La ilegalidad se ha instalado en el Ateneo desde las elecciones de mayo de 2021. Triste epílogo a la conmemoración del bicentenario de su primera fundación que concluía ese mismo año. Mensualmente se redactan actas falsas por omisión o falsedad positiva; no resumen lo dicho ¡ni aún si lo pide el orador y envía el resumen!; se someten a aprobación impidiendo que se informe antes de esas falsedades. Hay una división ética entre los socios; a la mayoría de los socios con mayor antigüedad, su ética les impide aprobar actas falsas que son nulas de pleno derecho porque no resumen lo que está grabado; la mayoría de los que tienen menos de un año no les plantea ningún problema ético su aprobación ni que se impida informarles de esas falsedades. Además, la contabilidad de esos votos nunca la hicieron los “cuatro escrutadores” como exige el art. 19 y por ello todos esos acuerdos son nulos. En la Junta de diciembre se declaró aprobada el acta por 57 votos a favor de y 37 en contra, aunque había más de un centenar de socios presentes. Tras los gritos de “tongo, tongo” hubo que repetir la votación; a la tercera, ya con un recuento correcto, fue rechazada por 59 votos a favor de aprobarla, 69 en contra y 4 abstenciones. Había 132 socios.

Luego se aprobó un dictamen antirreglamentariamente, nulo de pleno derecho porque tenía que votarse en la Junta de enero (art. 24) tras responder a las preguntas y votar las enmiendas y adiciones propuestas al mismo (art. 22 y 25). Desde junio todo es un puro descontrol.

El Ateneo era el foro de la palabra irrestricta “por radical que sea” (art. 13). El socio tiene derecho a “dirigir a la Junta de Gobierno las pregunta e interpelaciones que estime convenientes” (art. 22), “la más amplia iniciativa para proponer cuanto crea conveniente” (art., 16.4º) y “a usar la palabra para cuestiones de orden o pedir la lectura de artículos … o de documentos". Pero no hay “orden de las discusiones” (art. 30) porque se impide porque “no se concede la palabra” a todos los socios (art. 27), se “interrumpe al orador” (art. 30) o “le priva de la palabra” (art. 30) con fraude de ley (art. 6.4 CC). A este atropello de sus derechos se suma que se aprueban acuerdos por mayoría simple, -el Reglamento la exige absoluta-, con lo que son nulos de pleno derecho. Se busca amontonar más y más hechos consumados falsos. Aunque al final caigan como los castillos de cartas, el daño ya está hecho.

La LO 1/2002 exige democracia interna. Es ilegal discriminar al socio (art. 14 CE78) negándole la información postal; exigirle que tenga correo electrónico es ilegal. Se dice que se quiere proteger al planeta de la deforestación ahorrando dos folios/mes con los que se priva a los socios de saber el día, hora y orden del día de la Junta General mensual y las elecciones; en las últimas, además, se alteró el reglamento exigiendo el voto presencial cuando está permitido cualquiera que “garantice la libre expresión de la voluntad del socio” (art. 31). Además, la ley electoral permite el voto por correo y lo exige el art. 14 CE78. Pese a estos fraudes electorales perdieron las últimas elecciones de octubre por 7 a 19 en las que tampoco se envió la propaganda electoral a los electores, ni se celebró “al menos un acto conjunto” de los candidatos como exige el art. 89.

Durante meses han ocultado las actas de la Junta de Gobierno y no han informado a la Junta General como exigen el Reglamento y la L.O 1/2002 lo que son objetivos actos de administración desleal prohibiéndose hasta pedir aclaraciones sobre gastos confusos u ocultados. Las Junta en vez de dirigir el debate se abronca a los socios a gritos; se interrumpe a los oradores, no les deja terminar sus intervenciones; no se concluye el Orden del Día, otra forma de impedir que quede grabada la intervención de los socios. Todo este desorden prolonga la Junta de forma que se necesitaría a otra sesión, como se ha hecho otras veces, para cumplir con el orden del día. Pero no se respeta porque se cancela. Podría respetarse dirigiendo el debate de modo eficiente sin entrar en pendencias con lo socios, dejándoles hablar, respetando su derecho, iniciando la junta antes o reanudándola hasta cumplir el orden del día. Pero se sigue atropellando el Reglamento.

En la Junta General de diciembre se denunció la difamación de que un socio hizo objeto a varios otros socios con nombres y apellidos en un whatsapp plagado de falsedades. El socio autor de la difamación es un experto en divulgación; sabe que un whatsapp, que era parte de la propaganda electoral para las elecciones de octubre, puesto en la red tiene una difusión mayor que la del pregonero del ayuntamiento a golpe de trompetilla. Pese a ello, se negó a excusarse ante la socia difamada y reivindicó su derecho a decir falsedades alegando que era en el ámbito privado, no siéndolo.

Por todo ello, estimado lector, ¡y desgraciadamente hay más que lamentar!, escucha nuestra llamada; la de los socios que hemos llegado a completar los 200 años del Ateneo apoyándolo a lo largo de toda nuestra vida, en muchos casos desde los veinte años y somos muchos los que sobrepasamos los ochenta. Si eres demócrata y amas la cultura, ¡hazte socio del Ateneo! Te necesita con urgencia; no queremos que con todas estas violaciones se malogre su esencia democrática mantenida durante dos siglos, pese a cierres, secuestros y amenazas de todo tipo. Con el descuento en el IRPF su coste son unos pocos cafés/mes. Serás bienvenido, si sigues la línea ética de defensa de la libertad de expresión que ha gobernado el Ateneo desde sus inicios.