La Justicia española funciona más o menos así: un joven sustrae una gallina valorada en cinco euros y es condenado a un año de cárcel; otro, de Granada y sin antecedentes penales, ingresa en prisión por una estafa con una tarjeta de crédito falsa con la que hizo compras por importe de 80 euros; un tercero, de Sevilla, roba una bici de alquiler y acaba entre rejas. Casos similares se repiten cada cierto tiempo. Manguis con varios delitos menores a sus espaldas que han cambiado de vida. Trabajan y tienen familia pero ignoran que el pasado es muy cabrón y gira visitas. Por la última de sus pequeñas fechorías se les exige saldar su deuda con la sociedad. A muy pocos les llegará el indulto. El resto irá al trullo para recibir su justo castigo.

Luego están otros, cuyo pasado no ha dejado de ser un presente continuo. Gente bien que ha robado toda su vida a manos llenas, intachables hasta el final. Ricos como los Carulla, que ocultaron a Hacienda sus beneficios multimillonarios con una red de empresas en paraísos fiscales. Pagaron 9,4 millones y evitaron el juicio y la cárcel. O los Carceller, para cuyo patriarca se pedían 48 años, y que se ha librado pagando 103 millones. O los Botín, que tenían 2.000 millones en Suiza y arreglaron el entuerto con una complementaria y 200 millones. O Cuatrecasas, el abogado eminente, un defraudador compulsivo que dijo adiós a sus problemas ingresando 5,5 millones al Fisco. Para todos ellos se inventó el acuerdo extrajudicial y la amnistía fiscal.

En un tercer grupo están los banqueros, de familia o sobrevenidos por el gracioso dedo de sus respectivos partidos. Su gestión ha costado 122.000 millones de euros. Dicen que hay más de 300 exconsejeros imputados y apenas una veintena condenados. Sólo cinco exejecutivos de Novacaixagalicia están en la cárcel por administración desleal. A Miguel Blesa no se le cuenta porque su estancia en prisión preventiva fue meramente turística. Se lo llevaron crudo en sueldos, planes de pensiones e indemnizaciones de escándalo. Quizás alguno más pruebe las comodidades del sistema penitenciario pero la experiencia sugiere que es poco probable. Por la calle se pasean los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, los de Caixa Penedès, los de la Caja de Castilla-La Mancha y el presidente de Bancaja, José Luis Olivas. PP y PSOE no han dejado de poner trabas a una comisión de investigación sobre el rescate bancario, un saqueo colosal del que han sido cómplices y cooperadores necesarios.

Finalmente, está Rodrigo Rato, el hombre del milagro económico que debería estar en la cárcel aunque sólo sea por ese bañador amarillo que luce en los yates, uno de los más destacados golfos apandadores del país al que Hacienda acusa de no haber declarado 14 millones de euros entre 2004 y 2015, una minucia en comparación con los 22.000 millones que ha costado reflotar Bankia, su herencia principal.

Rato es un forajido profesional, un evasor contumaz desde que era vicepresidente de Aznar y se subvencionaba a sí mismo, un bandido protegido por esos grandes del Ibex, a los que él mismo colocó en las privatizaciones de los antiguos monopolios del Estado y les hizo ricos, y que no han dejado de devolverle el favor para que hiciera caja a toda prisa, ya fuera en sus consejos de administración, pagándole conferencias a precio de Obama o correspondiendo a sus mordidas.

Del genio de Berkeley se esperaba algo más que el simple atraco con media pero se ve que ya está todo inventado: sociedades en paraísos fiscales, empresas pantalla para camuflar ingresos y cuentas en Suiza. Tan predecible ha sido su modus operandi que ni siquiera el descubrimiento de que se había acogido a la amnistía fiscal de su amigo Montoro para repatriar sus fondos causó sorpresa. Rato es un defraudador vulgar, un vulgar ladrón al que Rajoy encumbró a la presidencia de Cajamadrid, donde excavó sin aparente esfuerzo el mayor agujero de la historia bancaria española. Nadie duda de que la Justicia actuará contra él como nos tiene acostumbrados.