Los Pactos de la Moncloa tuvieron un enorme éxito, logrando incorporar a los partidos de izquierda y a los sindicatos mayoritarios a un consenso que dejaba de lado el conflicto y la lucha obrera. La famosa cultura del consenso que se forjó en la Transición y que tanto aplauden hasta la saciedad los Ferreras, Inda, Ana Rosa, Susana Griso o Risto Mejide de turno, abrió una dinámica de acuerdo o pacto entre los agentes sociales –Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios– en detrimento de las expresiones de movilización social. Y es que, la Transición en España coincide, por un lado, con la fase final del keynesianismo y con el último gran ciclo expansivo del sindicalismo en Europa y, por otro lado, con un momento de fuerza en las posiciones que representaban Comisiones Obreras (CCOO) y el Partido Comunista de España (PCE). Sin embargo, con la operación forjada en la Transición permitió incorporar a las fuerzas más rupturistas a su lógica del consenso en detrimento de las expresiones de movilización popular. Produciéndose lo que Gramsci llamaba revolución pasiva de las élites: el bloque dominante es el que dirige el inevitable cambio incorporando algunas de las demandas populares, haciéndolas suyas y adaptándolas. Sin embargo, la izquierda política seguía haciendo triunfalismo de una cultura de la Transición que en el ámbito laboral ha permitido instaurar un orden laboral precario e inestable que sufrimos en la actualidad.

Y es que, hay una canción del gran Evaristo Paramos (cantante de la Polla Records) con su ex grupo “Gatillazo” que define a la perfección la cultura del consenso y de los grandes acuerdos. La canción es la siguiente:

Los políticos de izquierdas nos dejaron cuerpo a tierra

Nos quedamos cuatro gatos solos en la barricada

Nosotros con estos pelos y la policía armada

La batalla está perdida

Nuestra bandera pisada

Saca la bota María

Que toquemos retirada

Quizás la Transición no pudo ser de otro modo, quizás la correlación de fuerzas no era favorable, pero quizás no tendría que haberse levantado la bandera del triunfalismo por parte de cierta izquierda, y se debería haber asumido que los mismos franquistas que hace unos años fusilaban gatillo en mano eran quienes, impunemente, estaban dirigiendo el cotarro. Y eso produce más rechazo que triunfalismo.

Pero a nivel europeo la cosa no era muy diferente, ya que la mayoría de los partidos socialdemócratas habían abandonado determinadas políticas de intervención en la economía, así como la búsqueda del pleno empleo. Por su parte, los partidos comunistas también sufrieron un fuerte retroceso, tanto en las bases sociales como en términos electorales. También los sindicatos de clase vieron cómo se evaporaban los proyectos de emancipación social y su defensa se limitaba a defender los intereses de las trabajadoras. La nueva visión neoliberal del trabajo se consolidaba progresivamente con los triunfos electorales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en 1979 y 1980, respectivamente. El conflicto que se produjo entre el gobierno de Thatcher y el Sindicato Nacional de Mineros de Reino Unido marcaría un antes y un después. Fue un momento crucial, pues la derrota final de los huelguistas supuso el debilitamiento significativo del movimiento sindical, y la última gran lucha del mismo. Simbólicamente esta derrota anunció un nuevo tiempo en el mundo del Trabajo, y la "dama de hierro" había conseguido ganar la batalla a uno de los sindicatos más poderosos del país.

Pero volvamos a España. Con perspectiva hemos visto cómo los poderes públicos han sido la muleta de un modelo que día tras día ha precarizado el mercado laboral. Hay que tener presente que el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, se forjó en un periodo en donde las tesis neoliberales cobraban fuerza en Occidente y el keynesianismo estaba en retroceso como ya hemos señalado. Con el Estatuto se abrió la puerta a la contratación temporal, la moderación salarial, la flexibilidad laboral, el aumento de las facultades empresariales de ordenación y modificación de la prestación laboral, o la apertura de espacios para la negociación colectiva a nivel de empresa. La década de los 80 inauguró además la cultura de los “grandes pactos” entre sindicatos, patronal y Gobierno y, aunque no fue lineal, se favoreció la implementación de un modelo de trabajo precarizado.

