una mayor pluralidad parlamentaria consigamos mayor democracia y disfrutemos con las derogaciones, tal como prometieron muchas formaciones políticas en campaña electoral, de leyes que han esquilmado nuestros derechos y nuestros recursos. Esto es lo que nos gustaría aunque la realidad, dado los intereses partidistas de los electos, nos vislumbra un futuro nada prometedor donde unas nuevas elecciones están más cantadas que el sorteo del Niño.