El viernes pasado comenzó el Carnaval de Madrid, con una apuesta por la descentralización y que los distritos fueran las unidades territoriales protagonistas. Resultaba necesario prestar atención a las que eran las primeras actividades festivo-culturales tras la Cabalgata que propició, de nuevo, la creación de una polémica artificial sobre el Ayuntamiento de Madrid. Un inicio que poco tardó en saltar a los periódicos digitales por la interpretación de “La Bruja y don Cristóbal” a manos de Títeres desde Abajo.

Diferentes medios se hicieron eco del malestar de algunos padres y madres de los asistentes. Pero lo importante no era eso. Había que asegurar que se había desplegado una pancarta que ponía “Gora Eta”, afirmación rotundamente falsa, y generar la sensación de que había sido la misma Manuela Carmena quien portaba el cartel. Horas después, los dos titiriteros eran enviados a Soto del Real por la petición de prisión preventiva sin fianza acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio ideológico. Un escándalo, una aberración y una nueva violación de derechos.

Tras leer muchas de las reflexiones, comunicados, comentarios y matizaciones que se han vertido sobre el desarrollo de los acontecimientos de estos días, hay dos preguntas que se me repiten en la cabeza: ¿Habría pasado lo mismo si se hubiera realizado en una ciudad en la que no hubiera un gobierno del cambio en el Ayuntamiento? ¿Qué habría pasado si en la obra de ficción se hubiera desplegado un cartel contra los musulmanes o las mujeres?

Es probable que la respuesta a la primera pregunta sea no. En los últimos meses hemos visto iracundos ataques a los gobiernos municipalistas por demostrar día a día que las cosas pueden hacerse de otra manera, que pueden hacerse mejor. Pasó cuando descubrieron que teníamos un pasado atravesado por la lucha de los derechos sociales en nuestro país y cuando evidenciamos que los nuevos gobiernos se traducen en nuevas formas de hacer y entender la política.

La segunda pregunta parece algo más compleja, pero tiene una respuesta clara: los titiriteros no estarían en la cárcel. Se habría discutido sobre la idoneidad de la obra, sobre su carácter artístico, la elección del público o lo inapropiado del mensaje pero hoy no habría dos personas en prisión. Si lo están, no es por la denuncia del Ayuntamiento (por actos lesivos y ofensas), sino gracias la última reforma del Código Penal que firmaron PP y PSOE a comienzos del año pasado. Desarticulado el mantra “todo es ETA” y con la excusa del yihadismo, ambos partidos abrieron la definición de “delitos de terrorismo” y merecieron la reprobación de Naciones Unidas. Junto a la advertencia de que la definición era “excesivamente amplia e imprecisa”, la ONU advertía sobre el riesgo que generaba la nueva ley al poder “criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. Y esto es lo que ha ocurrido.

Es así como yo lo entiendo. Más allá del error del Ayuntamiento –que creo ha existido- o el (des)agrado que nos genere la obra, nos encontramos ante la conjunción de ambos factores: el incesante intento de desestabilizar a los gobiernos del cambio y la aplicación de un Código Penal –por parte de una vergonzosa Fiscalía- cuyo objetivo pareciera generar arbitrariamente enemigos disfrazándoles de peligrosos terroristas . Todo lo que sea desviar el enfoque nos hará errar el tiro, mantener la grave injusticia que supone tener a dos personas en prisión por representar una obra de títeres y permitir el acoso y derribo que entorpece el trabajo de quienes, desde las instituciones, tienen el reto de mejorar nuestras ciudades y las vidas de quienes las habitamos.