Más allá de “los grandes pactos” inaugurados en los Pactos de la Moncloa, tenemos algo que ha transformado el derecho laboral en estos cuarenta años: las reformas laborales o, mejor dicho, las contrarreformas laborales del capital. Cada contrarreforma llevada a cabo por el PSOE o el PP y con el consentimiento en muchos casos de los sindicatos institucionalizados y la patronal, por supuesto, ha ido desregulando el esquema normativo laboral implantado en la Transición en beneficio de las exigencias del capital. Cada reforma laboral no se ha presentado como una respuesta a las adaptaciones de las empresas, sino que se ha camuflado bajo diferentes tópicos: “mercado laboral rígido”, “reducción del desempleo”, “reducción del desempleo juvenil”, “inserción laboral de los jóvenes”, “fomento de la empleabilidad de los jóvenes”, “reducción de la brecha fijos/temporales”, “creación de empleo” etc. Las sucesivas reformas laborales han ido propiciando un estado de reforma permanente que ha quebrado los consensos en torno al Trabajo establecidos en la Transición y dejado en evidencia la crisis del trabajo (del trabajo entendido como empleo forjado tras la Segunda Guerra Mundial).

Uno de los principales ejemplos de este impulse desregulador lo tenemos en la reforma laboral de 1984, la cual abrió la veda a la contratación temporal estableciendo 14 nuevas tipologías de contratación temporal. Cabe decir, que, en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, la contratación era indefinida, por defecto, y solamente podía ser temporal bajo tres supuestos. Guamán e Illueca señalan que las sucesivas reformas laborales se han implantado en el ordenamiento laboral a través de diferentes fases. La primera fase, reformista, abarca el periodo 1984-1994 y es caracterizada por establecer la temporalidad como estrategia normativa. La segunda fase, comprendida entre 1994 y 1997, potenció la flexibilidad laboral. La tercera comprende las reformas laborales realizadas en el 2010 y 2011, las cuales favorecieron la inestabilidad como estrategia normativa. La cuarta fase de reforma permanente constituye la expresión más significativa y acabada de una política legislativa orientada a la híper-flexibilización y desregulación de las relaciones laborales en nuestro país: la reforma laboral realizada por el Partido Popular en el año 2012 en forma de decretazo. Todas estas reformas laborales han ido desmantelando el ordenamiento laboral configurado en la Transición. Hay que tener en cuenta que dichas reformas se han aplicado tanto en ciclos económicos expansivos como recesivos, poniendo de manifiesto que la estrategia del capital viene de atrás y va más allá de un ciclo económico determinado.

Hoy nos encontramos con que los sindicatos UGT y CCOO, junto a la CEOE y el PSOE/UP han cerrado un amplio acuerdo en torno a una nueva reforma laboral. Sin entrar a detallar cada una de las modificaciones, lo cierto es que hay modificaciones de calado bastante positivas: modificación y eliminación de determinados contratos como el de obra y servicio con el fin de limitar la temporalidad y evitar el fraude, cambios en el convenio colectivo referente a la subcontratación, refuerzo del mecanismo de los ERTE, o cambios en la negociación colectiva y la ultraactividad. Sin embargo, sin tan positiva es para la clase trabajadora, ¿por qué la Fundación FAES o el propio Aznar han avalado el papel que ha jugado la CEOE en la negociación de esta reforma laboral? La respuesta se puede intuir. Y es que, no hay que olvidar que la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en el 2012 fue aprobada con el apoyo exclusivo de la CEOE mediante un decretazo, consolidando aún más el desequilibrio en las relaciones laborales en favor exclusivamente del capital.

Pero lo cierto es que ni esta reforma es histórica ni deroga en su integridad la reforma laboral del 2012. No olvidemos que tanto el PSOE como UP se presentaron a las elecciones diciendo literalmente que “derogarían la reforma laboral del Partido Popular”. Además, la derogación íntegra de la reforma laboral se plasmó en el acuerdo suscrito por EH Bildu con el PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, eso no ha ocurrido ni se espera que ocurra. ¿Por qué la derecha puede legislar exclusivamente para el beneplácito de la patronal, y determinada izquierda tiene tantos miramientos a la hora de legislar para la gente trabajadora? La respuesta se contesta sola. Esta reforma no recupera las indemnizaciones por despido improcedentes ni los salarios de tramitación, los ERTES o ERES siguen sin necesitar autorización laboral real, sigue permitiendo margen para descuelgues de los convenios colectivos y prima los convenios estatales frente a los provinciales o autonómicos. ¿No es acaso mejor negociar las condiciones laborales en el propio territorio en vez de en Madrid? Cierta izquierda sigue sin entender lo que significa la plurinacionalidad.

Quizás, como en la Transición, no se pudo hacer más. Quizás la correlación de fuerzas es la que es. Pero quizás… no debería venderse como otro “triunfo histórico” una reforma que no cambia la estructura real de las relaciones laborales en nuestro país. Las gentes trabajadoras llevan viendo año tras año como detrás de ese “diálogo social” y ese “consenso” maravilloso sus condiciones de vida empeoran. Sigamos más el ejemplo de los huelguistas del metal de Cádiz y menos el de los sindicatos burocratizados.