Tras pulirse en cinco años algo más de 70.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Gobierno ha recurrido a un préstamo del Estado de 10.192 millones para abonar en parte las pagas extras de los pensionistas, que es la manera de comunicar al respetable que la hucha está tiritando y que si se agita el cerdito de barro a la altura de la oreja sólo se escuchará el tintineo de algunas monedas.

Como se ha venido explicando aquí, el saqueo del Fondo no ha sido una circunstancia obligada por la crisis económica sino algo mucho más premeditado. Así, junto al vaciamiento de las reservas y pese a las constantes pérdidas de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas gracias a la última reforma del sistema, se ha institucionalizado un déficit de más de 15.000 millones al año. ¿Objetivo? Propiciar una nueva reforma con más recortes en las que vuelva ampliarse la edad de jubilación y, paralelamente favorecer a los fondos privados, que si para alguien han sido rentables es para los bancos.

Para desvalijar el Fondo de Reserva se ha recurrido al atraco a cara descubierta ya que ni siquiera ha hecho falta recurrir a la media de nailon en la cara. Sencillamente, se ha privado a la Seguridad Social de ingresos y se han multiplicado los desembolsos. De esta manera, se ha obligado al sistema a financiar las bonificaciones y tarifas planas con las que el Gobierno ha regado a los empresarios para que contraten y que vienen a sumar unos 4.000 millones de euros al año. Por el otro lado, se ha favorecido una devaluación salarial de tal calibre que el aumento de cotizantes no ha servido para equilibrar las cuentas. Finalmente, al dejar a cero la hucha se han perdido también sus réditos, que venían a suponer unos 3.000 millones al año.

Para completar el cuadro, se ha usado la Seguridad Social para tapar agujeros de otros organismos públicos a costa de aumentar el suyo. Un ejemplo es el de los desempleados por los que el Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, ha de cotizar a la Seguridad Social. Si se bajan sus bases de cotización y sólo se hace por los mayores de 55 años –antes se cotizaba por los mayores de 52-, el SEPE se ahorra el dinero que la Seguridad Social deja de recaudar. Y así.

Todo ello explica que durante los primeros años de la crisis, posiblemente en su etapa más virulenta, la Seguridad Social esquivara el déficit sin tocar un céntimo de las reservas y que a partir de 2001 se abriera a sus pies un abismo insondable. Estamos ante un crimen con alevosía que se ha pretendido hacer pasar por un accidente.

Se está perpetrando un nuevo atraco a los pensionistas actuales y a los futuros, a los que se intentará convencer que el sistema no es financiable y que sólo puede sostenerse con pensiones de miseria. Corregir el rumbo es posible. Basta con dejar de esquilmar la caja, aumentar los ingresos eliminando los topes de cotización de los salarios más altos y perseguir el fraude en las contrataciones. Y para ello es imprescindible salarios dignos y no tercermundistas. Las pensiones públicas representan como media en la UE más del 13% del PIB cuando aquí no llegan al 11%. Hablan de quiebra pero es un expolio.