Cuando Franco dijo: “Todo queda atado y bien atado”, para tranquilizar a los que creían que la dictadura moriría con él y pedían que su testamento político garantizara la continuidad del régimen para seguir manteniendo sus privilegios, muchos pensaron que se trataba de un farol. Ni en su delirio imperial más optimista Franco pudo imaginar que, 35 años después de muerto, en una democracia con una Ley de Partidos que impide la actividad política a los que, por ejemplo, justifican el racismo y la xenofobia, la justicia estaría del lado de Falange Española poniendo contra la pared a un juez por intentar investigar crímenes cometidos después de la Guerra Civil. Y eso cuando muchos de los asesinados aún figuran como desaparecidos y los cuerpos se encuentran esparcidos por cuentas y campos de la geografía española.

En el mismo espacio habría que situar el linchamiento que lleva a cabo el Partido Popular contra el juez Garzón al reabrir una causa archivada por los pagos de unos cursos que impartió y al dedicarle todo tipo de descalificaciones desde que comenzó la investigación del caso Gürtel, la primera causa grave de corrupción que se sigue contra la derecha en España, cuyos principales responsables figuran en las fotos de la boda de la hija de José María Aznar, y en la que el principal acusado, el señor Correa, fue “testigo”. Qué casualidad que ese mismo presidente cerró la Fiscalía Anticorrupción durante su mandato.

El intento de archivo del caso Gürtel que se está orquestando desde distintos espacios de la justicia es una vergüenza para el llamado Estado de derecho.

Va a ser verdad que estaba todo atado.